"Más tiempo y debate" ciudadano sobre el nuevo reglamento de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). Es lo que pedía Ganemos, una de las plataformas que forman Ahora Madrid, en un comunicado hecho público esta mañana. El nuevo reglamento, cuya aprobación debía decidirse en el pleno municipal del 27 de abril, no sólo se enfrenta a la oposición del PP, que votó en contra, y a la ambigüedad de PSOE y Ciudadanos, que se abstuvieron en su presentación del día 19 en la Comisión de Equidad. Por motivos completamente diferentes, éste también está generando un fuerte movimiento de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Madrid para que se modifiquen algunos de sus puntos; así como el afloramiento de posturas divergentes en el seno de Ahora Madrid, lo que se ha visto reflejado en el comunicado de Ganemos.

La respuesta no ha tardado mucho en llegar. Tras la Junta Municipal, la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, confirmaba la retirada de ese punto del orden del día del pleno municipal. "Vamos a retirarlo básicamente porque es un tema complejo, porque sobre la regulación de la vivienda existen muchas sensibilidades, muchos intereses y muchas percepciones distintas", decía la portavoz municipal, que ha añadido que "vamos a darle al tema un poco más de tiempo para reflexionarlo, para debatirlo y para sacar un reglamento en el que estemos todos de acuerdo". La división interna generada por la modificación de este reglamento parece haber tenido un peso importante a la hora de posponer su aprobación.

Ganemos, aunque considera que la modificación del reglamento propuesta por Ahora Madrid "aporta importantes mejoras, como apostar por el alquiler frente ala venta o el reconocimiento de situaciones urgentes y su tratamiento diferenciado", insistía en su comunicado en la importancia de modificar o eliminar cinco puntos. El más importante, el que establece que es un requisito para solicitar una vivienda pública "el no encontrarse ocupando una vivienda o inmueble de titularidad pública en el momento de la solicitud o con posterioridad a la misma". "No es justo porque la situación de ocupación irregular es, en la práctica totalidad de los casos, la materialización de una situación de necesidad de vivienda", indicaban desde Ganemos.

Además insistían, entre otros, en la necesidad de modificar "el requisito de 'no ser titular sobre otra vivienda en los términos y condiciones previstos en la normativa de vivienda protegida' para incluir a las familias cuyas viviendas fueron vendidas a fondos buitres y que corren el riesgo de perderlas". O también en la necesidad de eliminar el requisito de los dos años de empadronamiento para acceder a una vivienda. "Si hay una persona que está viviendo en la calle no se puede empadronar. Es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Le cerramos la puerta a una vivienda social porque no tiene dónde vivir?", dicen a Diagonal desde la portavocía de Ganemos.

Comunicado de las PAH

"Pensamos que desde el Ayuntamiento se debería dar lugar a reuniones con las plataformas de afectados que tienen muy claros conceptos como el de la ocupación social y que podrían proporcionar elementos muy interesantes para incorporar al reglamento y evitar injusticias como las que hemos mencionado", indican desde la portavocía de Ganemos.

Precisamente, son las PAH las que llevan batallando para que el Ayuntamiento incluya sus alegaciones a la norma. Sin embargo, todas y cada una de las treinta alegaciones presentadas en registro el pasado 7 de marzo por la Coordinadora de Vivienda de Madrid, conformada por todas las PAH y grupos de vivienda madrileños, fueron rechazadas por el Ayuntamiento. "Valoramos que el propio espíritu del reglamento parte de una idea errónea, porque desde el momento que nos dicen que no reconcen la vivienda como un derecho humano, o cuando se rechaza hacer referencia a la venta de viviendas a fondos buitre, mal vamos", indican a Diagonal fuentes de la Coordinadora, en referencia al rechazo que desde la EMVS se hizo de estas y otras alegaciones calificándolas como "una opinión de quien formula la alegación". 

Desde las PAH de Madrid insisten en denunciar y en mostrar su "total repulsa" en relación al punto referente a la ocupación, en torno al cual gira la mayor polémica. "Esta medida, al más puro estilo PP, es un circulo vicioso que no hace más que perpetuar y criminalizar una situación de extrema miseria. Que no deja otra solución a las miles de familias madrileñas que se encuentran ahora mismo ocupando una casa de manera irregular a mantener la misma situación de irregularidad si no quieren verse en la calle", indican desde un comunicado publicado hace escasos minutos por la Coordinadora de Vivienda.

En este sentido, Júlia Alsinet, de PAH Centro, indica a Diagonal que "el Ayuntamiento está poniendo el foco en la ocupación como delito y no en el derecho a la vivienda", como muestra, indica, no sólo su falta de voluntad para eliminar este punto del reglamento, sino también la reunión con Delegación de Gobierno donde se trató el establecimiento de un 'comisario antiocupas' o su preocupación por las "mafias ocupas" en vez de por garantizar el derecho a la vivienda. [Desde el Ayuntamiento se ha querido puntualizar a Diagonal que la reunión con Delegación de Gobierno es una Junta de Seguridad protocolaria donde se tratan muchos temas, pero que el del 'comisario antiocupas' "no se trató como tal" y que el Ayuntamiento "no tiene nada que ver en la generación de esa figura"].

En este último comunicado, la Coordinadora de PAH y grupos de vivienda, que llevan tiempo denunciando la pasividad y falta de valentía del equipo municipal en materia de vivienda, arremete contra la Concejalía de Servicios Sociales", de la que dice que "sigue una política errática con respecto a la vivienda, cuando no directamente se pone al servicio de los oscuros intereses de las entidades financieras".

Desde los grupos de vivienda añaden que "llevamos tiempo esperando un cambio de actitud por parte de Marta Higueras y su equipo, y le hemos manifestado de diversas formas nuestra posición". Sin embargo, indican, "la vicealcaldesa parece hacer oídos sordos a nuestras reclamaciones, ahí están para demostrarlo de nuevo con el Reglamento de la EMVS y la criminalización de las okupaciones que le hace el juego al gobierno en funciones del PP".

Una vez el Ayuntamiento ha decidido retirar la votación de las modificaciones de un reglamento que, según reconocen a Diagonal desde el Consistorio, "no tienen todo el consenso social que deberían tener", desde la Coordinadora "queremos recordar nuestras alegaciones y pedir una revisión de la desestimación de las mismas".