Elecciones
La exclusión por sistema

Las personas extranjeras residentes en España no pueden votar el 26 de junio salvo que tengan la nacionalidad.

26/06/16 · 8:00
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Un colegio electoral en una zona de alta población migrante en Madrid, durante las municipales de 2011. / Olmo Calvo

No es que no quieran participar o que hayan optado por la abstención como un modo de intervención en la política. Es, sencillamente, que no pueden. Viven aquí, trabajan y pagan impuestos aquí, pero las personas extranjeras residentes en España no tienen derecho a votar en las elecciones generales del 26 de junio si no disponen de la nacionalidad española.

Lamia Salaouaci tiene 38 años y lleva nueve viviendo en España, primero en Sevilla, luego en Gran Canaria y ahora en Madrid, donde trabaja como coordinadora de Science to Business, una fundación sin ánimo de lucro que presta servicios a empresas del sector de la biotecnología.

Es marroquí y decidió fijar su residencia en España por motivos de trabajo –para evitar los continuos desplazamientos a que la obligaba su anterior empleo– y también personales. El hecho de no poder participar en las elecciones generales le "molesta mucho", reconoce a Diagonal, y asegura que "por supuesto" que votaría si pudiese hacerlo.

A ella le falta un año para tener la posibilidad de figurar en el censo electoral, ya que con diez años de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, podrá iniciar los trámites para adquirir la nacionalidad española.

Su caso es relevante, ya que la marroquí es una comunidad con una notable implantación: es la segunda nacionalidad con más residentes en España –753.425 a 1 de enero de 2016, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)–, sólo superada por la rumana. Sin embargo, salvo que adquieran la nacionalidad española, no podrán votar en las elecciones a Cortes Generales.

"Un ciudadano australiano o ucraniano que lleve 20 años viviendo y trabajando en España tiene los mismos derechos de participación política que otro que acaba de llegar en una patera"

"El grueso de las decisiones políticas se toma en las elecciones autonómicas y generales y a ellas no pueden acceder con su voto las personas extranjeras que viven en España", afirma Carlos Arce, coordinador de inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), quien resume con una frase muy gráfica la situación de los derechos de participación política para las personas sin nacionalidad española que viven aquí, ya tengan la residencia regularizada o no: "A estos efectos, un ciudadano australiano o ucraniano que lleve 20 años viviendo y trabajando en España tiene los mismos derechos que otro que acaba de llegar en una patera".

Arce también recuerda que uno de los colectivos sociales más indefensos, las personas en situación documental irregular, no pueden participar políticamente mediante el sufragio "ni en España ni en ningún otro país".

El senegalés Serigne Mbaye ya tiene la tarjeta de residente permanente, tras más de diez años viviendo en Madrid. Lo que no tiene es derecho a votar en las elecciones del próximo domingo, algo que no acaba de comprender. "Si vivimos aquí durante tantos años, nos deberían dejar ejercer ese derecho a poder elegir quién dirige el país. Después de tanto tiempo, tu vida ya no es de donde vienes sino de donde estás y vives. No sé si llamarlo discriminación", aventura.

"Sí, me gustaría, nos gustaría. Digo 'nos' porque todos, tengamos o no papeles, deberíamos poder dar nuestra opinión", dice el senegalés Serigne Mbaye

Mbaye, nacido en 1975, tiene claro que participaría el 26J si pudiera: "Sí, me gustaría, nos gustaría. Digo 'nos' porque todos, tengamos o no papeles, deberíamos poder dar nuestra opinión".

Hace siete años, Massimiliano Rogante hizo las maletas desde Italia. "Estaba cansado de vivir allí y Madrid me pareció una buena ciudad para empezar un proyecto", recuerda. Hoy, con 36 años, trabaja en hostelería, el sector en el que ha trabajado en España durante todo este tiempo.

No poder votar en las generales le resulta frustrante "porque no puedes expresar tu opinión, es vivir bajo el gobierno que pueden elegir otras personas pero no tú", opina. De poder hacerlo, votaría sin duda, aunque reconoce que no se ha interesado mucho en investigar los programas de los partidos: "Como no puedo votar, no me he preocupado por ver qué dicen".

Sí en las municipales

Rogante pertenece a uno de los dos grupos de personas extranjeras con residencia legal en España que sí pueden ejercer algún derecho al sufragio, aunque limitado a las elecciones municipales y con algunos requisitos. Unos 460.000, apenas el 10% del total de inmigrantes con residencia legal, figuraron en el censo electoral de las municipales de 2015.

Unos 460.000, apenas el 10% del total de inmigrantes con residencia legal, figuraron en el censo electoral de las municipales de 2015

Quienes tienen la nacionalidad de algún país de la Unión Europea pueden votar y presentarse a los comicios locales y también a las convocatorias electorales del Parlamento Europeo. Así, una ciudadana rumana podría ser alcaldesa de Guadalajara y un sueco, europarlamentario por un partido andaluz.

Sin embargo, el trámite para hacerlo no es automático y puede llegar a desincentivar el ejercicio del derecho: han de solicitarlo, inscribirse previamente en el censo electoral y haber manifestado por escrito su voluntad de ejercer el derecho de sufragio en España en las elecciones municipales.

A Rogante, por ejemplo, las elecciones municipales del año pasado le coincidieron con una mudanza y el envío postal de la documentación no le llegó a tiempo para poder votar.

El otro grupo de extranjeros residentes en España que pueden participar en las elecciones municipales son quienes vienen de países con los que hay suscritos acuerdos de reciprocidad en esta materia, de modo que reconocen el derecho al voto a los ciudadanos españoles residentes en su territorio. Son Noruega, Ecuador, Nueva Zelanda, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Islandia, Bolivia, Cabo Verde, República de Corea y Trinidad y Tobago.

A este grupo de inmigrantes se les exige haber residido legalmente en España al menos cinco años en el momento de la solicitud de inscripción en el censo electoral.

"En otros países hay sistemas mucho más abiertos a la hora de reconocer el derecho de sufragio. Un primer paso sería suprimir la necesidad de los convenios de reciprocidad, es decir, reconocer a toda persona extranjera con una estancia mínima en España, inferior en todo caso a esos cinco años, la capacidad y posibilidad de ejercer el derecho al voto. Sería una primera vía", considera Arce, para quien esto no supondría "ningún tipo de revolución", sino que "sería totalmente factible".

De hecho, la primera de las dos únicas modificaciones de la Constitución Española ha sido precisamente sobre esta materia y consistió en añadir en 1992 la expresión "y pasivo" en el artículo 13.2, referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales para evitar la contradicción con el Tratado de Maastricht firmado el 7 de febrero de aquel año.

"Los colectivos que ni siquiera tienen capacidad de votar no son tenidos como sujetos, sino, en el mejor de los casos, como objetos de las políticas"

Arce juzga muy negativamente las consecuencias directas de la limitación del derecho al voto: "Una de las patas más relevantes de la ciudadanía es la participación política. La inmensa mayoría de personas extranjeras en situación documental regular no puede participar ni siquiera en las elecciones municipales porque sus países no tienen ese convenio. Es hurtar un derecho básico a personas que, como ciudadanas que son, deberían tener. No es un elemento baladí. Al final, en este sistema democrático tan precario que tenemos, sólo tiene relevancia aquello que se le supone atractivo o peso electoral. Por eso los colectivos que ni siquiera tienen capacidad de votar no son tenidos como sujetos, sino, en el mejor de los casos, como objetos de las políticas".

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