Comencemos por el sector público: 35 horas semanales

La autora considera una "necesidad imperiosa" la instauración de la jornada de 35 horas semanales en la sanidad pública madrileña para recuperar plantillas y ofrecer un mejor servicio.

, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y militante de Izquierda Anticapitalista
08/03/16 · 12:06
Una manifestación por la sanidad pública en Madrid. / Adolfo Luján / Diso Press

Esta semana el Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado una Resolución de Podemos sobre Personal del Servicio Madrileño de Salud que insta al gobierno de la Comunidad de Madrid a instaurar la jornada de 35 horas semanales, como paso previo para recuperar las plantillas perdidas. El Partido Popular votó en contra y Ciudadanos se abstuvo.

La Comunidad de Madrid ha perdido 6.400 profesionales sanitarios entre los años 2008 y 2015. Con un porcentaje de precariedad del 34%, entre eventuales –14%–, e interinos –20%–.

Esto ha hecho que actualmente la lista de espera quirúrgica esté en 80.400 pacientes, que se hayan disparado las listas de espera diagnóstica y de primera consulta y que la demora en Atención Primaria ya sobrepase en algunos Centros de Salud la semana. Ante esta falta de personal, la única respuesta de la administración es cerrar camas (unas 1500 en los últimos años) en los hospitales, lo cual lleva al colapso de los Servicios de Urgencias.

Es una necesidad imperiosa –si queremos mejorar las cifras del desempleo en la Comunidad– que se comience por el sector público, no sólo porque la pérdida de empleo en estos sectores los está destruyendo, sino porque son precisamente estos servicios donde se puede y debe crecer.

Y son precisamente los que han precisado crecer en ésta época de crisis para mitigar las consecuencias de la misma en las clases populares. Pero el PP madrileño optó por las políticas de austeridad y ajuste que han desmantelado los servicios públicos e incrementado las desigualdades.

La situación de estos servicios públicos en nuestra Comunidad está muy por debajo de la media del Estado. Estamos hablando de la comunidad autónoma con renta per cápita más elevada, pero la tercera que menos invierte en sanidad.

Es también la que más ha recortado en educación (21,2%), siendo el gasto por habitante el más bajo de España. En los servicios sociales básicos había en el año 2014 un/a trabajadora social municipal por cada 720 habitantes en Navarra, y uno/a por cada 7.916 habitantes en Madrid.

El gasto de Comunidad Autónoma y Entidades Locales de Extremadura en servicios sociales fue en 2013 del 2,57% de su PIB regional, y en Madrid el 0,93%, según el índice DEC 2014.

Unos servicios sociales deplorables en muchos casos, como demuestran las residencias para personas mayores, sector éste que sin embargo genera un total de 35 empleos directos, estables y no deslocalizables por cada millón de euros de gasto público.

Si, como dice la señora Cifuentes –también el Sr. Rajoy–, su principal preocupación es el desempleo y, por tanto, la creación de empleo es su prioridad, habrá que empezar por aquel sector en el que está directamente involucrado el propio gobierno, y del que se puede beneficiar toda la ciudadanía, por sus características redistributivas.

La corrupción que ahora aflora, procedente de los sucesivos gobiernos populares, es la que se ha llevado por delante los miles de millones que habían podido ir a mejorar el bienestar de la población madrileña

Cuando se habla de la creación de empleo, el Partido Popular dice que no se puede sobrepasar el déficit, y Ciudadanos alude a que se necesitan profesionales sanitarios pero que eso no suponga elevar las partidas presupuestarias...

Que tomen nota, porque la corrupción que ahora aflora, procedente de los sucesivos gobiernos populares, es la que se ha llevado por delante los miles de millones que habían podido ir a mejorar el bienestar de la población madrileña.

Un solo ejemplo: los presupuestos de sanidad de este año ascienden a 7.450 millones de euros, de ellos 1.000 millones los gestionan empresas con ánimo de lucro.Y eso sin contar con la factura farmacéutica, que puede superar los 2.000 millones.

La Resolución aprobada por la Asamblea de Madrid es un primer paso, que puede hacerse extensivo al resto del sector público primero, y al conjunto del mundo laboral después. Pero solo si continúa la presión de las y los trabajadores, y del resto de la ciudadanía para poder recuperar estos servicios públicos esenciales.

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