Carreteras a ninguna parte, rotondas que engloban otras rotondas en medio de páramos, antiguos cimientos y encofrados listos para aguantar el peso de los ladrillos y elefantes blancos, muchos elefantes blancos. Esqueletos de hormigón por cuyos recovecos sólo pasa el viento, de torres vacías en el litoral valenciano a urbanizaciones a medio construir en Galicia, de ciudades del Medio Am­biente o de la Justicia a parques acuáticos y pistas de esquí sobre el secarral castellano. La geografía española tiene miles de ejemplos de construcciones y viales sin uso o por terminar, fruto de los años en los que el ladrillo no sólo creó una burbuja inmobiliaria de catastróficas consecuencias, sino que también redibujó el paisaje de las tierras ibéricas.

Ahora, dos casos concretos de construcción ilegal llevados por las organizaciones ecologistas a los tribunales, el hotel del Algarrobico, en Almería, y la urbanización de lujo Isla de Valdecañas, en Cáceres, traen a la esfera pública el debate de qué hacer con todas estas moles. ¿Se pueden renaturalizar las zonas degradadas y sin uso? ¿La ley permite y facilita el derribo de las construcciones ilegales? ¿Podemos reutilizar los excesos del ciclo inmobiliario?

“En la fase en la que estamos no tenemos ni puñetera idea de qué es lo que hay que hacer al respecto”. Es la respuesta de Esteban García, uno de los integrantes de Nación Ro­tonda, un colectivo que realiza un inventario del cambio de uso del territorio español en los últimos 15 años y que ya ha colgado en su web 937 comparaciones que muestran cómo fueron y en lo que se convirtieron dichas zonas tras el paso del tsunami inmobiliario. “Tenemos que explorar qué hacer. Las opciones son no hacer nada, demolerlo o reconvertir su uso, y ésa es la escala en que nos podemos mover. Hay ejemplos de cada uno de ellos, pero a pequeña escala”, continúa. En cualquier caso, hay una tarea pendiente: “Hay que cambiar el chip y decirle a la gente que tenemos que empezar a pensar en estas cosas. Y esto está pasando en todo el mundo, si somos los primeros en aprender a hacerlo podremos ser los primeros en exportar conocimiento”.

Derribos excepcionales

Pero las barreras para emprender la tarea son muchas, de las económicas a las legales. “Que se tire algo al suelo es absolutamente excepcional en Es­paña”, remarca Paco Segura, coor­dinador estatal de Ecologistas en Acción. “El ejemplo del Algarrobico es bueno: es un asunto claro, ha habido que pleitear once años y aún no está demolido”. El caso del megahotel situado en la playa homónima, dentro del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, comenzó en 2005, cuando Ecologistas en Acción puso la primera demanda por la ilegalidad de su construcción, dos años antes, en terreno protegido. La obra obtuvo los permisos de nada menos que cuatro administraciones, a pesar de ocupar una parcela a escasos metros del mar, incumpliendo la servidumbre de protección de 100 metros que la Ley de Costas imponía entonces (en 2013, tras una modificación de la misma, se redujo a 20 metros de media, recuerda Segura). Hoy, tras varias sentencias contradictorias, ha sido finalmente ilegalizado tras un reciente fallo del Supremo, que dio la razón a Greenpeace y permitirá la ejecución de la sentencia y su derribo.

“Pero esto no es lo normal, lo normal es la situación contraria, que se indulte, que se cambie la ley a posteriori y se permita la construcción ilegal”, afirma este biólogo. Un ejemplo, la amnistía que el Gobierno andaluz está llevando a cabo para salvar miles de viviendas ilegales (300.000 según Ecologistas en Acción). La fórmula elegida esta vez: la modificación de tres artículos de la Ley de Orde­na­ción Urbanística de Andalucía (LOUA) para permitir la regularización de edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable.

Y es que las leyes son una de las trampas de esta historia. El pasado 1 de octubre llegaba la última: la modificación de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis­tra­ti­va. El cambio “complica gravemente la ejecución de sentencias de demolición de construcciones ilegales”, apuntaban entonces desde Eco­logistas en Acción. La modificación legal exige ahora tantas condiciones para llevar a efecto la demolición que en la práctica se convierte en “casi imposible”, remarcan desde la organización. Así, a un trámite largo en los juzgados de lo contencioso-administrativo, durante el que las obras presuntamente ilegales pueden continuar, hay que sumar el coste del proceso, que debe afrontar el recurrente. Pero si aun así se logra una sentencia firme que declare la ilegalidad, hay que enfrentarse a la ejecución de la sentencia y presentar un incidente de ejecución, “un proceso tan largo o más que el recurso, agravado por el hecho de que las administraciones suelen modificar el planteamiento urbanístico o, incluso, apro­bar normas a medida para legalizar lo declarado ilegal”, explican los ecologistas. Además, la ley obliga a los jueces a garantizar indemnizaciones a terceros antes de demoler construcciones fuera de la normativa, complicando aún más el posible derribo.

