Servicios públicos
El cambio en Madrid tropieza con la basura

Carmena vuelve a poner los residuos sólidos urbanos en manos de las grandes empresas. Expertos y grupos por la remunicipalización hablan de falta de voluntad política.

12/04/16 · 7:44
Huelga de basuras en Madrid, en noviembre de 2013. / David Fernández

Ustedes conocen a Carlos Slim (es un decir). El magnate mexicano acaba de arrebatar a la familia Koplowitz el control de una de las mayores constructoras españolas, FCC, y a través de ella probablemente se convertirá en el gran timonel de la recogida de basuras en Madrid, junto con Florentino Pérez (ACS/Urbaser). Esto es así porque el 16 de marzo el Ayuntamiento (Ahora Madrid) volvió a sacar a concurso este servicio, que desde noviembre de 2016 será gestionado por empresas privadas durante al menos cuatro años más.

Con su anuncio, la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, daba la espalda al programa de la formación confluyente, que hablaba de poner en manos del Ayun­tamiento este servicio. Sabanés presentó dos argumentos: falta de tiempo para preparar de forma conveniente la subrogación de la plantilla de 1.900 personas y la imposibilidad, dictada por el Gobierno central, de superar la tasa de reposición de empleados públicos para 2016. Un día después, el responsable de Eco­nomía, Carlos Sánchez Mato, declaraba en una charla pública que al Consistorio de Manuela Carmena le había faltado “voluntad política” para llevar a buen puerto el camino de la remunicipalización de este servicio por el que las concesionarias –hoy FCC y la unión temporal de empresas formada por Urbaser y Ferrovial– facturarán cerca de mil millones de euros.

A diferencia de la otra área metropolitana del Estado español con más de tres millones de habitantes (Bar­celona), la región de Madrid todavía cuenta con un suministro público de agua, si bien en proceso de privatización. Así que, en el nivel estrictamente municipal, los contratos de limpieza representaban la otra gran pata de la apuesta de gestión directa de los servicios públicos privatizados por el Partido Popular.

Al menos uno de ellos, el de la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos, estaba en la agenda del Gobierno de Ahora Madrid, señala Jorge Riera, de la Plataforma madrileña por la Remunicipalización de los Servicios Públicos. El Ayunta­miento ya tenía incluso presupuestada la compra de una nueva flota de camiones. En marzo de 2016, Sa­ba­nés pospuso cualquier posibilidad de remunicipalización, como mínimo, hasta noviembre de 2020, con dos años prorrogables. Toda una vida en términos de ciclos políticos. ¿Qué ha pasado?

Y verás a Manuela pasar

En 2015, Carmena aterrizaba en las confluencias a través de la lista de notables confeccionada a golpe de teléfono por el número dos de Po­demos, Íñigo Errejón. Saludada como única opción ganadora frente al aguirrismo, la lista arrasa en las primarias de Ahora Madrid. Sólo dos concejales ajenos a la candidatura encabezada por ella acabarán teniendo asiento en la Junta de Gobierno municipal (equivalente a un consejo de ministros): Mauricio Valiente (teniente de alcalde) y Carlos Sánchez Mato (Hacienda).

Primeras decisiones en el auge del carmenismo: la nueva alcaldesa crea la figura de la Gerencia de la ciudad, un cargo funcionarial no electo con competencias de coordinación sobre todo el cuerpo de funcionarios municipales, incluidos los servicios jurídicos. Al frente coloca a Carmen Ro­mán Reichmann, procedente del cuerpo de funcionarios de élite del Ministerio de Hacienda y directora general en los gobiernos de Aznar y Zapatero. Son los servicios jurídicos directamente bajo su mando los que descartan de plano la remunicipalización del servicio de limpieza viaria (no confundir con la recogida de basura) y de todos los firmados bajo los llamados contratos integrales heredados de Ana Botella.

