“Nos hemos encontrado sin viviendas, no podemos dar a todas esas personas que tenemos en lista de espera, que van por un proceso reglado de inscripción en la EMV; estamos intentando buscar vivienda”. Sí, los diarios de sesiones ofrecen a menudo más verdad que las notas de prensa. La que habla así es la con­sejera delegada de la Em­pre­sa Mu­ni­cipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) madrileña, María Serrano, en una sesión de control de los grupos municipales celebrada el 19 de abril.

Tras 25 años de gobiernos municipales –y 21 autonómicos– del PP, marcados por la gran burbuja inmobiliaria y financiera que colocó a la ciudad a la cabeza del modelo del ladrillo, la realidad es que el Gobierno de Ahora Madrid no tiene apenas recursos para hacer efectiva su política de vivienda. El desborde no afecta sólo a las demandas admitidas y formalizadas en la EMVS: las responsables de servicios sociales de distrito reconocen estar saturadas para atender las peticiones de vivienda pública y social que siguen llegando casi tres años después de que terminara la recesión.

El nivel de vivienda pública accesible en la época de Alberto Ruiz Ga­llardón (alcalde entre 2003 y 2011) ya estaba entre los más bajos de Europa, y la venta en 2013 de 1.860 viviendas de la EMVS (precedida por otro lote de 600: cerca de 2.500 viviendas en total) dejó las cosas peor. El actual equipo ha recuperado la función de la EMVS como promotora y ha anunciado que levantará 4.000 pisos sociales en tres años, pero el saldo –de cumplirse el plan municipal– dejaría al final de la legislatura apenas 1.500 viviendas más disponibles para el Ayuntamiento con respecto a las cerca de 2.500 perdidas en beneficio de los llamados fondos buitre.

Desde 2008, el desempleo en la capital se ha doblado (del 7% en el primer trimestre de 2008 al 15%) y la cifra de desahucios de vivienda habi­­­tual puede rondar los 10.000, haciendo una extrapolación prudente de los datos del Consejo General del Poder Judicial. En el saldo negativo de 2013 se deben apuntar también los 2.935 pisos del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA, dependiente del Gobierno autonómico, pero con viviendas localizadas en su mayoría en la capital), vendidos a los fondos Goldman Sachs y Azora.

30 años perdidos

“Se está haciendo un esfuerzo desde la EMVS, pero la Comunidad y los bancos deberían poner de su parte”, dice Vicente Pérez Quin­ta­na, responsable de vivienda y urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones Veci­nales de Ma­drid (FRAVM). Para este veterano miembro del movimiento vecinal, el punto de partida era “nada o casi nada” y hay que remontarse al llamado Plan 18.000 (que se quedó en unas 8.900 viviendas) impulsado en 1987 por Juan Barranco (PSOE) para encontrar la última intervención reseñable del Ayunta­miento en cuanto a vivienda pública. Más críticas, las PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y grupos de vivienda madrileños han denunciado repetidas veces la escasa ambición del actual equipo municipal.

Además de la inercia desahuciadora del mercado privado del alquiler, de bancos y fondos, Laura Ba­rrio, de la Asamblea de Vivienda de Usera (en el sur empobrecido de Madrid), señala a Diagonal los nubarrones más inmediatos que tendrá que afrontar el Ayuntamien­to: los cerca de mil contratos de vivienda pública vendida a fondos buitre que expirarán este año. Y, a diferencia de Gallardón durante la mayor parte de su mandato, el actual equipo no contará con el acceso al crédito privado como sustituto y válvula de escape de la política de vivienda pública.

De las 30 alegaciones entregadas por la PAH al reglamento de la EM,VS, el Ayuntamiento sólo admitió una

Mientras avanzan los planes de construcción de vivienda de la EMVS, la situación en la base sigue siendo de urgencia. Sólo en el distrito de Puente de Vallecas, en la fecha de este cierre –martes 10 de mayo– la PAH local tenía constancia de tres desalojos de vivienda. Los dos distritos vallecanos (Puente y Villa), con cerca de medio millón de habitantes, fueron declarados territorios “libres de desahucios” por el concejal Fran­cisco Pérez (Ahora Madrid), una frase sin duda excesiva para el golpeado sureste madrileño.

La PAH Vallekas denunció en febrero cómo la propia concejalía enviaba cartas a los domicilios con notificación de desahucio, remitiéndoles a los saturados servicios sociales como alternativa. Para Halima Sabri y su marido, con dos niños de cuatro años escolarizados en Vallecas y enfermos crónicos de asma, la opción en concreto terminó siendo un barracón prefabricado situado en un descampado en el distrito de Fuencarral (en la otra punta de la ciudad), o dos meses de alquiler en el mercado privado pagados por la corporación.

Al igual que esta familia marroquí, la primera desahuciada ‘con luz y taquígrafos’ de la era Car­mena –una mujer dominicana llamada Francia que vivía con sus dos hijos menores en un piso ocupado a Bankia– habitaba también en Va­llecas, en el lado sur de la diagonal suroeste/noreste que, según urbanistas y expertos en desigualdad, corta la ciudad en dos en términos de diferencias socioeconómicas.

