En Madrid, la concentración en defensa de la ley de emergencia habitacional y corte de suministros, se citó frente a la sede del Partido Popular en calle Génova 13, pero un fuerte dispositivo policial impidió acercarse hasta las inmediaciones del PP. El dispositivo blindó la calle desde metro Alonso Martínez hasta Metro Colón –unos 500 metros–.
 
Los centenares de personas reunidas decidieron dirigirse a la Puerta del Sol tras la lectura del manifiesto reivindicativo por parte de la Plataforma de Afectados por la hipoteca (PAH). En todo momento perseguidos por la policía que les cortaba el paso. En una especie de concentración itinerante, cientos de manifestantes ocuparon calles de Malasaña, Hortaleza, Gran Vía y Montera. Hasta que las Unidades de Intervención Policial (UIP) recibieron la orden de dejar continuar a los asistentes hasta Sol.
 
La jornada transcurrió con la práctica habitual que suponen las identificaciones de la gente que se manifestaba. Los participantes denuncian que la policía antidisturbios les agredió verbalmente e incluso se documentó un caso de agresión física a una mujer en Gran Vía.

Las concentraciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Santander, Ripollet, San Sadurni, Murcia o Málaga transcurrieron sin incidentes y con una reclamación clara a favor de la Ley 24/2015 como solución a la situación de emergencia habitacional que afloró a raíz de la crisis de las hipotecas, a partir del año 2008.

Ley 24/2015

La PAH consiguió promover tras siete años de lucha la Ley 24/2015 –ley de emergencia habitacional y corte de suministros–. El 29 de julio fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. El Partido Popular, que apoyó la norma en su momento, quiere llevarla Tribunal Constitucional para tumbarla antes de que finalice abril. Debido a que el plazo para presentar el recurso acaba el día 5 de mayo.

La ley 24/2015 tiene como finalidad garantizar el derecho a la vivienda digna y la protección contra la pobreza energética

La ley que se encuentra en vigor, tiene como finalidad garantizar el derecho a la vivienda digna y la protección contra la pobreza energética. En un estado en el que se han ejecutado más de 448.624 desahucios desde 2008, de los cuales 68.274 se han ejecutado en Cataluña, según la PAH.
 
Desde la plataforma recuerda que la ley busca aplicar la garantía del realojo de las familias desahuciadas, obligar a los bancos a ofrecer un alquiler social a las familias, forzar a las eléctricas a que asuman una parte del coste energético y, evitar el corte de suministros básicos. Por otro lado, dota a los ayuntamientos de mecanismos para hacer uso de los pisos vacíos de la banca y obliga al aumento del parque público de vivienda.

El PP contra la alternativa a los desahucios

Los afectados por los desahucios denuncian que el PP quiere acabar con esta ley como ya hizo con otras legislaciones autonómicas. Es el caso de la anulada Ley de Función social de la vivienda en Andalucía u otras como Navarra, Canarias y País Vasco.

En este último, el Parlamento Vasco aprobó el pasado julio de 2015 la Ley de Vivienda, que reconocía el derecho a reclamar un hogar en alquiler antes los tribunales, expropiar de forma temporal pisos a los bancos y la imposición de un canon a viviendas vacías. La norma salió adelante por iniciativa del PSE y con el apoyo de EH Bildu y UPyD. Con los votos en contra del PP y el PNV. Más tarde, el ejecutivo de Mariano Rajoy presentó una querella ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso y dejó la ley sin vigor a la espera de resolución.

El PP considera que todas estas medidas atentan cuestionan el derecho a la propiedad y se apoya en las sentencias ya ganadas para hacer caer también esta ley. Si el Constitucional admite a trámite el recurso, la Ley 24/2015 quedará paralizada hasta que se dicte sentencia. 

La PAH denuncia que, de suspenderse la ley 24/2015, “no sólo se condenaría a la exclusión social a miles de familias que a día de hoy pierde su casa y no tienen ninguna oportunidad de salir adelante, sino a toda la población que continúa sufriendo la estafa, mal llamada crisis”, concluyen.