¿Cómo se las maravillaría un ministro de Industria neoliberal con un enfoque pro business en un país dependiente energéticamente, de estructura económica claramente orientada a los servicios, la construcción y el turismo, bajo su mayor crisis económica desde la posguerra? Pues con una pequeña ayuda de sus amigos: Miguel Sebastián, autor intelectual del proyecto Castor, María Dolores de Cospedal, que puso la localización exacta del cementerio nuclear de Villar de Cañas, el Tribunal Constitucional o el omnipresente lobby eléctrico. Aquí van unos cuantos hits con los que habría sido recordado José Manuel Soria si no se hubieran cruzado en su camino las famosas filtraciones. 

El hachazo a las renovables

En el cuarto país con la energía más cara de Europa (según datos de Eurostat), el exministro pasará a la historia como el responsable del recorte a la generación no oligopólica de energías renovables. El hachazo, de 3.000 millones de euros anuales a través de la eliminación de las primas, levantó desde 2013 las sospechas de de técnicos, organizaciones por un nuevo modelo energético y grupos ecologistas, por hacerse sin ningún informe técnico que lo justificara.

El año pasado presentaban una denuncia- que finalmente no prosperó- a la Fiscalía Anticorrupción porque, a su juicio, la medida beneficiaba claramente a las grandes compañías eléctricas. Con su dimisión, estamos más cerca de saber si Soria fichará por alguna multinacional del sector. Una porra organizada por internet bajo la etiqueta #ALaPorraSoria, arrojó este resultado: el ministro ficharía por Repsol.

Dentro de la batalla de uno de los miembros más odiados del Ejecutivo de Rajoy -sentimiento que, según cuentan, comparten al resto de ministros del Gobierno- contra la generación de energía solar, la penalización a la autoproducción y autoconsumo de esta fuente de energía es probablemente el episodio que más polémica ha levantado.

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Tras establecer diversas tasas contra este tipo de generación de energía, el Real Decreto aprobado el pasado mes de octubre fijaba un periodo de adaptación para las instalaciones fotovoltáicas que expiró el pasado 11 de abril. Una vez pasada esa fecha, todas las infraestructuras hechas antes de la aprobación del decreto que no hayan invertido en adaptarse a la nueva normativa quedan, técnicamente, fuera de la ley, y se enfrentan al pago de sanciones.

Fracking por la puerta de atrás 

La impopularidad de este método de extracción de energía, debido a las fuertes protestas y a un movimiento ecologista bien organizado, y el ‘pinchazo’ del sector petrolero debido a las bajadas de precios, han hecho que todavía no se haya iniciado ninguna obra de extracción de petróleo por fractura hidráulica en territorio español.

No obstante, en los días gloriosos del fracking -los que siguieron al fin de la Gran Recesión en EE UU-, Soria fue un defensor decidido de esta técnica. El ministro rechazó cualquier moratoria o prohibición sobre este método, y de hecho fue una normativa de Industria la que introdujo el fracking en la Ley de Hidrocarburos, algo que levantó polémica por conflicto de competencias con las autonomías que ya habían establecido regulaciones que prohibian este tipo de explotaciones ven sus territorios.

“Hay oscurantismo cero y transparencia infinita en la materia”

José Manuel Soria, en respuesta parlamentaria a Chesús Yuste (CHA) sobre la concesión de permisos para realizar prospecciones de fracking

Castor: el artículo 135 no se aplica a Florentino

En este caso, los defensores de Soria (¿hay alguno en la sala?) pueden argumentar que fue un ministro del PSOE, el exasesor económico de Zapatero Miguel Sebastián, quien autorizó el proyecto de almacenamiento de gas submarino impulsado por la empresa Escal UGS (controlada por la ACS de Florentino Pérez) sin una adecuada evaluación de riesgos. La alarma provocada por los temblores de tierra que siguieron a las primeras inyecciones de gas hicieron que el proyecto cerrara en 2014.

No obstante, la indemnización que cobró la empresa fue impulsada ya bajo mandato de Soria. La cantidad -cobrada en tres meses en plena era de recortes- fue de 1.350 millones de euros y fue aprobada mediante Real Decreto en octubre de 2014, aunque diversas asociaciones sitúan el coste total en 4.700 millones pagado directamente por los consumidores.

Los compromisos de partido influyen en la localización de un cementerio nuclear

El futuro del cementerio nuclear situado en la localidad conquense de Villar de Cañas está pendiente de un hilo, así que existe el temor de que el públicos acabe pagando la posible indemnización si finalmente no es construido. O los consumidores a través de la factura eléctrica o directamente el Estado. Lo que pasó con el Castor, trasladado a este silo nuclear situado en un pequeño pueblo manchego.

