El 5 de mayo, por trigésimo año consecutivo, se publicaba el listado de playas y puertos agraciados con una Bandera Azul, unos galardones otorgados por la Foundation for Enviromental Edu­cation (FEE, de la que es fundadora la Asociación de Educación Ambiental del Consumidor, Adeac) que premian las condiciones ambientales y las instalaciones de las zonas de baño del litoral.

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, anunciaba exultante que 586 playas, nueve más que el año pasado, y cien puertos han recibido el reconocimiento en base a cuatro requisitos: calidad de las aguas de baño, información y educación ambiental, gestión ambiental y seguridad, servicios e instalaciones. España, como viene siendo habitual, es el Estado europeo que más de estos galardones ha recibido.

Pero todo premio tiene su antagonista. Y lo más llamativo es que, en esta ocasión, algunos trozos de costa hispánica –18 en concreto– poseen dos banderas: una azul y una negra.

Ecologistas en Acción presentaba la semana pasada el informe Banderas negras 2016. En él se destacan las zonas del litoral con peor situación ambiental, haciendo especial hincapié en "actuaciones irresponsables por parte de las administraciones públicas", tal como indican en el documento, en las que se ha puesto en peligro o se ha promovido la destrucción del litoral.

"Si bien nuestro objetivo no era centrarnos en las banderas azules, sí hemos echado un vistazo general por su 30 aniversario", explicaba Clara Megías, integrante del colectivo y coautora del documento, durante la presentación del informe. "España ha obtenido 686 banderas azules. Esto contradice un informe del 25 de mayo de la Agencia Europea de Medio Ambiente que sitúa al país en el tercer puesto con peor calidad de aguas tanto en playa como en río".

El informe de la UE iba más allá y alertaba de la mala situación de 58 playas y cauces españoles durante el año 2015 –sólo por detrás de Francia e Italia, con 95 cada una–, además de solicitar el cierre de 31 espacios dentro del Estado (del total de 34 de todo el continente) por haber reincidido en la lista durante cinco años seguidos.

Un informe de la UE solicitaba en mayo el cierre de 31 espacios de baño en la costa

En este negro catálogo destaca Galicia, donde se sitúan más de la mitad de los espacios susceptibles de ser cerrados al baño. "Todo ello colisiona con los méritos otorgados por las banderas azules –destacan los ecologistas–, que nada tienen que ver con un buen estado ambiental de nuestras playas". Y es que para ellos, estas distinciones "ofrecen una imagen poco realista de la sostenibilidad de los ecosistemas costeros".

El colectivo ha otorgado un total de 47 banderas negras, dos por cada una de las 22 provincias del litoral más Ceuta y Melilla (excepto Girona, con sólo una).

"Si bien se podrían haber mencionado muchos más casos, se ha querido que este informe sea capaz de homogeneizar dos problemáticas vigentes a lo largo de nuestras costas, la contaminación y la mala gestión, de manera que se ha elegido el caso más emblemático para cada uno de estos factores en cada provincia del litoral", destaca la organización en el informe.

La mierda de siempre

En el recorrido que los voluntarios del colectivo han realizado por los casi 8.000 kilómetros de costa española se encuentran "problemáticas persistentes, como la mala gestión del hotel en la playa del Algarrobico, en Almería", señala Megías.

Tras once años de pleitos, el edificio construido en la playa homónima fue declarado finalmente ilegal y está a la espera de su demolición, algo que podría aún retrasarse más de dos años debido al enésimo movimiento jurídico en el caso.

Otra circunstancia persistente en el tiempo y digna de la oscura bandera para los militantes verdes son las prospecciones petrolíferas y la extracción de hidrocarburos en la costa de Tarragona. Se trata de la única provincia con una plataforma petrolífera instalada en el mar en fase de producción y con un área de estudios sísmicos y de explotación a sólo 17 kilómetros de un parque natural: el del Delta del Ebro.

La ampliación de puertos como los de Alicante, Melilla o El Molinar (Mallorca) o los vertidos contaminantes en la playa de Villaviciosa (Asturias), la costa sureste de Tenerife, la playa de Usgo (Cantabria) o Muskiz (Biz­kaia) son otros problemas que no se solucionan con el paso del tiempo.

Pero no hay que olvidar la Ley de Costas como fuente de viejos y futuros puntos negros en el litoral. La reformulación que el PP hizo en 2013 de la anterior legislación al respecto, de 1988, reducía aún más la franja de protección de la costa, de 100 a 20 metros (en los casos que los municipios pidan) y amnistiaba 150.000 construcciones levantadas en dominio público.

