Economía social
Contratos éticos en la nación Gürtel

Las empresas de economía social quieren ganar peso frente a los intereses corporativos en las licitaciones oficiales.

, Diagonal
07/06/16 · 16:56
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“Continuaremos fomentando la contratación pública socialmente responsable”. Esto viene en el programa electoral del Partido Popular para el 26J, página 120. Bola extra: “Impulsaremos la economía social y facilitaremos que la iniciativa social participe en la prestación de los servicios públicos, porque creemos en el derecho de la sociedad a impulsar proyectos diversos y beneficiosos para todos”.

Si hubiera que medir los programas electorales por su capacidad para fotocopiar la terminología usada por los distintos sectores sociales, el del PP aprue­ba con nota. La realidad: el Go­bierno de Rajoy se ha saltado el periodo de dos años que daba la Unión Europea para adaptar una directiva de 2014, norma que ha sido vista con buenos ojos por las organizaciones y empresas de la economía social por modificar a su favor un escenario, el del consumo de bienes y servicios por parte de las administraciones públicas, que al menos en el Estado español está escorado a favor de empresas como Clece (Flo­ren­tino Pérez) para la prestación de todo tipo de servicios externalizados.

Para el gran público español de los últimos años, ése al que han apelado las campañas del cambio, ‘contratación pública’ y ‘socialmente responsable’ son conceptos completamente antagónicos debido a los escándalos de corrupción como la trama Gürtel, el caso Acuamed o los papeles de Bárcenas. La llegada de los llamados ‘ayuntamientos del cambio’ y la propia legislación europea favorable han posibilitado que el sector –que agrupa a cooperativas, redes de comercio justo o empresas de inserción– vea el momento político como una oportunidad.

Según el Observatorio de la Con­tratación Pública, el consumo de las administraciones –no incluye gastos de personal directo, pero sí todas las partidas incluidas en las contrataciones externas– supone cerca de un 18% del Producto Interior Bruto (PIB). En el Estado español, los procedimientos de compra por parte de las administraciones –fuertemente condicionados por las imposiciones austeritarias de 2012-2013– están regulados en la Ley de Contratos de la Ad­mi­nis­tra­ción Pública, cuya reforma en el sentido marcado por la directiva europea de 2014 se ha quedado atascada en el periodo de alegaciones.

“La UE ha visto una anomalía en el sector público. Veía muchísima empresa multinacional que era la que en casi todas partes prestaba esos servicios cuando la realidad es la contraria, el 80% de la actividad económica está en manos de empresas pequeñas y medianas, pero en los contratos públicos quienes copan los contratos son las empresas multinacionales. No tiene ningún sentido”, explica a Diagonal Da­vid Comet, de la Red de Eco­no­mía Alternativa y Solida­ria (REAS) y socio en Córdoba de la cooperativa Ideas.

El ámbito de la economía social y solidaria quiere que el próximo Congreso aproveche al máximo las posibilidades de la directiva, y que de hecho vaya más allá. Del primer lado, la norma europea obliga a que el legislador incluya el troceamiento de la contratación de determinados servicios, algo que en teoría podría desafiar el poder de algunas grandes empresas que han ido anidando en los nichos de mercado creados por las sub­contrataciones de servicios como lim­­pieza, recogida de basuras, comedores escolares o cuidado a domicilio.

“Estos contratos, a partir de 12 millones por la licitación, han sido inasumibles para las entidades sin ánimo de lucro”, valora Comet. No por cualificación técnica, asegura este cooperativista, sino por solvencia financiera y acceso al crédito. “Una pequeña empresa no puede adelantar tres o cuatro nóminas de 700 personas que por ejemplo trabajan aquí en Córdoba en ayuda a domicilio”, señala. Con la división obligatoria de contratos –por ejemplo, por distritos– se facilitaría la entrada de las cooperativas y empresas sociales.

La solvencia financiera y la escala de los proyectos resulta crucial, dados los retrasos de las administraciones públicas –y, en especial, de los ayuntamientos– en el pago a proveedores. Diez comunidades autónomas están ahora mismo bajo la amenaza de Hacienda de perder los fondos estatales para el pago de estas facturas, situación en la que ya se encuentran Extremadura y Aragón. Brassica, una empresa que introdujo productos ecológicos locales en la alimentación de comedores escolares y del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, llegó a adeudar en 2013 ocho nóminas a sus plantillas (y finalmente a quebrar) después de que la Junta de Andalucía comenzara a retrasarse en los pagos.

La frágil posición financiera de la economía social se ve todavía más agravada por el hecho de que los servicios financieros ni siquiera están incluidos en la ley de contratación pública, algo que posibilitaría la introducción de criterios éticos mediante la contratación con banca ética o cooperativas de crédito.

Cláusulas sociales

“Todo lo relacionado con la libre competencia, que, en general, es la defensa de las grandes empresas y corporaciones, es lo que más nos encontramos [en relación a la inclusión de cláusulas sociales relacionadas con las condiciones laborales]”, señala Leire Álvarez de Eulate, de REAS-Eus­kadi. Por ello, celebra como “un espaldarazo definitivo” la inclusión de las llamadas cláusulas sociales en la directiva europea.

Las cláusulas sociales, y la obligatoriedad de que exista una reserva en la contratación pública para empresas que cumplan determinados estándares éticos, medioambientales o laborales, son dos de los puntos en los que más insisten los grupos por la economía solidaria. De momento, la directiva sí establece la obligatoriedad de considerar cláusulas sociales en los procesos de contratación, si bien no llega a detallar en qué fase se impone. “Cinco puntos más o menos [en un pliego de contratación] no son determinantes”, explica Comet, algo para lo que puede ser más importante la existencia de convenios de colaboración entre la administración y las entidades o la propia reserva de contratos.

El Gobierno presupuestó su Plan de Igualdad de Opor­tu­ni­dades en más de 3.000 millones de euros de 2014 a 2016. “No vincular los objetivos generales de las administraciones con una contratación pública que incluya cláusulas sociales no sólo es injusto, sino que es ineficaz”, se lamenta Comet.

Dos años sin adaptar la norma a la UE

El Gobierno tenía dos años, desde abril de 2014, para reformar la Ley de Contratos de la Administración Pública en el sentido marcado por la Directiva 2014/24/UE. El siguiente Ejecutivo tendrá que retomar el anteproyecto varado o presentar uno nuevo. Mientras, las administraciones que quieran impulsar cláusulas sociales seguirán viéndose sujetas a conflictos de competencias o a interpretaciones como la del Tribunal Supremo, que anuló las cláusulas de la Junta General de Álava.  

Tags relacionados: contratación pública número 272
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