Madrid I El nuevo reglamento entraría en vigor en septiembre
Carmena anuncia un plan que incluye 4.000 viviendas sociales para la legislatura

Desde la PAH califican de insuficiente el plan y critican que no se busquen "soluciones inmediatas" para la gente que es expulsada de sus viviendas.

18/04/16 · 16:21
Acción de la PAH en Madrid, en 2013 /David Fernández

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado este lunes en los desayunos de Europa Press un nuevo adelanto del plan de vivienda que debería entrar en vigor en septiembre.

La construcción de 4.000 viviendas sociales a lo largo de la legislatura, la reconfiguración de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y un “alquiler cero” para casos de “emergencia total” son las principales novedades de un reglamento que el Ayuntamiento lleva meses preparando.

Para Carmena resulta un “un poquito vergonzoso” hablar con alcaldes como los de París y Nueva York y constatar la “poquísima vivienda social que tiene el Ayuntamiento de Madrid”. El plan, que pretende enfrentar “el desastre humanitario de las ejecuciones hipotecarias”, incluye la construcción de nueva vivienda, la posibilidad de “incrementar la edificabilidad” en los proyectos de rehabilitación y continuar con el proceso de negociación con los bancos para la cesión del uso de viviendas.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se muestra expectante hasta conocer la redacción final del nuevo reglamento y si finalmente las alegaciones y modificaciones que ha presentado serán incluidas en la versión oficial. Mercedes Lovera, una de las portavoces de PAH Vallekas, adelanta que considera “insuficientes” las viviendas propuestas en los primeros borradores, así como como largos los plazos de ejecución. “Las propuestas que se hacen son muy a largo plazo y la emergencia está aquí, no podemos esperar dos años para dar solución a una familia”, dice Lovera a Diagonal.

“Las propuestas que se hacen son muy a largo plazo y la emergencia está aquí, no podemos esperar dos años", dicen desde PAH Vallekas

Para esta activista, el plan “no se ha hecho con un censo concreto previo y un plan adecuado a la realidad”. Igual de insuficientes son, para Lovera, el número de viviendas de emergencia que el Ayuntamiento pretende adquirir a través de la negociación con la banca, en concreto 300 viviendas de la Sareb. “Con eso se cubrirían solamente las necesidades de Villa de Vallecas”, dice.

Entre las alegaciones presentadas por la PAH destaca el cuestionamiento a la penalización de la recuperación de pisos y bloques, algo que podría afectar a los cientos de personas que habitan los edificios propiedad de bancos ocupados en el marco de la campaña Obra Social de la PAH, pero también a cientos y cientos de familias con bajos ingresos que han entrado a vivir en pisos vacíos por necesidad, ante la falta de alternativas habitacionales. 

Para esta portavoz de la PAH, “el Ayuntamiento está muy centrado en el tema de las mafias, pero entendemos que en la mayoría de las recuperaciones son de familias que han perdido la posibilidad y la capacidad de pago”.  Manuela Carmena, en el desayuno de Europa Press, se esforzó en distinguir entre aquellos que ocupan viviendas “por necesidad” y los “mafiosos y criminales”. Según afirmó, a los “ocupas por necesidad” sólo se les requerirá que abandonen sus viviendas cuando se les aporte una alternativa habitacional. A la vez que se actúa con dureza con los segundos.

Para Mercedes Lovera, “la vivienda debe cumplir una función social”, y resulta igual de “lamentable” que la vivienda se convierta en una mercancía en manos de los fondos buitre como en manos de “un grupo de personas que está estafando” a quienes las habitan. Pero nunca permitirán, añade, que se criminalice o se pongan impedimentos a las personas que se han visto obligadas a recuperar un piso o un bloque de viviendas.

Sobre la “nueva configuración” de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, Lovera prefiere esperar a tener más concreciones y conocer el texto real del nuevo reglamento. Éste ha sido unos de los puntos de roce entre las PAH y las asambleas de vivienda con el Gobierno de Carmena. Para esta activista, la Oficina “no es inclusiva”,  ya que excluye a muchos sectores que ven negado su “derecho a la vivienda”. Entre ellos, las familias que no pueden pagar alquileres privados o que han tenido que recurrir a la recuperación de viviendas. “Hay que darle un giro a esta oficina, basado en la realidad, escuchando a los colectivos que llevan años con un conocimiento directo para poder ofrecer soluciones inmediatas. Ahora no es eficiente, no ha se han obtenido los resultados esperados”, concluye. 

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