Llevada a su apogeo por el 15-M, la Participación Ciudadana parece haberse convertido en el “talismán” del ideario político del nuevo municipalismo. No podía ser menos en una sociedad habituada a que las decisiones sobre la vida común sean tomadas por élites empresariales, en connivencia con profesionales de la política que encuentran en ella una vía regia para la consagración y el enriquecimiento personal.

Por ello, en su momento celebramos que la Concejalía de Participación del ayuntamiento de Madrid lanzara una propuesta participativa ciudadana para decidir sobre la remodelación de la Plaza de España. Dada la matriz fundacional de la iniciativa, resulta relevante analizar su metodología y formato, de manera que podamos ponderar si ha resultado un instrumento eficiente para consagrar la voluntad mayoritaria.

Si bien es cierto que hubo disposición por parte de la concejalía del área para debatir con diferentes colectivos ciudadanos organizados (Ecologistas en Acción, Madrid Ciudad y Patrimonio, Debates Urbanos, etc.), su receptividad fue escasa ante las observaciones críticas en cuanto la metodología utilizada. Quedaron señaladas tantas preguntas, dudas y objeciones que es imposible consignarlas en este artículo; pronto serán tratadas in extenso en un informe que verá la luz en la web del Instituto por la Democracia y el Municipalismo.

Contradicciones políticas

En primer lugar, se nos plantean reservas de carácter político en relación con el proceso. En el programa de Ahora Madrid –votado por la ciudadanía– se daba prioridad a otras temáticas: “… emprenderá acciones que afronten con decisión las situaciones urbanas de mayor emergencia / corregir las rupturas entre los espacios interiores de la ciudad y los distritos exteriores / planes integrales que tengan como objetivo la rehabilitación de los territorios mediante procesos participados que incorporen la perspectiva de la ciudadanía más desfavorecida en el diseño, uso y distribución de los usos / favorecer comercios, servicios y espacios culturales de proximidad ”, etc.

En estas líneas programáticas no se hace siquiera mención a la remodelación de Plaza de España. ¿Por qué la Concejalía de Participación inauguró su proceso de consulta sobre un proyecto heredado de la gestión de Ana Botella? ¿Temió que la derecha retratase las decisiones de AM como “espanta-inversores”? ¿No estamos ante un gesto en sintonía con el paradigma desarrollista instalado por el PP y el PSOE? ¿Quizá por la dificultad de lidiar con el argumento de que la operación “tendrá coste cero para las arcas municipales”?

No lo sabemos. En cualquier caso, el argumento del “coste cero” fue muy útil a Esperanza Aguirre para legitimar públicamente la privatización de los centros de salud. Cuando cedió a la iniciativa privada la gestión de los hospitales de la periferia, la castiza lideresa alegó que esas infraestructuras no costarían “nada” (los edificios fueron erigidos por las constructoras), sin embargo la factura siguen pasándonosla a través de generosos cánones y primas por paciente que salen de nuestros impuestos.

El supuesto de que el Estado sería ineficiente para gestionar los servicios públicos ha servido, por ejemplo, para que constructoras y empresas se apoderen de la gestión de los residuos, un servicio que una gestión directa prestaría a un coste muy inferior. Y es que subordinar el planeamiento urbanístico de la ciudad a intereses privados ha provocado la actual desagregación arquitectónica, urbana y social, y ha convertido nuestra almendra central en un gran shopping center gentrificado. Con todo lo que ello conlleva: subida de rentas, expulsión de los vecinos y cierre de comercios de proximidad.

Problemas de método

En cuanto al análisis estrictamente metodológico de la consulta, cabe consignar que de las tres vías posibles de participación –web, presencial y telefónica- se concedió explícita preferencia a la telemática. Esto constituiría una primera objeción que –dada la extensión argumental– dejamos de lado, ya que será abordada ampliamente en el informe mencionado más arriba. Veamos los problemas que plantea el cuestionario.

La primera pregunta del cuestionario –¿Crees necesario reformar la Plaza de España?– pareciera dejar plena libertad para decidir por si se desea o no la remodelación (Pregunta 1.a). Sin embargo, la web “Dudas en el proceso participativo sobre la posible intervención en Plaza de España” se inicia con un preámbulo que promueve una intervención profunda y condiciona tendenciosamente el sentido del cuestionario:

“La plaza de España es uno de los espacios públicos más representativos de nuestra ciudad que ha sufrido un proceso de degradación durante los últimos años. Además, presenta problemas de accesibilidad y congestión de tráfico que recomiendan una intervención de regeneración de este ámbito que mejore las condiciones ambientales, de movilidad, especialmente peatonales, de accesibilidad, de calidad del aire, de paisaje urbano, etc”.

