Un nuevo escándalo salpica al comisario europeo encargado de clima y agricultura, el español Miguel Ángel Arias Cañete.
Micaela Domecq Solís-Beaumont se acogió a la Amnistía Fiscal de 2012, realizada por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro. Domecq Solís-Beaumont es esposa del actual comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.
La terrateniente –su familia percibió en 2014 cuatro millones de euros en ayudas de la Política Agraria Común europea– se encuentra entre las personalidades afectadas por la filtración de los "papeles de Panamá". Los Domecq crearon la sociedad Rinconada Investments Group (activa entre 2005 hasta 2010) con sede en Panamá para la gestión de cuentas en Suiza.
A ese escándalo se ha sumado hoy la noticia publicada por El Confidencial sobre la regularización con un coste de "sólo" el 3% de la indeterminada cantidad de dinero que se reintrodujo en España de bienes ocultos a Hacienda, una amnistía fiscal que tuvo lugar cuando Arias Cañete era ministro de Agricultura y Medio Ambiente.
Micaela Domecq estaba dentro de las Personas Políticamente Expuestas, un listado que la Agencia Tributaria envió al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, según explica Rafael Méndez en El Confidencial.
Desde que se divulgó el nombre de los Domecq entre los afectados por la filtración de los Papeles de Panamá, Arias Cañete ha negado todo conocimiento de los hechos de que se acusa a su esposa, basándose en que tiene un contrato de separación de bienes.
Investigaciones en Europa
Las declaraciones de intereses de Arias Cañete realizadas en septiembre de 2014 y el 14 de julio de 2015 –que está obligado a hacer como miembro de la Comisión Europea– no incluyen ninguna referencia a Rinconada Investements Group. Sí se añade, no obstante, una referencia a la propiedad por parte de su esposa del 100% de las acciones de Agrícola Micaela Domecq S.L.
Esta empresa recibió en 2012 –como se supo en el periodo en el que Cañete aspiraba al comisariado europeo– 149.835 euros en concepto de ayudas por parte de fondos agrícolas y de desarrollo europeos.
Tampoco aparecen en los papeles que Cañete entregó a la Comisión Europea referencias a su participación en la gestión de otras dos sociedades con residencia en Panamá, en una noticia que destapó en 2014 Infolibre. Son Lucite Development Inc y Angelmo International Corporation, en las que Arias Cañete estuvo directamente implicado, y otras tres, con las que se relaciona a través de Havorad BV, principal accionista de las petroleras vinculadas al exministro que sí aparecen en su declaración a la CE: Petrolífera Dúcar SL y Petrologis Canarias SL.
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La Comisión Europea ha cerrado filas en torno al comisario encargado de las negociaciones del cambio climático o la política agraria. Margaritis Schinis, portavoz de la Comisión declaró en un primer momento que Arias Cañete tiene separación de bienes con su mujer.
Los problemas de Arias Cañete no son novedad para la Comisión Europea. Los casos Acuamed y la polémica luz verde que el comisario dio al plan de la minera de Berkeley de abrir una mina de Uranio en Salamanca, han provocado un puñado de preguntas en el Parlamento Europeo.
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Respecto al caso Acuamed, la Comisión Europea ha dado una respuesta evasiva: "Hay una investigación en un estado miembro y la CE no hará comentarios mientras esta tiene lugar".
Europa está pendiente de la investigación que el juez Eloy Velasco puso en marcha por las concesiones de la empresa pública Acuamed a constructoras como FCC, Acciona, Befesa, Sogecosa y Altec. Se investiga un fraude que asciende a 27,5 millones y que señala a Arias Cañete en el caso concreto de la planta desalinizadora de Bajo Almanzora en Almería, concedida a FCC.
Un testigo ha señalado al exministro como parte implicada en el fraude, lo que motivó una pregunta en sede parlamentaria por parte de Jordi Sebastià (Compromís) acerca de las supuestas órdenes que el comisario de Clima y Energía habría dado a un intermediario para favorecer a FCC.
Se calcula que mil de los 1.700 millones gastados en los proyectos de desalinización financiados por Acuamed y ejecutados por las empresas constructoras, proceden de fondos de desarrollo local y de cohesión europeos.
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El 7 de abril, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) reconocía al observatorio de lobbies CEO, con base en Bruselas, que el caso Acuamed ha pasado a ser un "caso de coordinación" y que, por tanto, esta oficina ha comenzado a cooperar con las autoridades locales para esclarecer este caso, que ha implicado a 35 altos cargos de la empresa, que dependía directamente de Agricultura y Medio Ambiente.
Junto al Caso Acuamed, la Unión Europea también ha tratado la firma de una "opinión positiva" por parte de Arias Cañete sobre el proyecto de mina a cielo abierto en torno al río Yeltes, en Salamanca, para la extracción de uranio.
El dictamen positivo de Arias Cañete, no vinculante si las autoridades españolas deciden detener el proceso, se produjo en mayo de 2015, unos meses después de su nombramiento y de que Manuel Lamela se registrase en el registro de lobbies de la UE para mediar a favor de los intereses de Berkeley en Bruselas. Lamela fue subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación hasta 2003, cargo en el que estuvo bajo las órdenes de Arias Cañete, a la sazón ministro durante la segunda legislatura de José María Aznar.
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