Los expertos niegan que la limitación de contratar personal afecte a la recogida de basuras

Éstos, que afectan también a parques y jardines, están en plena vigencia en 2016, con lo cual su anulación sería costosísima. “Es cierto que en este caso una remunicipalización sería más complicada”, concede Jorge Riera. “Pero ellos [Ahora Madrid], cuando tomaron posesión en junio, sabían que les quedaba un año y medio para la finalización de la concesión de la recogida de basura, y han tenido tiempo más que suficiente” para hacer los trámites necesarios. En la misma línea se manifiesta Enrique Villalobos, de la Federa­ción Regional de Asociaciones de Ve­ci­nos de Madrid (FRAVM), para quien “ya ha habido tiempo” para analizar e implementar la municipalización de este servicio.

Algo para lo que, resalta Villalobos a Diagonal, haría falta “que los servicios jurídicos estén en sintonía, una reestructuración de estos servicios y vencer oposiciones que ahora mismo existen. Están siendo muy conservadores en este ayuntamiento con respecto a lo que hay en otros”, asegura. El presidente de la federación vecinal apunta también a otro bagaje negativo del carmenismo: el recorte hasta el mínimo, en nombre de la transparencia, de los puestos de asesores de confianza a disposición de los concejales. “Los concejales renunciaron a tener un equipo que les permitiese ir más rápido. Se tendrían que haber rodeado de muchísimos asesores para echar a andar la ciudad con el modelo defendido”, explica.

De la naturaleza de este error da idea el testimonio de Jordi Colomer i Mise, ambientólogo catalán experto en la gestión de servicios públicos. Con experiencia como asesor ambiental desde 1999 en más de una docena de municipios catalanes y vascos, Colomer es tajante: “La mayor dificultad para cualquier proyecto de remunicipalización es que tienes que cambiar la forma de funcionar de muchísima gente”, explica a Diagonal. No los obstáculos técnicos y económicos, sino las inercias internas y, también, los intereses creados. En el caso de Madrid, no se debe pasar por alto la oposición pública de los sindicatos CC OO y UGT, mayoritarios en la plantilla de las concesionarias.

Colomer no tiene empacho en reconocer cómo, para devolver el agua a gestión directa del Ayuntamiento en la localidad barcelonesa de Arenys de Munt (8.000 habitantes), “desde la empresa municipal tuvimos que crear un grupo paralelo” al de los técnicos municipales que tenían que resolver los expedientes. “O das con el típico guerrillero o tienes que montar tú el equipo, rodearte de gente que te ayude”, asegura. Hoy el agua en Arenys está bajo gestión de una empresa municipal.

La paradoja austeritaria

Claro que la gestión de Madrid funciona en otra escala distinta a la de una localidad pequeña del Maresme barcelonés. Volvamos a las dificultades técnicas: el traspaso de cerca de 1.900 personas de tres empresas privadas a algún tipo de organización bajo control municipal. Los expertos consultados defienden la viabilidad técnica del traspaso, y de hecho niegan que la Ley para la Racionali­za­ción y la Sostenibilidad de las Admi­nis­­traciones Locales (LRSAL), la lupa austeritaria bajo la que están los ayuntamientos desde 2012, pueda impedirlo.

El hecho es que las cuentas de Madrid han salido de los números rojos –en los términos del plan de ajuste dictado por Montoro– en 2014, y por lo tanto el Ayuntamiento es libre de crear empresas. Además, la limitación de contratar nuevo personal no afecta a los servicios considerados esenciales por la propia ley, entre ellos, la recogida de basura. Éstos pueden ser asumidos por el municipio en caso de urgencia y necesidad, siempre que sea con emplea­dos temporales. “Si tú quieres remunicipalizar ahora, lo puedes hacer”, señala Colomer.