Dada la relevancia privilegiada que se concede a la vía telemática por encima de la participación presencial y telefónica, resulta evidente que consignar semejante prólogo en un link sobre “Dudas en el proceso participativo…”, operará como fuerte condicionante a favor del “sí”. Sumado a lo anterior, al promover una consulta en exclusiva y separadamente sobre “la reforma de Plaza de España”, se está concediendo implícita relevancia al tema. Con ello se amplifica el efecto de promoción por el “sí”.

No era difícil imaginar el peso que estos factores tendrían en una población a la que no se le había ofrecido información –unos contenidos mínimos– que le permitiese contextualizar las necesidades globales de la ciudad y sus barrios. Al no promoverse debates ciudadanos –con los tiempos e instrumentos imprescindibles– también se quebró el acceso informativo a ese panorama global.

La segunda pregunta instala la ambigüedad en el ámbito de actuación, pues potencialmente amplía el espacio de remodelación, extendiéndolo a otras áreas: (P.1.b.) ¿Crees necesario que la intervención en la Plaza de España afecte también a otras zonas colindantes y las calles a través de las cuales se conecta? Consigna, además, otros posibles espacios: Plaza de los Cubos / Enlace de las calles Reyes y Maestro Guerrero, con la Plaza de Conde de Toreno / Plaza de Emilio Jiménez Millás / Acceso a Conde Duque a través de la Plaza de Cristino Marcos... A partir de aquí –y en efecto cascada– la deriva se torna fácil objeto de manipulación, susceptible de introducir subrepticiamente ámbitos de remodelación que superen con creces el área de Plaza de España. Y –sin percibirlo–, renuncia a su pretensión de propuesta de proceso participativo decisorio.

Pasa a discurrir –erráticamente– en un formato habitual en asuntos de esta envergadura –ya practicado por administraciones anteriores–, que se conoce bajo diferentes denominaciones funcionales a los fines que se proponen: exploración de usos, consulta de demandas, nivel de satisfacción, etc.

Hacia el final del cuestionario, y pese a que su lógica interna promueve una intervención profunda en Plaza de España y aledaños, las tres últimas preguntas (16, 17 y 18) –que deberían estar al inicio– posibilitan rechazar la remodelación. Sin embargo, es evidente que su potencial efecto de negación se ve neutralizado por el fuerte condicionamiento generado a lo largo del cuestionario y su matriz sesgada a favor del “sí”.

Por lo expuesto –y sin entrar en otras múltiples consideraciones– de poco valor nos parece el argumento esgrimido por la concejalía de Participación, en el sentido de que la indiferenciación social y la superposición de diferentes targets –sumados a una deseable masividad en la participación–, neutralizarían los efectos de minorías y lobbies con intereses específicos (dato adicional: sólo un 0,858% de los ciudadanos censados en Madrid participaron en la consulta).

El enunciado inicial antes citado (“La plaza de España es uno de los espacios públicos más representativos…”) pone de manifiesto la decisión preexistente de intervenir el espacio de Plaza de España y zonas aledañas. Nos preguntamos ¿Con este “proceso participativo” supuestamente decisorio el ayuntamiento habrá pretendido sopesar el grado de consenso a favor de la remodelación? ¿O –quién sabe– intentó que la participación ciudadana modulara el perfil predatorio de la intervención prevista por la administración de Ana Botella? En cualquiera de las dos hipótesis ¿por qué no lo planteó claramente? ¿No es censurable devaluar el dispositivo Participación Ciudadana Decisoria tornándolo un instrumento de legitimación y consagración de intereses opacos? ¿No es pegarse –pegarnos, mejor dicho– un tiro en el pie? A la luz del resultado final no debería sorprendernos si el establishment decide interponer otros “procesos participativos” que le permitan consumar su estrategia con apoyo ciudadano.

A tenor de lo expuesto nos parece de la mayor importancia que la concejalía del área promueva un debate abierto para que –en lo sucesivo– puedan implementarse procesos verdaderamente participativos, eficientes y transparentes.