Refugiados
Una crisis estructural de los derechos

El acuerdo del 19 de marzo sigue la esencia colonial del proyecto europeo.

, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Girona
04/04/16 · 8:00
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Solicitantes de asilo llegando al Pireo, puerto de Atenas, desde Lesbos. / Marta Saiz

Los derechos humanos se muestran como barreras de contención que logran aparentar cierta capacidad de resistencia en tanto en cuanto no sean verdaderamente presionadas. Cuando esto último ocurre, se deshacen con facilidad, incluso las referidas a los derechos más elementales, aquellos que son precondición del resto de derechos, como la vida misma.

En parte, dicha inconsistencia tiene que ver con el modo en el que se ha insertado en nuestra cultura jurídica la noción de excepcionalidad. Ya sea en términos formales (mediante la declaración de estados de emergencia o incluso de excepción, o por aplicación de la excepcionalidad permanente propia de la legislación antiterrorista) o en términos de discurso político, cuando se detecta una situación que es categorizada como excepcional, como “crisis” que altera una pretendida normalidad.

Resulta paradójico que el sistema de derechos pueda quedar debilitado (cuando no directamente desactivado) cuando de una “crisis” se trata. La construcción de barreras jurídicas debería, precisamente, servir para dotarnos de mejores mecanismos para enfrentar tales crisis, tales situaciones de anormalidad, puesto que, como ya señaló Walter Benjamin: la tradición de los oprimidos nos enseña que el “estado de excepción” en el cual vivimos es la regla.

Así se nos presenta la “crisis de los refugiados”, a la que se acaba de dar una respuesta “excepcional” por parte de la UE mediante el acuerdo con Turquía. El acuerdo instaura un mercadeo humano y un ejercicio de amnesia respecto de la reciente historia europea. Pero es también una abierta vulneración de exigencias básicas del Derecho de asilo y de la protección internacional recogidas además en la propia Carta de Derechos Fundamentales de la UE (su artículo 19 recoge la prohibición de expulsiones colectivas y la garantía de no devolución de una persona a un Estado no seguro). Pero no se trata de algo aislado, ni aislable: una afrenta de tal calibre contradice el sentido mismo de los derechos, que deberíamos concebir fundamentalmente como herramientas de defensa de quienes han sido colocados en posición de mayor vulnerabilidad. Dicha situación es la que afecta a buena parte de las personas migrantes y claramente lo es para quienes deben huir de su país porque en el mismo peligra su vida o derechos más elementales y que han dejado de ser protegidos por el Estado del que forman parte.

Existe para todo Estado un deber jurídico de acogida y de protección de los derechos de quienes puedan ser solicitantes de asilo y, en general, hacia toda persona que se halle en tránsito migratorio en condiciones precarias, vulnerables. Así como los derechos se refieren especialmente a sujetos con menos poder, las obligaciones se predican más reforzadas respecto de sujetos con más poder. Ello conlleva que la obligación de acogida sea más exigible, si cabe, para los Estados que por sus circunstancias económicas y sociales se encuentran en mejores condiciones para satisfacerla. Po­dría­mos añadir otro criterio: la obligación se refuerza respecto de Estados que por acción u omisión son responsables de las causas que llevan a centenares de miles de personas a salir de sus países.

El acuerdo con Turquía no es excepcional. Detrás del mismo hay una regulación, conocida como sistema de Dublín, que contiene, ya desde que se iniciara en 1990, la esencia del “espíritu UE” en materia de asilo. Se trata de una normativa comunitaria que, paradójicamente, renacionaliza la competencia en materia de concesión de asilo con la rígida determinación del primer país receptor como responsable. Se permiten residuales excepciones, que en la mayor parte de los casos no concurren (restrictivos supuestos de reagrupación familiar o que el solicitante hubiera sido residente en otro país miembro).

Se podría afirmar, en consecuencia, que el sistema de Dublín configura un mecanismo de irresponsabilidad, del que se derivan numerosas situaciones conflictivas, como el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos e incluso el Tribunal de Justicia de la propia UE se han encargado de señalar en distintas sentencias.

La misma lógica es la que impera en las políticas migratorias: se comunitarizan algunas formas de control de fronteras en su dimensión policial (e incluso militar) mediante la creación de la agencia Frontex, el SIS (Sistema de Información Schengen) o el SIV (visados), mientras se consolida la dimensión nacional de la responsabilidad con respecto a la acogida de inmigrantes.

En materia de derechos humanos, la “fórmula UE” significa, en general, el rechazo a la asunción de responsabilidades compartidas: es una organización supranacional que sólo asume obligaciones hacia la comunidad internacional en el terreno de acuerdos económicos, de comercio e inversión, pero que se des-responsabiliza en materia de derechos, atribuyendo la carga de su defensa a los Estados miembros, en una dinámica de igualación a la baja, es decir, de equiparación en los estándares de protección menos garantistas.

La llamada “crisis de los refugiados” está haciendo emerger el alcance de la descomposición cultural (moral, jurídica y política) del proyecto europeo. Resulta impostergable un radical cambio de rumbo que debería partir de algo tan básico como el primer deber contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y (…) deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Este deber se conecta con el derecho a la libre movilidad humana, el derecho de todas las personas “a salir libremente de cualquier país, incluso del propio” (art. 13.2 de la Declaración), cuyo correlato es, inevitablemente, la obligación de acogida de los Estados.

Frente a la actual UE, y su repliegue de corte excluyente y xenófobo, debemos defender sin complejos el derecho a la libre movilidad humana, pues, en el contexto de las abismales desigualdades mundiales resulta condición imprescindible para la efectividad del resto de derechos humanos. Lo contrario implica, sencillamente, dar por terminado el proyecto político de la UE como espacio democrático e inclusivo, y renunciar abiertamente a superar su esencia colonial.

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