Éste era el plan de Sánchez Mato, en la línea del equipo de Zaragoza en Común que gobierna en minoría la capital aragonesa. El concejal de Economía defendía la figura legal de la sucesión de empresas para poder efectuar la subrogación de la plantilla. Colomer indica incluso una grieta abierta por la lógica austeritaria de la LRSAL. “La ley dice que los municipios deben dar los servicios de la forma más eficiente y económica, te obliga a valorar económicamente qué te cuesta una y qué te cuesta la otra vía”, señala. Y aquí la gestión directa municipal lleva ventaja por no llevar aparejado el pago de IVA (un 10% para recogida de basuras) y de beneficio empresarial (de entre un 5% y un 20%, según el sindicato CGT, favorable a la municipalización). Unos sobrecostes que recogió un informe del Tribunal de Cuentas del año 2013 sobre servicios públicos privatizados.

En ocasiones, como en las concesiones de agua o en determinadas fórmulas de construcción de hospitales, las administraciones están interesadas en el canon que les ‘adelantan’ las empresas: en el mejor de los casos, y sin comisiones mediante, dinero contante y sonante para las agobiadas arcas públicas que además no cuenta como deuda (aunque está sujeto al pago de intereses). Algo que no sucede en el caso de la recogida de basuras.

Entonces, ¿por qué traicionar el programa si la remunicipalización es viable y económica? “Se han postergado ciertas decisiones para que el servicio funcione, que no haya un vacío, que no haya un choque frontal con las empresas y al final lo paguemos los ciudadanos”, señala el portavoz de la FRAVM, con una visión más favorable del Ayuntamiento.

“Podemos llegar a empatizar con la posición de algunos concejales y entender las dificultades”, señala Riera, completamente crítico. “No es por los problemas técnicos, ni por la presión de los sindicatos ni por los funcionarios. El equipo de confianza de Carmena está peleando a favor del Ibex 35”, señala desde dentro del Ayuntamiento un trabajador, en referencia al todopoderoso Luis Cueto y a Carmen Román, mano derecha e izquierda de la alcaldesa.

Las cuentas del agua no cuadran

El caso de la privatización del agua en Arenys de Munt (Barcelona) da una idea de los sobrecostes que frecuentemente van asociados a la gestión indirecta. Un informe de la interventora del Ayuntamiento echó por tierra en 2015 las pretensiones de la concesionaria, la empresa Sorea, de reclamar 600.000 euros a este Consistorio por supuestas deudas pendientes tras la finalización del contrato. No sólo esto, sino que la interventora pasó a reclamar 200.000 en favor de este municipio tras detectar partidas contables inexactas, especialmente en el capítulo de gastos fijos, y tras estimar que la empresa obtuvo más beneficios de los declarados en dos ejercicios. 

Remunicipalizar: más justo y más económico

El Tribunal de Cuentas valoró en 2013 el paso a manos privadas de diversos servicios municipales. Esto es lo que encontró: 

Agua

22% de sobrecoste con un 30% más de pérdidas en la red y un 15,5% menos de inversión.

Alumbrado

-27% de coste. Pero con 7% menos de horas semanales y sin incluir los gastos de renovación del material. 

Limpieza

71% de sobrecoste. Con un 90% menos de papeleras, menos personal y más automatización.

Basuras

27% de sobrecoste.

Cementerios

-2% de coste, pero con un 59% menos de dedicación horaria. 

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comentarios

2

  • |
    xabymonty
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    13/04/2016 - 1:04pm
    Buen artículo, se agradece un análisis riguroso de la situación.
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    Ecos..
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    13/04/2016 - 10:08am
    Se puede (aunque no se fácil) remunicipalizar, pero no se quiere. Ayuntamientos más pequeños han visto claramente que no hay que dejarse presionar por los contratistas ni por la oposición. Desechar la gestión directa es reducir al mínimo el escaso margen de maniobra de la actividad administrativa, teniendo en cuenta que los Presupuestos municipales seguirán inevitablemente en los próximos años, se remunicipalice o no, con unos grandes gastos ya consolidados. Además, con la gestión privada e indirecta no se puede controlar suficientemente la aplicación intensa y efectiva de las cláusulas sociales (y también ambientales) que se introduzcan en los contratos. De modo general, se evidencia la necesidad la necesidad de modificar la Ley de Contratos del Sector Público para que el interés general pueda defenderse mejor frente a las grandes empresas contratistas.