Coincidiendo con la revisión de la situación de los derechos humanos en Túnez realizada por la comisión especializada en este asunto de la ONU, con sede en Ginebra, unas 50 ONG nacionales e internacionales han presentado la campaña “No al terrorismo, sí a los derechos humanos”. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) es una de las que han liderado la iniciativa. El abogado Halim Meddeb, el asesor legal de su oficina en Túnez, no recibió en su despacho en el centro de la capital, muy cerca de uno de los escenarios de la “revolución de los jazmines”.

¿Cuáles son los objetivos de la campaña?

Sobre todo son dos. En primer lugar, sensibilizar a la población de que nada justifica la violación de la ley. Tenemos la percepción, aunque no existen encuestas, de que una buena parte de la población tolera los abusos policiales en la lucha antiterrorista. Es una visión que propagan algunos medios, que insisten en contraponer seguridad y libertad. En segundo lugar, nos dirigimos a las autoridades para hacerles entender que la solución a la amenaza terrorista no pasa sólo por medidas securitarias, sino por un enfoque integral que incluya el desarrollo económico de las zonas marginadas, por apostar por la cultura y la educación de los jóvenes, etc.

¿La práctica de la tortura aún está presente en Túnez?

Sí, aunque no son sistemáticas como en la época de Ben Alí. La revolución no ha terminado con las torturas. En los últimos cinco años se han registrado más de 450 casos de torturas, pero es posible que haya más que no se han denunciado. Las técnicas son las mismas que antes: palizas, posiciones forzadas durante largo tiempo, descargas eléctricas, asfixia, etc. En cuanto a los malos tratos, que se diferencian de la tortura porque conllevan un sufrimiento menor, son aún más habituales.

¿Cuáles son las motivaciones que hay tras las torturas?

Ahora ya no son de tipo político. No responden a instrucciones de los líderes políticos, sino que más bien forman parte de una cultura arraigada en las fuerzas de seguridad, en las que no ha habido una verdadera reforma. En algunos casos, las torturas se aplican contra individuos que han tenido algún conflicto con un agente. Es decir, son motivaciones personales. En otros casos, pretenden castigar a los presos o detenidos, extraerles confesiones, o, en el caso de los terroristas, vengarse de los compañeros asesinados. Una constante es que las personas torturadas suelen ser pobres.

¿Qué factores permiten el mantenimiento de esta cultura en la institución policial?

Por un lado, una impunidad absoluta. En todos estos años, tan sólo ha habido una condena contra agentes de policía por torturas. No existe por parte de la justicia una voluntad de investigar las denuncias, que permanecen durante meses congeladas hasta que son finalmente archivadas. El Ministerio del Interior es muy poderoso, y ejerce presiones en las otras instituciones. Además, falta voluntad política para abordar esta cuestión. Ahora que predomina el paradigma de la lucha antiterrorista, erradicar las torturas no es una prioridad.

¿Cuando habláis con los líderes políticos, qué mensaje os transmiten?

Buenas palabras siempre, pero es necesario pasar ya a los hechos. Aunque ha habido algunos avances, son insuficientes.

¿Cuáles son esos avances?

Por fin se han nombrado los miembros de la Comisión Nacional Contra la Tortura, que tendrá importantes poderes, como el de acceder a comisarías y cárceles sin preaviso. Asimismo, una nueva ley permite a toda persona arrestada, excepto en casos de terrorismo, reclamar la presencia de su abogado de forma inmediata. Pero ahora falta que se aplique realmente. No hay que olvidar que, sobre el papel, en la era Ben Alí las torturas estaban prohibidas.

¿Qué tipos de abusos se producen en el marco de la lucha antiterrorista?

Aparte de la violencia en los arrestos o interrogatorios, probada en el caso de diez sospechosos en el ataque del Museo del Bardo, después de cada atentado, las autoridades suelen arrestar de forma arbitraria a centenares de personas, ya sea porque estaban cerca del lugar de los hechos o por su historial de pertenencia a movimientos islamistas radicales. En la mayoría de casos, se trata de personas inocentes. Asimismo, en las cárceles, tras un atentado, se castiga a los presos por terrorismo, retirándoles el derecho a las visitas, obligándoles a afeitarse, etc.