No es una casa en el campo, son miles de viviendas diseminadas en terreno rústico. La burbuja inmobiliaria no se ha parado en algunas zonas rurales. Ése es el caso de Candeleda (5.200 habitantes), el municipio más extenso de Ávila, situado en el Valle del Tiétar, al sur de Gredos, en la frontera entre Ávila, Toledo y Cáceres, un ejemplo de urbanismo disperso.

Candeleda es el epicentro de un boom especulativo de viviendas de lujo para ricos. Se calcula que sólo en este municipio existen más de 1.800 viviendas construidas en terreno rústico, algo que prohíbe la Ley de Suelo.

También en los pueblos vecinos de Arenas de San Pedro, Burgohondo, El Arenal, Fresnedilla, Piedralaves, La Adrada, Casavieja y algunos municipios más que gozan de un clima suave casi todo el año, con un paisaje de alto valor ecológico, a pocos metros del Parque Regional de la Sierra de Gredos y con Madrid a menos de dos horas. En estos municipios, de moda entre algunas élites, se ha construido en espacios protegidos, en montes y en zonas agrarias.

La Comisión de Urbanismo de Ávila y los ayuntamientos han estado dando miles de autorizaciones y licencias de construcción contrarias a la normativa.

El 'interés público' de las viviendas privadas

“Se han estado dando permisos de viviendas para uso exclusivamente residencial en suelo rústico. Para que se autoricen ‘excepcionalmente’ esas viviendas se requiere que el uso sea de interés público; pero el uso residencial, privado, no es de interés público. Para eso ya está el casco urbano del municipio y, si no hay suficiente sitio, el Ayuntamiento puede y debe modificar su pla­nea­miento urbanístico”, explica a Diagonal Claudio Sartorius, urbanista y abogado de Ecologistas en Acción de Castilla y León.

"Las mansiones en suelo rústico son de personas que buscan la tranquilidad en la naturaleza, que ellos mismos se encargan de destruir"En el Valle del Tiétar tienen su residencia, en suelo rústico, en la mayoría de los casos, e incluso en espacios con protección, políticos como José María Michavila, exministro del PP, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, Francisco Granados, exnúmero dos del PP madrileño, familiares de Lucía Figar, de Alberto Ruiz Gallardón...También banqueros: familiares de Botín y las hermanas Koplovich; médicos como los López Ibor; aristócratas como los Gómez Acebo; empresarios y altos cargos de la Administración. 

Carretera de los Pantanos

El camino desde Madrid es fácil. La M-501, la carretera de los pantanos, conduce al vergel del Valle del Tiétar. Es la vía que Esperanza Aguirre defendió hasta el final, con su entonces mano derecha, Francisco Granados, ahora en prisión; María Dolores de Cospedal, cuando era consejera de la Comunidad de Madrid, y con el visto bueno de la que fue ministra de Medio Ambiente Elvira Rodríguez, hoy presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El desdoblamiento de la M-501 se llevó a cabo sin estudio de impacto ambiental. Aguirre tiró para adelante con la carretera, y tras las denuncias de los grupos ecologistas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró ilegal la obra debido a los impactos de la misma. Algo que ratificó el Tribunal Supremo. Sin embargo, éste solicitó a los ecologistas 490.000 euros para parar las obras, cantidad que no se pudo reunir. La lentitud de la justicia contrasta con la rapidez de la Comunidad de Madrid para acabar la carretera, talar árboles e inundar la zona de asfalto.

Presión urbanística

Sartorius señala que las construcciones en suelo rústico con alto valor ambiental se extienden por todo el Valle del Tiétar: “Estos pueblos se han convertido en una extensión del levante español. En este caso, los que querían sol y buenas temperaturas durante nueve meses al año son personas que buscan la tranquilidad del campo que precisamente ellos mismos se encargan de destruir”.

Para Javier Perandones, arquitecto y vocal de las organizaciones ambientales en la Comisión de Urbanismo de Ávila, donde se someten a información los proyectos de estas viviendas: “Hay una absoluta dejación de funciones de las administraciones porque, sencillamente, la visión ambiental no existe”.
Asegura que “desde la cabecera del Tiétar en adelante y en toda la zona del Alberche, cuanto más cerca de Madrid, más ocupación del suelo hay”.

