Pistoletazo de salida de la campaña Las 5 de la PAH para las generales
Lista de afrentas graves del PP contra los hogares desahuciados

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ‘juzga’ mañana al PP en las calles y frente a sus sedes.

03/06/16 · 18:07
La PAH protesta frente a la sede del PP en Barcelona. El Gobierno de Rajoy pasó por encima del voto de su propio partido en Catalunya para llevar al Constitucional la ley 24/2015 / Gorka Leiza

“El PP nos ha declarado la guerra”. La frase ha salido una y otra vez de la boca de Carlos Macías, portavoz de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) de Barcelona, desde que el Gobierno central llevara al Constitucional la ley 24/2015, la norma contra los desahucios y los cortes de suministros . La ley se encuentra ya oficialmente suspendida desde el martes, cuando el Constitucional anunció la admisión a trámite del recurso.

La PAH inaugura mañana sábado su propia campaña electoral con concentraciones frente a las sedes del PP en 11 ciudades, empezando por Barcelona. Las concentraciones, que empezarán a las 11h, incluirán un Tribunal Popular que juzgará al partido de Rajoy y una chorizada “porque en la PAH, a los chorizos nos los comemos”. Con espíritu positivo –los hogares y activistas de la plataforma se teñirán de verde, color de la PAH y también de la esperanza-, la convocatoria es la primera de una serie con las que la PAH quiere volver a sacar sus 5 demandas básicas.

Rajoy contra 1.400.000 firmas 

A finales de 2012, la PAH –junto con la Coordinadora de ONG para el desarrollo, las federaciones de asociaciones vecinales y las federaciones catalanas de CC OO y UGT- impulsó su Iniciativa Legislativa Popular (ILP)  por el fin de los desahucios, el alquiler social y la dación en pago retroactiva. La iniciativa se quedó al borde de triplicar el mínimo de firmas exigido, y rebasaría la cifra de 1.400.000.

En este marco, la PAH presentó su campaña de escraches –señalamientos públicos en terminología y práctica prestada del movimiento argentino por la justicia restaurativa contra los crímenes de la dictadura militar-. El objetivo, todo aquel cargo público o representante perteneciente a un partido que no hubiera apoyado la norma en el Congreso, desde su trámite hasta su votación. El PP se quedaría sólo en su rechazo, sacándose de la manga su llamada ley de segunda oportunidad – o ley de Guindos- y un magro Fondo Social de Viviendas pactado con los bancos.

De la primera, según la PAH ,“en los casi tres años desde su aplicación solo se ha conseguido daciones en pago para un 0,7% de los afectados, y por su parte el fondo social de vivienda solo ha concedido alquileres sociales a un 0,4% de las ejecuciones hipotecarias”. La UE, de hecho, pide al siguiente gobierno español que adapte su normativa hipotecaria al derecho de los consumidores. En cuanto al segundo, la cantidad de 10.000 viviendas supuestamente cedidas por los bancos para alquileres sociales ha sido tachada de ridícula.

Sastre Papiol: un hombre de la Caixa en el Supremo

Al Tribunal Supremo no le ha faltado trabajo estos años para dirimir los litigios relacionados conel sector financiero. Tanto participaciones preferentes como, como las demandas por las cláusulas abusivas en las hipotecas –como las conocidas cláusulas suelo- estaban destinadas a llegar a este alto tribunal. El nombramiento de Sebastiá Sastre Papiol como magistrado del Supremo, en noviembre de 2012, levantó las sospechas: desde 1985 este jurista había sido director de servicios jurídicos de la Caixa. Según informó el diario Público, Sastre Papiol fue nombrado por el CGPJ a instancias del vocal de CiU, apoyado por los magistrados próximos al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Cristina Cifuentes: Ada Colau es proetarra

La hoy presidenta de la Comunidad de Madrid no puede estar insatisfecha con su intervención estelar de 2013, cuando acusó a Ada Colau –entonces portavoz de la plataforma- de apoyar a grupos proetarras en plena campaña de escraches de la PAH. Usó muy en su beneficio la polémica por una forma de protesta que ha sido legitimada hasta por la Audiencia Nacional, añadiendo un hito más a la ya larga lista de batallas culturales manejadas en beneficio propio por los políticos de derecha. Y de postre, ganó en la demanda interpuesta por Colau.

Las declaraciones exactas de Cifuentes en Radio Nacional: “Ada Colau y las personas que están la plataforma anti desahucios han manifestado su apoyo, en determinadas ocasiones, a Bildu, a Sortu y a esos grupos que a mi modo de ver y el de muchos españoles tienen que ver con el entorno de ETA".

Ley andaluza: ¿Está la Troika? Que se ponga

La ley andaluza de vivienda, impulsada por la consejera Elena Cortés (IU) en el ya caído Gobierno de coalición entre PSOE e Izquierda Unida, no obedeció a un proceso de iniciativa legislativa popular, pero indudablemente recogía algunas demandas importantes de la PAH y el movimiento antidesahucios, aunque fuera en espíritu. Una de ellas, la de la expropiación de uso de las viviendas vacías de personas jurídicas, provocó la reacción inmediata de la Unión Europea.

En el marco del seguimiento del Memorandum de entendimiento, es decir, del rescate e intervención de la banca y de la economía españolas, la Comisión Europea transmitió al Gobierno de Rajoy su preocupación por la normativa antidesahucios andaluza, en concreto por el riesgo que podía suponer para los bancos que acababan de tener a su disposición 100.000 millones de euros de rescate europeo. En este camino, al PP no le tembló el pulso al falsificar los datos de viviendas cedidas a Sareb para justificar su rechazo a la norma.

El PP hizo suyo el argumento de la troika y el Constitucional hizo suyo el argumento del PP. La paralización y retirada de la ley andaluza abriría la brecha por la que el PP acabó paralizando cualquier medida en materia de derecho a la vivienda: la vasca, la navarra, y la catalana. En Murcia, este partido también presentó una curiosa enmienda a la totalidad de una ley inspirada en las demandas de la PAH: como toda enmienda, presentó un escrito en el que anunciaba que pediría también su inconstitucionalidad. 

Cataluña: el PP se queda solo

Al Gobierno central no le ha importado demasiado comprometer la situación de su partido en Cataluña y servirle en bandeja a CDC un conflicto competencial. Con su recurso a los aspectos fundamentales de la ley 24/2015, el Ejecutivo de Rajoy ha pasado por encima del voto de su propio partido en el Parlament –la ‘ley de la PAH’ fue aprobada por unanimidad el pasado verano por los partidos catalanes-, y ha provocado una oleada de declaraciones institucionales –algunas de ellas, de signo ‘procesista’- contra el Gobierno central.

La Plataforma, de su lado, ha luchado por aislar todavía más al PP en el que es uno de sus mayores plazas (de la PAH, no del PP). Y lo ha hecho observando un delicado equilibrio: frente a lecturas ‘procesistas’ de este conflicto, ayer mismo la PAH recordó que la Generalitat (gobernada por CDC y ERC con el apoyo de las CUP) no está trabajando para mantener el espíritu de la ley 24/2015 en la nueva ley de vivienda que, supuestamente, van a elaborar los partidos catalanes. “No apoyaremos una nueva ley que no conserve el espíritu de la ley aprobada por el Parlamento, que era corresponsabilizar los grandes tenedores de vivienda y las suministradoras de agua, luz y gas ", aseguró el portavoz de la PAH, Carlos Macías, en declaraciones a eldiario.es.

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