A principios del 2015 Pablo D.O. y Álvaro F.R. dos brigadistas internacionales españoles acudieron de forma voluntaria a Kurdistán ante la llamada pública del Partido Comunista Marxista-Leninista de Turquía (MLKP) para combatir del bando del pueblo kurdo contra el autodenominado Estado Islámico (ISIS).
 
Su lucha se apoyó en las fuerzas de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), conocido como ejército del joven Estado de Rojava. Según la Plataforma de Apoyo Internacionalistas, las YPG se han convertido en los últimos años en el enemigo que más territorio ha capturado al ISIS. Además, añaden, los brigadistas “han llevado a cabo campañas de visibilización de la revolución democrática que protagoniza el pueblo kurdo”.

Los internacionalistas fueron detenidos por la policía el día 2 de julio del 2015 tras regresar de Kurdistán, acusados de participar en un conflicto armado fuera de España sin autorización del Estado, lo que puso en riesgo los intereses nacionales, según Interior. Desde la Plataforma consideran una vergüenza que “se persiga, ilegalice y encarcele a personas por solidarizarse con un pueblo que está siendo masacrado”.

“Los dos jóvenes internacionalistas se fueron a luchar junto al YPG que no tiene ninguna relación”Además, se les acusó de participar con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea. No obstante, desde la Plataforma explican que “ellos se fueron a luchar junto al YPG, que no tiene ninguna relación”.

El pasado 7 de julio de 2015 el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretaba libertad para los dos jóvenes con cargos de supuesta pertenencia a organización terrorista, la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado más próximo a sus domicilios y la prohibición de salir del territorio nacional.
 
En una nueva operación policial, el 27 de enero del presente año, nueve personas fueron detenidas en Madrid, Valencia y Bilbao bajo el marco de la Operación Valle, acusadas de colaborar y facilitar en la integración de individuos en el PKK.

La Plataforma niegan ninguna relación con este grupo y denuncia que “las operaciones policiales responden a exigencias de Turquía al Estado Español”, con la campaña, explican, han difundido sus fotos, nombres y datos de sus viviendas en internet: "Nos han señalado para que el ISIS venga a matarnos", denuncian.

Concentración en apoyo a los detenidos

Roberto Vaquero, único de los acusados que permaneció casi dos meses detenido bajo régimen FIES, cuenta a Diagonal durante la concentración en Sol que “se trata de una campaña criminal no sólo aquí en España, también en otros sitios como Alemania que es donde más kurdos hay”. Asimismo, califica la operación de montaje vergonzoso que “muestra las deficiencias democráticas en España” y comenta que las detenciones se ejecutaron con un dispositivo fuertemente armado: “Entraron en mi casa a las seis de la mañana y echaron la puerta abajo cargados con armas automáticas”.

Junto a los nueve arrestados pertenecientes al Partido Marxista Leninista-Reconstrucción Comunista (PML-RC), se llamó a declarar a otras cinco personas en los días posteriores, los cuales habrían militado alguna vez en esta formación. En total, catorce investigados de pertenencia o colaboración con organización terrorista y tenencia de explosivos. “Lo que se han llevado han sido libros de literatura”, explica Vaquero. Respecto a las armas de las que informó Interior, comenta que “lo que hallaron fue un fertilizante, que además contenía huellas que no eran ni mías ni de ninguno de los otros detenidos”.

Salvo Vaquero, que permaneció 49 días en prisión, el resto de los acusados salió al poco tiempo en libertad con cargos bajo fianzas que oscilan entre los 6.000 y los 10.000 euros. El juez Velasco ordenó la prohibición de actividades al PML-RC hasta que finalice la investigación, acusado de ser una filial del PKK en España. Además, ordenó la clausura de sus locales en Vallecas y Valencia. Por su parte, el acusado se reafirma en lo que dijo en el juicio: “No conozco ni he conocido a nadie del PKK”.

Desde la Plataforma denuncian la persecución policial que han sufrido y todavía sufren los detenidos: “Mientras estábamos en la cárcel hemos perdido nuestras casas, nuestros locales, nuestros trabajos y encima la policía nos sigue presionando”. Consideran que se trata de una operación en la que les quieren condenar por no callar ante el terrorismo extremista y ser solidarios con el pueblo kurdo, “quieren encerrar la solidaridad de los pueblos”, concluyen.