El arquitecto, que reside en uno de los municipios afectados, sostiene que Candeleda es un caso singular porque “al llegar ciertas personas de alto poder adquisitivo han hecho de imán para que otra gente del mismo nivel económico se instale allí”.

La economía del ladrillo

Sin embargo, para el alcalde de Candeleda, Miguel Hernández, PSOE, prohibir las residencias privadas en la naturaleza "es acabar con la economía candeledana". Explica a este medio que él es proteccionista y que se opuso a la construcción de una urbanización de 500 chalés en la sierra hace unos años. 

Para Perandones “el problema es complejo desde el punto de vista socioeconómico”, también a nivel legal "porque estamos un poco en el pleistoceno, aunque afortunadamente ya hay jueces que están poniendo las cosas en su sitio, gracias a algunos abogados que están recurriendo las licencias urbanísticas”.

La protección del suelo en la legislación ha ido ganado espacio. La Ley de Suelo de 2007 reconoció que el suelo rural tiene valor ambiental por sí mismo y llama al urbanismo compacto y a la protección del suelo agrario.

Sartorius denuncia que “en estos ayuntamientos ha existido una complicidad de todas la partes implicadas: técnicos que redactan los proyectos de las viviendas, los propietarios de terrenos, los contratistas... en un totum revolutum en el que todos han hecho negocio. Además, se han vendido los terrenos rústicos, agrarios, a precio semiurbano, con edificabilidad asegurada”, dice.

Según Perandones las licencias para construir las casas en el campo en el Valle del Tiétar se dan “porque estos ayuntamientos cuentan con una permisividad absoluta hacia el suelo rústico”.

Recursos ante la Junta 

En este proceso de denuncia han estado también organizaciones ambientales locales, como la Plataforma contra la Especulación Urbanística de Candeleda que han visto como se urbanizaban las zonas con mayor valor ambiental y el campo se llenaba de vallados.

Estas asociaciones afirman que muchas veces los permisos de construcción se pedían cuando ya estaban levantadas las casas. En otros casos, las evaluaciones de impacto ambiental de las viviendas se aprobaban después de dar las autorizaciones, y no antes como pide la normativa. 

En esto coincide un vecino de Candeleda que no desea revelar su nombre: "Aquí lo que ha estado pasando es que alguien iba al Ayuntamiento, antes con el PP y ahora con el PSOE, y decía que se iba a construir una casa en la sierra, y le respondían: vale, tu empieza la construcción y ya vamos pidiendo los permisos. Esto ha sido una ciudad sin ley".

La presión de los grupos ambientales ha conseguido que desde octubre de 2014 se aprobara una reforma de la ley de urbanismo autonómica que prohíbe de forma tajante construir viviendas en suelo rústico.

"Es un paso importante que la Junta de Castilla y León haya rectificado. Una vivienda en suelo rústico es un atentado al medio ambiente, no es su sitio. No hay interés público en una residencia privada, y reconocer eso ha sido una conquista tremenda. Unos argumentos que veníamos usando desde hace tiempo, basándonos en sentencias de 2008 y de 2015, y en el principio del urbanismo compacto”, explica Sartorius.

Ángel Marinero, director general de Urbanismo de Castilla y León reconoce a Diagonal que gracias a "las denuncias de los grupos ecologistas, los tribunales han entendido que tiene que haber el requisito de interés público y eso ya está en ley autonómica de 2014", afirma. E insiste que "ya no es posible la construcción de esas viviendas".

Atentado al medio ambiente

Desde Ecologistas en Acción de Castilla y León se lleva denunciando este grave impacto ambiental desde hace años y en los últimos meses se han recurrido ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León más de 30 autorizaciones de viviendas en suelo rústico, en el Valle del Tiétar, que habían recibido el visto bueno de la Comisión de Urbanismo de Ávila, dependiente de la Consejería. De momento, el consejero de Medio Ambiente ya ha anulado las autorizaciones de ocho viviendas.

Ahora estos municipios reaccionan. En Candeleda, varios portavoces de grupos políticos representados en el Ayuntamiento han declarado a este medio "estar preocupados porque este problema puede llevarnos a la ruina". 

Para el alcalde de Candeleda: "El fallo es que la Junta de Castilla y León no tenía que haber admitido los recursos de los ecologistas", afirma Hernández, y añade que "ahora desde el Ayuntamiento estamos en una situación de incertidumbre y con mucho miedo de actuar".

