El caso Acuamed, que actualmente investiga el juez Eloy Velasco dentro de la llamada Operación Frontino, ha puesto sobre la mesa la realidad de la corrupción administrativa en las concesiones del servicio de abastecimiento de agua a empresas privadas. Ayer el Congreso rechazó una primera proposición no de ley (de Ciudadanos) para la gestión del ciclo integral del agua, y diversas organizaciones ecologistas y en defensa del agua pública quieren que la continuación del debate suponga la oportunidad para revertir las concesiones privadas y establecer una serie de medidas urgentes “para una nueva política del agua”.

Las organizaciones, agrupadas en la Red Agua Pública, quieren que cualquier nueva norma establezca como prioridad el reconocimiento del derecho al agua, para lo cual exigen una regulación que garantice su acceso a los hogares sin recursos y prohíba los cortes por impago en estos casos. En este marco, la red pedirá la creación de un ente regulador “que garantice un servicio eficaz y justo” y con capacidad sancionadora en caso de incumplimiento de los contratos por parte de las adjudicatarias privadas. La Red Agua Pública celebrará un acto mañana a partir de las 11 en el Congreso de los Diputados en el que presentará las medidas urgentes en materia de gestión de agua.

En palabra de Luis Babiano, de la Asociación Española de operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), actualmente la falta de supervisión y de conocimiento de las inversiones en el caso de las concesiones privadas “son una clara fuente de malversación”. Es por ello que el documento también pide el fin del sistema del canon concesional usado en la subcontratación por parte de los ayuntamientos del servicio de abastecimiento de agua con empresas privadas.

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Este sistema implica que los ayuntamientos, a cambio de la concesión del servicio, cobran a la empresa concesionaria una cantidad en previsión de los beneficios que obtendrá la empresa. Tal y como vienen denunciando partidos y grupos contra la privatización del agua, este sistema supone un mecanismo perverso porque incentiva a los ayuntamientos, ahogados por las restricciones presupuestarias, a privatizar este servicio. Actualmente los ayuntamientos no tienen ninguna obligación de dedicar la cantidad obtenida por el canon al propio abastecimiento de agua, con lo que la pueden dedicar a otras partidas.

“Eliminar el canon, como se hizo en Francia, supondría la clave para atacar las privatizaciones”, explica Babiano a Diagonal. Actualmente 21 grandes municipios franceses tienen abiertos procesos de remunicipalización del agua, después de que en los 90 una serie de escándalos políticos –con peticiones de dimisión del vicepresidente incluidas- llevaran a la prohibición de que los ayuntamientos pudieran financiarse a través del canon de las concesiones del agua a empresas privadas. “Esto en el país cuya capital es sede de las dos mayores multinacionales del agua”, destaca Babiano.

Las organizaciones tienen prevista la creación de una red de personas electas (en el Congreso y en otras cámaras) a favor de las medidas por una nueva gestión del agua. El trámite iniciado en el Congreso tras el rechazo a la propuesta de Ciudadanos será largo y, en opinión de Babiano, “estará marcado por la posible convocatoria de nuevas elecciones”. El representante de Aeopas considera que diversos grupos parlamentarios están en sintonía con las propuestas de la Red, “aunque cualquier cambio a largo plazo tendrá que hacerse con un consenso, nos guste o no”, asegura.

La PNL de Ciudadanos, apoyada por el PSOE, incluía menciones a la necesidad de atraer inversiones y fomentar la seguridad jurídica en el sector, algo que según Babiano está en línea con el argumentario de las patronales. “La propuesta no incluía ninguna referencia a los derechos humanos, y defiende la seguridad jurídica de las empresas en un país con el 53% del servicio en manos privadas”, enfatiza.