Esta mañana está citado a declarar como imputado en el juzgado número 48 de Madrid, Juan Van-Halen Rodríguez, exgerernte del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) por la venta de varias promociones de viviendas públicas a un fondo buitre.

Van-Halen ha sido, además de responsable del Ivima, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, hasta su dimisión en febrero de este año, a raíz de su implicación en la venta de viviendas públicas.

A la causa penal por la venta de las viviendas a un fondo buitre, abierta por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), está presentada como acusación particular la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI) en representación de las 2.900 familias afectadas.

Su portavoz, Sonia Martínez ha declarado a Diagonal que esperan que "las declaraciones hoy del exgerente del Ivima, tengan más repercusiones judiciales", en referencia a los cargos del PP que estaban por encima de Van-Halen entonces, y que hoy siguen ocupando puestos de responsabilidad política. Ese es el caso de Pablo Cavero, entonces Consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre, hoy concejal del Ayuntamiento.

La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima lleva más de dos años y medio denunciando esta operación especulativa que se llevó a cabo desde la Comunidad de Madrid con la venta de 32 promociones de viviendas del organismo público adquiridas por el fondo buitre Azora-Goldman Sachs. En total, esta empresa se hizo con 2.935 viviendas por 201 millones de euros.

Como consecuencia de esta venta, la mayoría de estas familias han perdido su vivienda debido a la operación especulativa en la que presuntamente estuvieron implicados varios cargos del PP madrileño. Muchas de las familias que habitaban esos pisos públicos han sido desahuciadas y otras tantas se han tenido que marchar de sus viviendas porque los nuevos propietarios no les han renovado el contrato.

Es probable que las declaraciones de Juan Van-Halen vayan en la línea de las que hizo en su día Ana Gomendio, exgerente del Ivima, que le sucedió en el cargo y acabó de ejecutar la venta de las viviendas. Si esto es así, todo apuntaría a Cavero, mano derecha de Aguirre. Por este caso, también declararon ayer ante el Juzgado varios funcionarios que intervinieron en la operación.

Por la enajenación de las viviendas del Ivima, también hay abiertos cinco recursos contencioso-administrativos, tres de ellos interpuestos por colectivos sociales y dos individuales.

Los actores principales

"Esperamos que si las preguntas del fiscal van en la línea de lo que tienen que ir, el juez acabe llamando a declarar a Cavero, pero también a Borja Caravantes, entonces viceconsejero de Transportes y hoy concejal con Aguirre", explica a este periódico el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), Enrique Villalobos.

Cavero llegó a la Comunidad de Madrid tras su carrera como directivo en el Grupo Barclays, y además participaba junto a algunas personas de su familia en la sicav Bussola 99, gestionada por BBVA Patrimonios Gestora, gestionada al mismo tiempo por Goldman Sachs.

Villalobos asegura que esta operación especulativa de venta del patrimonio público no fue una cosa fortuita, sino un plan de la Comunidad de Madrid, perfectamente orquestado: "La Comunidad de Madrid se puso de parte de la empresa que se quedó con los pisos y no de parte de los ciudadanos".

El representante de la Fravm afirma que llevan más de dos años y medio esperando las declaraciones de Van-Halen (en febrero tenía que haber ido a declarar) y confían en que se demuestre la responsabilidad de todo el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid en la venta de los inmuebles públicos.

Enrique Villalobos también señala las familias afectadas "han sufrido una pérdida de derechos fundamentales" ya que han sido sometidas al acoso inmobiliario y muchas se han quedado en la calle de la noche a la mañana.

Además, el fondo buitre se ha desentendido de una parte de esas viviendas que adquirió y ahora esos pisos son objeto de la mafia de la ocupación: grupos que hacen de la ocupación un negocio para abusar de personas sin recursos.

En este proceso penal, el tribunal ha pedido a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude un informe sobre las vinculaciones económicas entre "las sociedades Bussola 99 Sicav, SA, Azora Gestión SGIIC, SA y las por ellas participadas Encasa Madrid, SL y Goldman Sach Group INC, Goldman Sachs Internacional".