En contra del criterio expresado por la PAH –que defiende que los bancos rescatados deben aportar el parque de viviendas necesario para dar alquileres sociales–, el desahucio fue ejecutado y Francia realojada en un piso destinado a mujeres maltratadas. La Plataforma denunció entonces la disparidad de la situación madrileña con la existente en ciudades como Viena, donde una de cada cuatro viviendas son de titularidad municipal. La EMVS comprará viviendas a Bankia, pero el número –150– y las dudas sobre su estado y localización han provocado el rechazo de la PAH.

Historia de dos ciudades

Desde que el acceso fácil al crédito dejó de funcionar como política de acceso a la vivienda, allá por 2008, la ciudad de Madrid –y toda su área metropolitana– no ha dejado de profundizar estas diferencias, y fue nombrada ciudad europea más desi­gual en un estudio de 2015 que comparaba ciudades de 13 países europeos, incluidas Milán, Lon­dres, Atenas o Tallín. Madrid afronta estas diferencias sociales crecientes con escasas competencias y una política de vivienda dividida en dos áreas: la de Equidad, dirigida por Marta Higueras, y la de Ur­banismo, presidida por José Ma­nuel Calvo. Ambos –en especial Hi­gue­ras– del equipo de confianza de la alcaldesa Manuela Carmena y fuer­temente cuestionados tanto por los movimientos sociales como por Gane­mos, la plataforma municipalista promotora de la candidatura de Ahora Madrid.

Pérez Quintana, de la FRAVM, define como “hecho incontestable” esta segregación y lamenta que el “actual Ayuntamiento no ha dado pasos para solucionarla”. De hecho, dos tercios de las promociones de pisos sociales de la EMVS se construirán en los barrios del sur. La primera licitación, de 112 pisos, se prevé para este verano y será construida en el distrito de Vallecas. “Esta segregación urbana es consustancial a la ciudad capitalista”, señala Pérez Quintana. Sus consecuencias han sido denunciadas históricamente por urbanistas y ecologistas, al señalar la menor calidad de vida del sur/sureste madrileño, yuxtapuesto a infraestructuras como las cementeras o, sin ir más lejos, la incineradora de Valdemingómez.

Venta a fondos buitre

En el Ensanche de Vallecas, separado de la incineradora por la radial M50, se sitúa uno de los núcleos organizados de la plataforma que agrupa a los inquilinos –con o sin derecho a compra– afectados por la venta de viviendas del IVIMA. El futuro de estos vecinos sigue pendiente de que se resuelvan el puñado de recursos contenciosos administrativos particulares contra la venta de estas viviendas en 2013 a Goldman Sachs y otros fondos buitre, así como de la demanda penal interpuesta por la plataforma de afectados contra los responsables de la venta, a cuya cabeza –por mantener cargo político– se sitúa el actual concejal del Ayun­tamiento de Madrid por el PP, Pablo Cavero, en 2013 consejero de Vivienda de Igna­cio González. La presidenta de la asociación, Sonia Martínez, da por segura la intención de no subrogar los contratos por parte de los fondos inversores, lo cual implicaría el desalojo de los actuales inquilinos.

Esta situación de incertidumbre hasta, como mínimo, el verano de 2017 –fecha en que se prevé la resolución del juicio– es uno de los motivos que lleva a Martínez a criticar la modificación del reglamento de la EMVS que prepara actualmente el Gobierno de Carmena. Si este reglamento se vota tal y como está, no podrán optar a inscribirse como demandantes las familias que actualmente ocupan irregularmente pisos de vivienda pública en Madrid, ni los actuales titulares de contratos de alquiler de vivienda pública, entre otros grupos excluidos. “Ha habido afectados que, al solicitar una vivienda de la EMVS, se la han denegado por estar bajo un contrato del IVIMA”, indica Martínez.

Tanto las PAH y grupos de vivienda como los afectados del IVIMA sostienen que la vía de urgencia iniciada por el Ayuntamiento para modificar los criterios de admisión de la empresa no se justifica y piden más tiempo para abrir un debate público. De momento, de las 30 alegaciones entregadas por la PAH, el Ayun­tamiento sólo ha admitido una. Las asociaciones vecinales presentaron también alegaciones, si bien Pérez Quintana evita hacer comentarios sobre la situación del reglamento.

Por su parte, el equipo de la concejala Marta Higueras defiende precisamente que la situación de urgencia por ir realojando hogares justifica una primera modificación de la norma, y deja para más adelante la redacción de un documento final de carácter más inclusivo. Laura Barrio, de Asamblea de Vi­vienda de Usera, desconfía de estas intenciones y argumenta que “con el actual reglamento ya se podría estar realojando a esas familias”. La situación, indica, es paradójica: el actual equipo no dispone todavía de viviendas suficientes para alojar a los demandantes reglados –unos 5.000, según mantiene la EMVS, unas listas de espera que ninguna de las fuentes consultadas por Dia­gonal considera como referencia– y deja para más adelante la inclusión de quienes ya habitan irregularmente algunos de los pisos vacíos de la empresa.

Las cifras, como todo lo que rodea a la EMVS, son orientativas. La votación del reglamento está prevista para el 25 de mayo, y sus prolegómenos auguran una nueva batalla política para el accidentado Go­­bierno municipal.

[Actualizado 17/05/2016: El Ayuntamiento ha retirado su proyecto de reforma del reglamento y ha abierto un proceso para una redacción definitiva del reglamento que sustituirá al actual.]