Caras de circunstancia esta mañana en la Sala Lluís Companys del Ayuntamiento de Barcelona. Una rueda de prensa de Laia Ortiz (Barcelona en Comù), Jordi Coronas (ERC) y Amadeu Recasens (comisionado de Seguridad), que debía servir para presentar las conclusiones de la Mesa de ciudad sobre la venta ambulante irregular, ha derivado en una clara advertencia de mano dura contra el colectivo de personas que se dedican a la venta ambulante.

Las tres entidades más representativas del colectivo de vendedores ambulantes no habían sido informadas de la convocatoria de la rueda de prensa y han reaccionado con indignación

Las tres entidades más representativas de las vendedoras ambulantes –Tras la Manta, el Espacio del Inmigrante y el Sindicato Popular de Vendedores ambulantes– no habían sido informadas de la convocatoria previamente y han reaccionado con indignación. "Denunciamos que el supuesto Ayuntamiento del cambio anuncie a la prensa que hoy dará las conclusiones de la mesa de negociación sin avisar a las entidades que forman parte ni el colectivo directamente afectado", expresó Tras la Manta en un comunicado.

"El Ayuntamiento nos invitó a la mesa de negociación sólo como un lavado de cara populista, sin importarle nuestras intervenciones y propuestas", añadieron. "Queda claro que, por este gobierno municipal, la consulta a los movimientos sociales es puro maquillaje; siguen haciendo vieja política", han resumido. SOS Racismo se ha sumado a la queja por no haber sido informada.

El primero de tomar la palabra en la rueda de prensa ha sido el concejal de ERC Jordi Coronas –presidente de la Mesa de ciudad–, que ha puntualizado que "la función de la mesa era muy clara, se trataba de diálogo, en ningún caso de negociación". Pese matizar que "son conclusiones no unánimes", relató los puntos que, según él, serían las conclusiones de la mesa y ha destacado especialmente "el cambio de situación". Según Coronas, "lo que en su momento era un medio de subsistencia de personas que vendían productos en las playas o poniendo mantas en la calle, hoy en día es una trama de negocio que abarca diferentes niveles".

Para complementar esta argumentación, afirmó: "Tenemos un problema de red, de organización y de venta de productos falsificados y entendemos que los manteros son el eslabón más débil de esta cadena". Es por ello que ha defendido la actuación policial acompañada de un plan social. "La conclusión es que las dos medidas deben ir coordinadas. Con acción policial y persecución de estos productos falsificados en la calle no solucionaremos el problema, pero, por otro lado, hay que hacer el abordaje social", concluyó.

A continuación ha hecho una petición de "responsabilidad" a las entidades que defienden los derechos humanos. "Las soluciones que se ponen sobre la mesa son positivas y es importante que se entienda que, en el ámbito competencial del Ayuntamiento de Barcelona, ​​se hace un esfuerzo, pero debe haber corresponsabilidad de todas las partes, por evitar que la tensión se convierta en un conflicto que perjudicará a los más débiles ", advirtió. Sin referirse a ella directamente, enviaba un mensaje a las personas y las entidades que organizan el Mercat Rebel cada sábado por la tarde en Canaletes.

Amadeu Recasens, comisionado de Seguridad, ha complementado las palabras de Coronas y anunció que la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos "actuarán" si se vuelve a convocar la protesta. "Estamos hablando claramente de un tema de orden público y eso es competencia de los Mossos; estaremos a la espera de su actuación y no tengo ninguna duda de que harán lo que tienen que hacer", ha dicho Recasens, que , de esta manera, se adhería a la postura de Albert Batlle, jefe político de los Mossos. "Es un problema de actividad delincuencial amparada con concentraciones y manifestaciones no comunicadas y la respuesta será el levantamiento de actas y la aplicación del régimen sancionador", adelantó Batlle pasado viernes.

La concejala Laia Ortiz ha anunciado la medida estrella del plan social: ofertas laborales específicas para las personas "más vulnerables" durante un período de doce meses. "Centraremos las medidas de respuesta en aquellos que estén en peligro de exclusión. Desde la oficina de atención a los asentamientos, se está haciendo un censo de personas y eso lo vincularemos con Barcelona Activa", puntualizó. Ortiz no ha concretado el número exacto de planes de empleo, pero Coronas les ha cifrado en cerca de "ochenta o noventa" en un plazo de tres años, entre los ofrecidos por Barcelona Activa y los provenientes de las entidades de inserción social. El mismo consistorio cifró el número de personas manteras en 400, un 70% de las cuales no tiene papeles regularizados, a las que debería ir destinado el plan de empleo.

Ortiz y Coronas han visto con buenos ojos la propuesta de una tarjeta de ciudadanía barcelonesa hecha por la CUP-Capgirem. "Nosotros vemos bien la tarjeta de ciudadanía, porque lo que nos multiplica los obstáculos es la ley de extranjería; lo que está a nuestro alcance es el empadronamiento activo y la creación de una identidad barcelonesa para aquellas personas que no pueden optar a papeles ", ha manifestado la concejala.

"Los representantes del mundo del comercio decían que el Ayuntamiento no emitía un mensaje claro, no sé como lo veis vosotros, pero creo que el mensaje es bastante claro", sentenció este mediodía Jordi Coronas, presidente de la Mesa de ciudad. Tras la comparecencia institucional, el colectivo Tras la Manta ha intensificado la movilización en las redes de cara a la concentración del sábado. Los concejales de la CUP-Capgierm en el consistorio han anunciado su presencia en solidaridad con las vendedoras ambulantes. La destrucción de los puentes de diálogo escenificada hoy hace prever un conflicto al alza durante los próximos días.