Esta semana se ha hecho oficial la propuesta de pacto de gobierno municipal en Barcelona entre el PSC y Barcelona en Comú, a espera de ser ratificado por la militancia. Sin embargo, el PSC ya estaba en la acción de gobierno incluso antes de empezar a negociar. Después de décadas de gobierno en la ciudad condal, los socialistas controlan buena parte de los altos y medios cargos de la administración pública y de las empresas públicas como la de transportes, así como redes clientelares en toda la zona metropolitana que hacen que ya estuvieran condicionando la acción de gobierno. Como ha venido explicando sistemáticamente el Observatorio Metropolitano de Madrid con el caso del laboratorio del PP, la gobernanza neoliberal de las ciudades no se da a través única ni principalmente del pleno del Ayuntamiento. La oligarquía gobierna desde una compleja red de instituciones públicas y privadas que traviesan la administración pero también la sociedad civil.

Así los Comuns tenían dos opciones: plantar cara y empezar a desmontar esas estructuras, o bien tratar de dominarlas; parece que han optado por la segunda táctica. Intentar dominarlas implica asumirlas como una realidad objetiva que define que es posible o no hacer. De esta decisión se derivan experiencias como la polémica gestión de la huelga de transportes, pero también la temerosidad con la Guardia Urbana en su conflicto con los manteros o los lobbies del sector turístico y hotelero con la normativa de terrazas. Aún es pronto y deberemos ver qué alcance tiene esta decisión a largo plazo y fuera de Barcelona, y es que los socialistas no sólo aparecen como socios en la capital catalana.
 

El objetivo fundamental de los socialistas a día de hoy es su propia supervivencia como partido

Lejos quedan los bonitos tiempos en que sólo se hablaba del PSOE en el "movimiento por el cambio" en tanto que "la pata débil del régimen". Para esta "segunda vuelta" electoral de las generales Podemos no ha retirado la mano tendida al PSOE y de hecho ha reiterado que los socialistas son aliados mientras formalizaba el pacto con IU. Obviamente, no se puede negar que erosionar la base electoral de la primera fuerza para las clases trabajadoras y con menos estudios (como esclarece el CIS en su estudio postelectoral) no sólo es importante, sino imprescindible. El debate es cuál es la forma de hacerlo.

Muchos han considerado las interpelaciones al PSOE una muestra de audacia táctica, quizás deberían empezarse a considerar un lastre estratégico. Igual que meterse con una dominatrix con décadas de experiencia en la cama con la pretensión que asuma un rol sumiso parece ingenuo, pretender hegemonizar un gobierno (incluso estando en minoría) en el que participa una fuerza con más recursos de todo tipo y más experiencia en las instituciones con un aparato en construcción, comparativamente débil y volátil como el de Podemos o el de Barcelona En Comú parece cuanto menos peligroso.

Es cierto que no se puede aparecer como responsables de la continuidad de la derecha en el gobierno. Pero, Podemos ya había sorteado ese problema sin hacerle el boca a boca al PSOE después de las municipales y autonómicas con una fórmula valiente e inteligente: se negocian investiduras en base a condiciones concretas que ponen al PSOE ante el espejo con sus contradicciones. Una manera mucho más inteligente de erosionar su base electoral sin la obligación de asimilarles.

Una cosa es facilitar y condicionar investiduras, la otra construir "co-gobiernos", como decía Ada Colau en rueda de prensa presentando el acuerdo. Añadía a ello que éste ha estado fundamentado en una cuestión de "objetivos conjuntos" y que han sido capaces de no entorpecerse por las siglas. Pero, ¿qué objetivos tienen unos y otros? El objetivo fundamental de los socialistas a día de hoy es su propia supervivencia como partido, la reproducción de si mismos en las estructuras institucionales. Por lo tanto, se hace evidente la incompatibilidad de objetivos con una apuesta de revolución democrática y transformación social.

Desde la últimas elecciones municipales (y especialmente desde la negociación de investidura después de la elecciones estatales) se ha dado una dinámica contradictoria. Si bien, se han avanzado posiciones institucionales y se ha dado una estocada general a los partidos del régimen del 78, a la vez se ha retrocedido en la cultura política que se estaba gestando con la apertura del ciclo. La cultura política que generó el 15M que fue destituyente. Una cultura que en catalán llamaríamos agosarada (atrevida) y realmente heterogénea donde se mezclaban consignas y demandas tibias (por ejemplo, la reforma electoral) con la radicalidad de la impugnación de la política representativa parlamentaria o el "no somos mercancía".

¿Qué ha sucedido entonces? Todo eso sigue existiendo, de forma latente, pero el conflicto se ha desplazado al órden institucional. Por ejemplo, los grandes debates de alianzas, de programa, de táctica se dan en partidos con representación institucional y en clave parlamentarista. Un programa que pueda ser llevado a cabo con el actual orden constitucional, unas alianzas que no se plantean hacía los movimientos sociales o las bases sindicales como una fuerza de primer orden y una táctica subordinada a los posibles e imposibles de la estructura institucional.

El paso de esa cultura política destituyente debía darse hacia una política constituyente, pero la gobernabilidad está pesando más instaurándose la política del pacto (el electorado ha dicho que debemos entendernos entre nosotros, afirmaba Colau, así como Pablo Iglesias) y de la gestión con la temerosidad hacia los medios de comunicación y hacia el chantaje de los altos cargos de las administraciones públicas.

Así se demuestra que ganar electoralmente con un programa ambicioso vale de poco si no se tienen las capacidades para implementarlo. No se trata de mayorías absolutas. Esas capacidades no tienen que buscarse sólo dentro del arco parlamentario. La cuestión es buscar, impulsar y generar fuerzas vivas en la sociedad civil, en los barrios, en los centros de trabajos que hagan suyo ese programa de transformación y pongan en jaque las aritméticas electorales al transformar la correlación de fuerzas entre proyectos políticos. Hacer que la fuerza de los movimientos y barrios, en este caso, de Barcelona donde también se encuentra la base militante de los comuns imponga su proyecto social y político a los limites de gobierno y a las redes clientelares. En definitiva, jugar en nuestro terreno donde encarnamos los intereses de la mayoría de la sociedad que sostiene la totalidad con su trabajo.