"La negligencia de la Junta es doble, se reconoce el valor natural pero se dan las licencias para construir" La mayoría de las viviendas cuya autorización ha sido recurrida perderán los permisos de construcción, y se convertirán en ilegales. Pero Hernández sostiene: "A nosotros nos dijeron que les podíamos dar la licencia". Y como ya las casas, y mansiones, ya se han levantado, la norma marca restituir el suelo a su estado original, demolerlas.

“Esto supondría millones de euros (de dinero público) porque tendrán que pagar importantes indemnizaciones a los propietarios. Si hablamos de legalidad, los dueños de las casas tenían licencias. Los responsables son los que dieron los permisos”, explica Sartorius.

Para el director general de Urbanismo de Castilla y León, la ley de urbanismo "contemplaba la posibilidad de construir viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico; éso ha estado en la ley del 56, también en la ley del 76, y luego en la ley del suelo de Castilla y León del 99. Es en 2014 cuando se prohíbe", explica. Pero omite que, en cualquier caso, en años anteriores se tenía que tener en cuenta el "interés público" de la construcción.

Marinero reconoce que los tribunales han dado la razón a los ambientalistas: "Desde 2010 hay alguna sentencia que acoge este argumento y hoy los tribunales han entendido que tenía que haber un requisito de interés público sobre estas viviendas". El director general mantiene que las licencias de los ayuntamientos ahora tienen que acogerse a la legalidad, con todas las consecuencias.

Desde Ecologistas en Acción se espera que se revoquen otras 20 autorizaciones para construir en suelo rústico dadas por la Comisión de Urbanismo provincial y las licencias [entregadas por los ayuntamientos]. Pero añaden que, por si faltaba algo, "casi todas las viviendas están ya construidas”. 

Por su parte, el alcalde de Candeleda carga contra el director general: "No entendemos porque hay un cambio de actitud". Mientras, los abogados de los propietarios de esas viviendas ya han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.

Gran valor ambiental

Este territorio cuenta con grandes áreas reguladas por figuras de protección, como la Red Natura 2000, Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Interés Comunitario (LIC) y zona del Plan de Recuperación del águila imperial y la cigüeña negra, en peligro de extinción.

Pero las consecuencias de todas estas viviendas y las construcciones anexas son un grave impacto ambiental. Cuando se levanta una casa, explican desde la Plataforma contra la Especulación Urbanística de Candeleda, se destruye también el territorio para hacer las conducciones de agua, carreteras, torres eléctricas, fosas sépticas, etc.

Perandones explica que el impacto de las residencias en suelo rústico tiene un efecto sinérgico: "Si sumamos todas las casas en el valle, todas las carreteras, todos los caminos privados que se están abriendo, todos los vallados...los animales no pasan". Asegura que "este es un territorio con una dominante ambiental muy fuerte que se está perdiendo y sustituyendo por una dominante humana".

El representante de los grupos ambientales recuerda que estos municipios cuentan con especies protegidas como el águila imperial, la cigüeña negra y otras como el lince ibérico, en proceso de recuperación.

Los ecologistas denuncian también que la compañía que da la luz a las viviendas, Hidroeléctrica Virgen de Chilla, empresa local, está llenando el monte de torres eléctricas sin estudio de impacto ambiental alguno. Esta hidroeléctrica ha sido requerida recientemente por la Junta de Castilla y León para que ‘adapte’ (entierre) los 44.991 lineales tendidos por todo el territorio rústico de Candeleda.

Pero la picaresca no se acaba. Desde las organizaciones ecologistas se denuncia también que ahora muchos propietarios están pidiendo permisos para levantar casas en suelo rústico y utilizan el “típico truco de la caseta de aperos”, algo que sí permite la Ley de Suelo, pero sólo para construcciones vinculadas al uso agrario y ganadero. En el municipio de El Arenal están proliferando estas peticiones, y los propietarios del terreno se construyen casas pequeñas, de una sola planta, con piscina. Con los permisos de la Comisión de urbanismo y del Ayuntamiento.

Para Luis Oviedo, abogado ambientalista de Castilla y León, lo que está ocurriendo es que la Junta “ve el suelo como una oportunidad de negocio. Las directrices son todo vale, que vienen a cazar, vallamos el campo; que quieren construir en suelo rústico protegido, damos los permisos. La burbuja inmobiliaria se ha trasladado al campo"