La decisión judicial desoye las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

La sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional niega a Ángela González una compensación económica por la responsabilidad del Estado español en el asesinato de su hija Andrea, asesinada por el padre durante los días del régimen de visitas establecido por orden judicial. La medida no tuvo en cuenta las denuncias de maltrato, ni el testimonio de la niña.
La resolución que ha tomado la sala va en contra de la recomendación de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), que condenó a España por desproteger de manera efectiva a Ángela y a su hija Andrea.
González reclamó en el año 2004 una responsabilidad patrimonial por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia que acabó con el asesinato de su hija. No obstante, ese mismo año, la Audiencia eximió a las autoridades de toda responsabilidad en el asesinato de Andrea por parte de su progenitor. Este es el argumento principal que se ha utilizado desde la sala para negar la indemnización, al considerar que este proceso quedó cerrado en el año 2004.
CEDAW emitió en el año 2014 un fallo condenando a España, remarcando los errores cometidos por el sistema judicial en la exploración del caso de Andrea. Además, determinó la obligatoriedad del Estado de revisar de nuevo el caso e indemnizar a Ángela.
Para Gema Fernández, la denegación de esta indemnización supone no reconocer la responsabilidad del Estado
Gema Fernández, abogada senior de Women’s Link Worldwide, organización encargada de representar a Ángela, considera que “la firma y ratificación de los convenios internacionales obliga al Estado español a proteger y garantizar derechos”. España es parte de la CEDAW y como tal debe acatar las decisiones del Comité, hacer lo contrario “supone un déficit democrático muy grave que no podemos aceptar”, señala.
Women’s Link Worldwide, organización internacional de derechos humanos que promueve la justicia desde la perspectiva de género, presentó una solicitud de indemnización después de que el Comité CEDAW de Naciones Unidas declarara la responsabilidad de las autoridades en el asesinato de la hija de Ángela. Ante la repuesta negativa por parte del ministerio, acudió a la Audiencia Nacional, que ha emitido ahora esta resolución negando la reparación de los daños causados.
La abogada de la organización considera que se trata de una decisión injusta, además de suponer una traba para que casos como el suyo no vuelvan a repetirse. Para Gema Fernández, la denegación de esta indemnización supone no reconocer la responsabilidad del Estado “Ángela confió en el sistema de justicia y en las administraciones del estado que respondieron con decisiones basadas en estereotipos y prejuicios de género que terminaron en el asesinato de su hija Andrea”, explica.
Fernández indica, además, que “el Estado tiene responsabilidad en la protección a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas y, cuando ese sistema de protección falla, las consecuencias que tiene para esas mujeres y sus hijos e hijas son irreparables”.
Ángela González, había denunciado a su exmarido por amenazas y agresiones en 30 ocasiones, además de oponerse a que viera sin supervisión a la niña. Sin embargo, el hombre asesinó a Andrea antes de suicidarse.
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