Ley a pedir de boca

“Pensamos que la modificación de esta ley surge a raíz de Valdecañas, porque la promovió precisamente el PSOE de Extremadura”, afirma Se­gura. La macrourbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas, en el pantano homónimo, fue declarada ilegal y posteriormente el Tribunal Su­premo ordenó su demolición. Pero ahí sigue. “Ganamos el primer juicio, pero para paralizarla cautelarmente nos pidieron 41 millones de euros. A una organización ecologista. Era imposible”. Dos años después los tribunales les dieron la razón, pero ya se habían construido 180 villas turísticas, un campo de golf, un hotel, una base naútica con 76 atraques, una playa artificial y un complejo deportivo en una zona protegida, en teoría, por la Red Natura 2000. “Son chalets por los que lo mismo hay que indemnizar a la empresa, y eso lo haría la Administración, con lo que al final siempre pagamos los mismos”, denuncia Segura.

Conseguir la ejecución de la sentencia de ilegalidad es una tarea complicada. En 2011, tanto el Tribunal de Justicia Europea como el Supremo confirmaban la ilegalidad de 18 kilómetros de desdoblamiento de la M-501, la llamada Carretera de los Pan­tanos en la Comunidad de Ma­drid. Se construyó en 2006 sin que la Comunidad de Madrid presentase una obligatoria Declaración de Im­pacto Ambiental. La presentó finalmente, ocho años después de ser construida. Y nunca nadie demolió nada. “Las ejecuciones de sentencia casi nunca se realizan”, explica Segura. Las razones: el coste y, en algunos casos, las molestias a los vecinos. “La M-30 también es ilegal, imagínate el coste de volver a reponer todo como estaba, más despilfarro de nuestros bolsillos, sin contar las molestias ”, remarca.

Son contados los casos de derribo y restauración de ecosistemas, pero existen. “Hay ejemplos de construcciones que estaban en parques naturales que se han retirado, aunque la declaración de parque natural fuese posterior”, explica Julia Font, de N’Undo, el estudio multidisciplinar de arquitectura y urbanismo con el que han trabajado Ecolo­gistas en Acción y Greenpeace para lanzar propuestas de demolición selectiva tanto del Algarrobico como de la Isla de Valdecañas –junto a otros dos estudios, Creando Redes y Eco Metro en este último caso–. La propuesta en el caso del megahotel, valorada en 7,3 millones de euros, ha resultado ser muy inferior en coste a las plan­tea­das por la Administración General del Estado –de entre 100 y 300 millones– y la Junta de Andalucía –de 8,5–.

El ejemplo más famoso: el Club MED, en el Cap de Creus, una zona declarada parque natural en 1998. En total, 412 apartamentos turísticos construidos en los 60 fueron derribados y la zona reacondicionada, tras la compra por el Ministerio de Medio Ambiente de los terrenos por 4,4 millones. “Se hizo muy bien. Colabo­raron paisajistas, biólogos, arquitectos... con una visión amplia y multidisciplinar”, opina Font. “Fue un desmantelamiento interesante –añade García–; no sólo se demolió, se regeneró el paisaje, aunque pusieron unas esculturas de acero cortén que no iban a ningún sitio, pero bueno”. Sin embargo, a pesar de que el ejemplo se utiliza como camino a seguir, el derribo del complejo de pequeñas casitas de 20 m² tuvo cierta ironía, tal como remarca García: “El chiste es que dentro de lo que cabe, el propio Club MED era bastante respetuoso con el medio ambiente”.

Hay más casos de derribos por parte de Medio Ambiente: un edificio de 80 viviendas en Playa Honda (Mur­cia) en 2009; el hotel Atlanterra en Zahara de los Atunes (Cádiz) en 2002 o la presa de Robledo de Chavela (Ma­drid) en 2014 son algunos de ellos. Pero tras el derribo no se acaba la historia.

Restauración Ecológica

Andrés Mohmed, del estudio Crean­do Redes, explica que “en el contexto en que nos encontramos de cambio global y de escasez cada vez mayor de materias primas ya no basta con conservar lo que queda, es necesario recuperar lo degradado para poder volver a tener usos de esos espacios”. La restauración ecológica, a la que se dedica su estudio, es una disciplina relativamente nueva, nacida en Esta­dos Unidos hace tres décadas. “En España acaba de empezar, hay pocos ejemplos, pero poco a poco en Europa se van haciendo cosas interesantes”. Algunos de los casos reales que se alinean con los principios que defiende la restauración ecológica son el de la restauración de la Albu­fera de Valencia, o el de la mina de La Revilla, en Burgos. “Es precisamente en la minería donde cada vez más se van incorporando nuevos enfoques, ya que hay obligación de restaurar el espacio después de la explotación”, apunta Mohmed.

Además, este especialista destaca que, en el campo de la investigación, Es­paña es puntera “en la restauración de ecosistemas ligada a infraestructuras lineales, en compatibilizar el desarrollo de infraestructuras y de otros sectores industriales que al final no se pueden detener con que sean más respetuosos e integrados con su entorno, incluso generando servicios y valores adicionales”. Como ejemplo, habla del uso en Australia de carreteras como corredores de especies, “conectando zonas en un ambiente un poco hostil, sobre todo en el centro de Australia, donde el clima es desértico, o zonas protegidas”.

Sin embargo, mientras estas disciplinas se perfeccionan, los escollos legales y económicos para el derribo de los elefantes blancos harán que, por el momento, la inmensa mayoría de estas moles sigan donde están, a la espera de un cambio de conciencia que modifique leyes y agendas económicas menos amigas del ladrillo.