En este caso, según denuncian las organizaciones ecologistas, fue el Gobierno autonómico de María Dolores de Cospedal quien presionó al ministerio de Soria para que la infraestructura se construya en el pueblo pese a los informes que señalan que la zona no es geológicamente segura para almacenar los residuos.

Según hizo público en enero la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, el 67% de los contratos para las primeras obras del cementerio se adjudicaron a Iberinco, la filial de ingeniería y construcción de Iberdrola de la que es consejero Ignacio López del Hierro (marido de la expresidenta autonómica y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal).

Soria se hace más enemigos en su casa por las prospecciones

Desde 2012, Repsol cuenta con el permiso de Soria para realizar prospecciones petrolíferas frente a las costas de Canarias. Este nuevo espaldarazo al sector energético le costó al ministro crearse poderosos enemigos en su tierra; esta vez no se trataba solo de las asociaciones vecinales, ecologistas y de la oposición, sino incluso la industria turística y de hostelería, el sector pesquero, el Gobierno autonómico y seis cabildos insulares, unidos en contra de las consecuencias de diverso tipo que podrían tener estas prospecciones. Entre ellas, los riesgos de posibles vertidos y los efectos que el ruido tendría en diversas especies animales, especialmente los cetáceos.

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En esta pelea, el Tribunal Constitucional se mostró de nuevo como un poderoso aliado del Gobierno central -y de las agendas de sus ministros- al desautorizar en junio del año pasado el referéndum del Gobierno de Canarias sobre el proyecto. Repsol se había retirado de la partida en enero, anunciando que las primeras prospecciones no habían dado resultado. La empresa, no obstante, aún podría continuar con sus pesquisas si cambiara de opinión. Y, hasta hoy, ahí estaba Soria para garantizarselo:

“Volvería a autorizar sondeos como los de Repsol, o lo contrario sería prevaricar”

Eso declaró el ministro hace apenas dos semanas. Las prospecciones petrolíferas están afectando también a la costa balear y valenciana. Son permisos concedidos en la época de Zapatero, aunque las empresas están solicitando más, de momento con mucha menos relevancia política que en el caso canario. 

Conflicto minero: tregua vigilada por la UE

El recorte drástico de las subvenciones incluidas en el Plan del Carbón provocó una reacción en cascada en el verano de 2012: anuncios de despidos por parte de las empresas públicas y privadas del sector, y el retorno de las movilizaciones y marchas mineras protagonizadas por los sindicatos asturianos y leoneses.

A Soria le quedó el marrón de, una vez agotado el plan 2006-2012 (en el que el Gobierno de Rajoy había adelantado seis años el fin de las ayudas), negociar un nuevo plan para el periodo 2013-2018 sin el soporte de las subvenciones. Finalmente, en 2013 habría nuevo plan y pacto con las empresas y los sindicatos. A la parte sindical no sólo le favorecieron los restos de la poderosa estructura económica y organizativa heredada de años de luchas, sino el poderoso argumento de que una reconversión -léase cierre del sector- terminaría resultando más costosa económicamente.

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La paz social en las cuencas reproducía, a escala pequeña, la particular tregua negociada por Rajoy con el ojo austeritario de la Unión Europea: según recoge La Nueva España, dos años y medio después de que se firmara el Plan -es decir, cuando éste ya había recorrido la mitad de su camino- la Comisión Europea decía no entender cómo la producción del conjunto de la minería del carbón española apenas se reducía en seis años, de 6,55 a 5, 87 millones de toneladas; que el número de trabajadores sólo decrezca en 398 empleados, de los 4.894 de 2012 a los 4.496 de 2018; entre otras cuestiones. Pero esa pelota ya estará en otro tejado.

La aportación de Soria a la Ley de Costas

El sector turístico es la primera industria del Estado español. Con esa certeza, Soria se lanzó sin paracaídas al debate abierto con la reforma de la Ley de Costas por parte de Arias Cañete. La norma que ha puesto en manos privadas buena parte del litoral español debía ser para Soria una manera de impulsar el sector; así lo dijo en el Foro Nueva Economía.

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El ministro defendió la idea de que la “utilización no abusiva” de las costas debía ser compatible con “incorporar el valor” que reúne nuestro litoral: en dos palabras, el sempiterno ‘sol y playa’. “Es necesario dotar de flexibilidad a los operadores, administraciones y resto de agentes implicados para que puedan modernizar sin trabas”, dijo.