"La primera ley, que hizo el PSOE y estuvo vigente durante 25 años, fue bueno que existiera porque si no el estado de la costa sería mucho más catastrófico", explica Fernando Prieto, doctor en Ecología y fundador del Observatorio de la Sostenibilidad.

Sin embargo, el experto apunta que se han construido dos hectáreas al día de media entre 1987 y 2011 en los primeros 500 metros de costa, pasando de 58.000 hectá­reas construidas a cerca de 76.000 en sólo 24 años. A pesar de ello el PP aprobó su reformulación, "una ley mucho más permisiva y que está permitiendo que se pueda volver a edificar en muchas zonas".

Diego Ortuzar, coautor del informe y miembro de Ekologistak Martxan, en la misma línea, denuncia que "la nueva ley ha hecho todo lo posible para no proteger la costa y ha dado permiso para más construcciones".

Prieto señala que aún no hay datos que permitan ver las consecuencias reales de la reforma del PP, pero sí está claro que no serán positivas. "Las tasas de urbanización han sido muy elevadas. Al estar colmatada la primera línea de costa, esta colmatación está llegando a 2 km de la costa, a 5, a 10… Lo que hay que hacer es dejar espacio para las generaciones futuras". Está por ver si el Gobierno entrante decide derogar la última formulación del ordenamiento, algo que sólo promete Unidos Podemos.

Los cinco más flagrantes

El informe Banderas negras 2016 destaca cinco casos como especialmente flagrantes. El primero de ellos se encuentra en Canarias. La gestión gubernamental de la emergencia del pesquero ruso Oleg Naydenov en abril de 2015, que se incendió y posteriormente hundió con más de 1.400 toneladas de fuel, es "una actuación con muchas preguntas abiertas hoy en día", remarca Megías. El vertido de hidrocarburos se extendió semanas, con desastrosas consecuencias medioambientales.

El segundo es el de Flix, en Tarragona, donde la contaminación química lanzada a las aguas del Ebro por la empresa Ercros durante años acaba no sólo en el cauce del río más caudaloso de la península, sino también en el Mediterráneo. "El embalse de Flix ahora es famoso por el caso Acuamed [la compañía pública planeó verter ácido clorhídrico al Ebro para facilitar beneficios a FCC y realizó pruebas echando "unos bidones" de esta sustancia en la zona, según revelaron las escuchas de la Guardia Civil], pero se trata de un proceso de 13 años en el que se ha declarado a la empresa culpable de la contaminación", apunta Ortuzar.

Aun así, remarca que "la empresa sólo se responsabiliza de una parte de los vertidos y sólo asume el 5% de la descontaminación", ya que el proceso judicial dictaminó que Ercros sólo cargara con el pago económico de los vertidos realizados entre 1988 y 1993. Además, Ortuzar recuerda que "con la detención de la cúpula de Acuamed el proceso de extracción de lodos está paralizado".

Los otros tres casos que la organización ha querido destacar han sido los de la ría de Pontevedra, donde el Gobierno –en funciones– ha otorgado recientemente una prórroga –por 50 años– a la concesión de los terrenos en el municipio de Lourizán al complejo industrial papelero Ence; la ampliación del puerto de Melilla, que el colectivo considera "innecesaria y con importantes efectos ambientales", y la bahía de Portmán, en la Región de Murcia, donde se encuentra "uno de los casos más graves de contaminación por residuos mineros de todo el Mediterráneo".

Para terminar el repaso de la costa española, el informe de Ecologistas recoge 18 casos en los que el litoral ha obtenido no sólo la bandera azul, sino también la negra. Algunos de ellos: la playa de Melilla, "plagada de basura todo el año", tal como afirma Me­gías; el Puerto de Santa María (Cádiz) o el cabo de Gata (Almería).

Las banderas azules son unos galardones que deben solicitar los ayuntamientos para cada zona específica. Además, "hay que pagar 21.000 euros al año por tenerlo y, si no se paga, no se mantiene el distintivo", apunta la activista. Ésa es la razón por la que Ibiza ha perdido once banderas este último año, según explica.

Llama la atención que las comunidades que ostentan este año más banderas azules son el ejemplo de construcción urbanística desmesurada en el Mediterráneo –el País Valenciá, con 125– y el área en la que la Unión Europea recomienda más cierres de zonas de baño –Galicia, con 123–. Ahora, a ver quién se da un baño.