La oposición de Podemos y PSOE en la Asamblea de Madrid, junto con Ciudadanos, votó la semana pasada una moción en la que pedían la reversión del proceso de privatización de la empresa autonómica del agua, el Canal de Isabel II. Se trataba de una proposición no de ley que se suma a varias mociones municipales presentadas en los últimos años, desde que en 2008 el Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre (PP) creara la sociedad Canal Gestión.

“De ninguna manera se pude trasladar la idea de que ya hemos conseguido la reversión del proceso”, aclara a Diagonal la activista Liliana Pineda, de la Plataforma contra la Privatización del Canal Isabel II. La moción fue presentada por el alcalde de la localidad serrana de Soto del Real (8.500 habitantes), Juan Lobato (PSOE), algo que en plena campaña electoral del 26J ha precipitado titulares contundentes (Ya no se privatizará el agua, encabezó la cadena Ser).

“A nosotros la acumulación de mociones por parte de los ayuntamientos nos viene de maravilla”, valora Pineda, si bien matiza que, mientras no haya una mayoría en el parlamento autonómico favorable a la reversión, estas mociones “lo que hacen es manifestar una voluntad política que luego ha de reflejarse en una ley”. Hasta la fecha, 24 ayuntamientos madrileños han presentado este tipo de mociones para dar la vuelta a la privatización del Canal, incluido el de Madrid capital. 

Desde que en diciembre de 2008 el Gobierno de Esperanza Aguirre aprobara el proceso de privatización del canal, el proyecto se ha desarrollado con gran lentitud y una fuerte oposición ciudadana. La sociedad anónima prevista en 2008,Canal Isabel II Gestión, no se constituyó hasta julio de 2012, si bien la entrada de hasta un 49% de accionistas privados no se ha concretado todavía. En febrero de ese mismo año, un referéndum ciudadano organizado por las asociaciones vecinales, las asambleas del 15M y la plataforma contra la privatización del canal de isabel II arrojó un 98,5% (de 165.000 votos) a favor de que el agua siga siendo un bien público. 

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En la actualidad, la gestión del Canal ha sufrido diversas denuncias por parte de la oposición, las asociaciones vecinales o la Plataforma. La concesión de contratos (algunos, incluidos en la acusación popular del caso Bárcenas), el reparto de dividendos y el traspaso de deuda han sido fuertemente criticados por su opacidad. Incluso la marcha atrás en la entrada de accionistas privados por parte del PP, que ha propuesto en la asamblea de Madrid paralizar esta parte del proceso mediante una enmienda en una ley de acompañamientos, es entendida por la oposición como un mero movimiento táctico hasta un momento más propicio.