El plan presentado por el Consistorio de Madrid para el Mercado de Legazpi dotará a la Administración de un espacio para el funcionariado y equipamientos para el barrio, creación de bibliotecas, aulas, espacios de usos múltiples y talleres, espacios para mayores y de crianza. 

La idea plantea la instalación de oficinas municipales donde se trasladarán alrededor de 2.000 funcionarios, lo que permitirá ahorrar entre 12 y 15 millones de euros en alquileres de los 28 millones de euros que gasta el Gobierno local anualmente en inmuebles, según datos del Ayuntamiento.

En conversación con Diagonal, la agrupación Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA), que incluye a diferentes movimientos vecinales, sociales y entidades ciudadana, ha expresado un “sentimiento contradictorio”. Esta asociación es la principal promotora para la cesión del espacio y el uso autogestionado del Mercado de Legazpi. 

La contradicción, según EVA, responde a la “pretensión de ubicar allí una gran cifra de funcionariado”. A pesar de que parte sus propuestas se han recogido en el proyecto, consideran que tiene que haber más espacio para equipamientos y gestión vecinal, con menos funcionarios. Desde EVA expresan su desacuerdo con el plan, debido a que “implica cambios radicales en la infraestructura”.

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El Consistorio calcula que el proyecto se desarrollará en un plazo de tres años, con un presupuesto de entre 50 y 70 millones de euros, según cifras de la Dirección General de Patrimonio del Área de Economía y Hacienda. Desde la misma, calculan que en cinco años el proyecto quedaría amortizado con el ahorro en alquileres. Lo que permitirá “no contraer ni un euro de deuda”, según expresó Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda durante la presentación del proyecto.
 

"Se persigue transformar el Mercado en un contendor administrativo gigante y horrible”

Desde EVA afirman que de esta manera “el Consistorio madrileño pretende ahorrar dinero en alquileres, lo que puede hacer sin necesidad de destrozar este edificio, para acoger a tanto funcionario”. Según la agrupación, lo que se persigue es "transformar el Mercado en un contenedor administrativo gigante y horrible”. Cuando lo que el barrio necesita es –añaden– una mezcla de equipamientos municipales y vecinales, en lugar de “un monocultivo de funcionarios”, añaden.
 
Para el Ayuntamiento, el proyecto se sustenta en “la sostenibilidad económica, un modelo urbanístico sensato y la participación ciudadana”, que dispondrá de un espacio abierto para aportar propuestas y mejoras.

Rommy Arce, concejal de los distritos de Arganzuela y Usera, defiende que el proyecto permite “salvar este espacio de la especulación sistemática practicada en la capital”. Para la concejal, este proyecto contribuye a regenerar la trama social y urbana del vecindario, un espacio que “permitirá unificar el norte con el sur, puesto que permanecía como un elemento de separación”.
 
En esta afirmación difiere de las propuestas expresadas desde EVA, que no creen que “una macrooficina de funcionarios sea la mejor forma de unir los vecindarios”. Por ello, proponen recuperar el papel de plaza e invertir en equipamientos vecinales y públicos abiertos  a todo el mundo. De esta manera “habría posibilidad de estructurar la brecha entre norte y sur, los distritos de Arganzuela, Carabanchel y Usera”, defienden.

Impacto ambiental en la zona

Desde el Ayuntamiento han planteado la posibilidad de crear un aparcamiento subterráneo, con la idea de facilitar la movilidad del funcionariado que trabajará en las oficinas a construir. Sin embargo, desde la agrupación vecinal han recordado que hará falta una gran infraestructura que descongestione el tráfico de personas y vehículos. Además, denuncian que a escasos metros se está construyendo el centro comercial Plaza Río 2, que contará con 180 tiendas y unos 1.500 plazas de aparcamiento, hecho que “generará un problema de movilidad y de impacto ambiental de la zona”.
 
Desde EVA recuerdan que el suelo sobre el que está construido el mercado está protegido, por lo tanto, cualquier construcción bajo el mismo es cuestionable. “Queremos que la intervención del mercado tenga el mínimo impacto”, explican.
 
La agrupación valora que el Consistorio madrileño haya escuchado las peticiones de la ciudadanía. “Vemos como una oportunidad el hecho de pensar en una nueva forma de hacer una ciudad, con el esfuerzo combinado de recuperar un edificio para usos mixtos que nos permitan aprender los unos de los otros”. Sin embargo, exigen un espacio con administración ciudadana y un mayor equilibrio entre las partes.