Los enfrentamientos entre comunidades autónomas por los trasvases y la calidad del agua llegan al país vecino.
Cuando el agua deja de ser un derecho se convierte en un bien de consumo. Y como tal, en fuente de controversias. A veces incluso de lo que Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, y el Comisario Europeo de Medioambiente, Janez Potocnik, describieron ya en 2013 como guerra: la “guerra del agua”.
En España esta contienda político-mediática se ha atascado en las trincheras autonómicas, pero también se libra a nivel internacional. Portugal comparte con España los últimos tramos de cinco grandes cuencas hidrográficas: la del Miño, el Duero, el Tajo, el Guadiana y el Limia, y por eso en el país luso existe una fórmula que no se estila en España: do lado de lá e do lado de cá.
Do lado de lá, en España, decir que el debate sobre el derecho al agua se ha convertido en un arma política es quedarse corto. Las razones son obvias. Sólo mencionando los trasvases que afectan a Portugal, el del Tajo-Segura abastece a 147.000 hectáreas de regadío y 76 puntos urbanos; y el trasvase del Condado, en Huelva, suministra agua del Guadiana y del Tinto, Odiel y Piedras a las 3.600 hectáreas del cultivo onubense del fresón, dando empleo, directa o indirectamente, a unas 80.000 personas. Y éstos son sólo dos de entre los 16 trasvases repartidos por todo el territorio español.
Los puntos negros
No sólo es una cuestión de caudales, de cantidad, sino también de calidad. El portavoz de la asociación Movimento Pelo Tejo (ProTejo), Paulino Constantino, asegura que “los trasvases hacia el sur de España retiran agua limpia de la cabecera del río Tajo, que finalmente queda con las aguas mal depuradas que vienen de Madrid y, por tanto, afecta a la calidad del agua que fluye por el lecho natural del río” hacia Portugal.
Es una simple cuestión de jerarquía geográfica. Los que están arriba manejan los hilos de lo que ocurrirá más abajo
A pesar de las depuradoras que actúan en los ríos que pasan por Madrid –Lozoya, Manzanares, Guadalix, Henares y Tajuña–, la capital española sigue siendo un punto negro en la biografía del Tajo. En el documental El eje del Tajo, de 2014, la periodista Ana Wonham ya afirmaba que “el río de gancheros y maderadas que nos relataba José Luis Sampedro (en su libro El río que nos lleva, de 1961), de sotos, olmedas, vegas, regadíos, truchas y barbos, ya no existe cuando se asoma a la Comunidad de Madrid”.
Es una simple cuestión de jerarquía geográfica. Los que están arriba manejan los hilos de lo que ocurrirá más abajo. El pasado 12 de enero la asociación ProTejo acudía a una Comisión Parlamentaria sobre medioambiente para reclamar soluciones políticas a “los males que el río Tajo padece”. Junto a los presidentes de las cámaras municipales (ayuntamientos) de Mação, Abrantes, Gavião, Castelo Branco y otros municipios portugueses ubicados a la vera del río Tajo, denunciaron que la agricultura intensiva descarga fertilizantes y abonos químicos, que existe un serio descontrol en la precipitación de aguas residuales provenientes de pueblos y ciudades españolas, y que la central nuclear de Almaraz –la más vieja de España–, en el río Tajo y a tan sólo un centenar de kilómetros de la frontera con Portugal, no deja de crear alarmas por sus continuos fallos y avisos de caducidad.
El agua es un negocio. Así al menos lo denuncia la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, en palabras de su gerente, Luis Babiano. Lo que quiere decir que el agua es como el trigo, la salud o el metro cuadrado de suelo. Su precio fluctúa como el petróleo, y muchas veces su apariencia se le asemeja mucho. “Hoy, cuando atravesé el concelho de Abrantes, el Tajo llevaba la habitual espuma blanca, y justo después viene un líquido negro que deja la arena imposible de ser usada”, afirmó el alcalde de Gavião, Jose da Silva Pio, en sus declaraciones ante la Comisión Parlamentaria.
Por supuesto, el problema no sólo viene de España. Cuando el Guadiana cruza la frontera hacia Portugal lo que le espera no es un camino de rosas. A una centena de kilómetros de Badajoz, en Alentejo, al Guadiana se lo traga el embalse más grande de Europa, el de Alqueva. Otra veintena de embalses seguirán al de Alqueva hasta que el río desagüe en el Golfo de Cádiz.
Otros de los atolladeros que enfrentan los ríos en territorio portugués son las empresas portuguesas cuyos vertidos están lejos de cumplir las normativas europeas. Es, por ejemplo, el caso de la fábrica de papel Celtejo, en Vila Velha de Ródão, a la cual la Directiva Marco del Agua, aprobada en 2000 para toda la UE, daba de plazo hasta 2015 para que “las masas de agua estuvieran en buen estado ecológico”. Este plazo ha sido recientemente prorrogado a 2027. Sin embargo, el propio Paulino Constantino denuncia que uno de los principales problemas es “la gestión de los embalses por las concesionarias de producción de energía hidroeléctrica: Iberdrola, Endesa y EDP”.
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