ILP catalana de vivienda
Cuando los gobiernos no cumplen la ley

En julio de 2015, la PAH consiguió que se aprobara una de las leyes más avanzadas de la UE en materia de vivienda. Ahora sólo falta que se aplique.

10/03/16 · 7:02

A las nueve de la mañana la plazuela donde está situada la boca del metro de Ciutat Meridiana empieza a llenarse de gente. Filiberto Bravo, presidente de la asociación de vecinos de Ciutat Meridiana, recibe a las personas que han respondido a la convocatoria que han hecho en Face­book y Twitter para detener un de­sahucio. “Viene gente de todos lados, de la PAH, de la Aso­ciación 500x20, y no sólo vienen de Barcelona, sino también de Bada­lona y Santa Coloma”, explica Bravo.

Cuando son más de 20 personas, se desplazan hacia el lugar de la concentración, en la avenida Rasos de Peguera. Bravo llama al timbre del número 138. “Baja, baja… que aquí estamos todos, deja de esconderte. No tienes que tener miedo”, dice al intercomunicador. A los pocos minutos una mujer bajita aparece por la puerta y saluda a algunos de los activistas y vecinos. Todos hablan y bromean, mientras de fondo se escucha una bachata que alguien ha puesto en su móvil. El ambiente es alegre y distendido, y cada vez llegan más personas. El mensaje es claro: los vecinos no tienen miedo.

La ILP de vivienda y pobreza enérgética fue aprobada en julio de 2015 después de lograr 150.000 apoyos

En Ciutat Meridiana, la lucha contra los desahucios es el pan de cada día. A pesar de que en julio del año pasado el Parlament aprobó la Ley 24/2015, que respondía a una Ini­ciativa Legislativa Popular en contra de las ejecuciones hipotecarias y la pobreza energética, en este barrio barcelonés del distrito de Nou Barris sigue habiendo desahucios prácticamente a diario. “Hoy es uno de los días raros donde sólo hay uno. Hemos tenido días con dos o tres. Esto es un no parar”, señala Bravo.

A cuentagotas

La aprobación de la ILP de vivienda y pobreza energética fue recibida con mucha expectativa por parte de los colectivos sociales que la promovieron: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Obser­va­torio Desc y la Alianza contra la Po­breza Energética. La ley, que contó con el apoyo de más de 150.000 firmas y con el respaldo de todos los partidos políticos, puede resumirse en tres medidas: detener los desahucios provocados por grandes tenedores de viviendas, ofrecer alquileres sociales para las familias en riesgo de desahucio por impago de alquiler y evitar los cortes de agua, luz y gas. Aun así, en el tercer trimestre de 2015 hubo 3.207 desahucios en Cata­lunya, según datos del INE.

Maria Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Ener­gética en Cataluña (APE), lamenta que, aunque en menor medida, se siguen produciendo cortes de suministros básicos. “Nos llegan menos casos que antes, pero todavía hay, porque las empresas no están aplicando el principio de precaución”, señala Campuzano. Este principio de precaución establece que una empresa no puede cortar los suministros básicos sin antes preguntar a los servicios sociales si se trata de una familia en riesgo de exclusión residencial. “El problema es que, después de ocho meses, todavía no tenemos los convenios entre empresas suministradoras y administraciones. Nos falta la siguiente fase: aplicar la ley al 100%”, añade.

Para Carlos Macías, portavoz de la PAH, la ILP apenas se está comenzando a aplicar. Macías habla de una primera fase más didáctica que empezó en septiembre, en la que los promotores de la ILP han trabajado junto a la Generalitat desarrollando los protocolos de aplicación, las guías para ayuntamientos, usuarios y entidades financieras, así como formación para más de mil técnicos y funcionarios. “La primera fase está agotada. Ahora ya no hay ninguna excusa para que se aplique de manera íntegra en todo el territorio catalán”, sentencia.

En enero, las organizaciones promotoras de la ILP presentaron una carta al nuevo presidente del Gobier­no catalán, Carles Puigdemont. En ella, instaban al Ejecutivo de Junts pel Sí a “asumir un compromiso público y firme” para aplicar la ley en su totalidad. “Tenemos que saber si el nuevo Gobierno está comprometido e incluye la ley en su agenda política; si no emprenderemos todas las acciones necesarias para que sea así”, insiste Macías.

Campuzano comenta que, a partir de la carta, se les convocó a una reunión con la consellera de Gover­nació, Meritxell Borràs i Solé. “Fue una reunión más para establecer contactos que para llegar a algún acuerdo”, asegura. Los impulsores de la ILP están de acuerdo en que hay una actitud favorable a colaborar por parte del nuevo Gobierno, pero Macías advierte: “La predisposición no cambia la vida de la gente”.

Mientras tanto

Mientras, las asociaciones de vecinos y colectivos sociales continúan con su lucha particular para evitar los desahucios y para reclamar una vivienda digna. “Aquí en Nou Barris pocas veces se puede aplicar la ley, ya que la mayoría de desahucios son sobre viviendas de particulares y okupas”, explica Antoni Tallada, concejal de Vivienda del distrito. En estas situaciones donde no se puede aplicar la ley, la única vía para alcanzar una solución es llegar a un acuerdo entre las dos partes. Es por esto que el Ayuntamiento de Barcelona ha designado a tres mediadores para atender posibles de­sahucios, apunta el concejal del distrito.

“Ahora ya no hay ninguna excusa para que se aplique de manera íntegra en todo el territorio catalán”

Tallada valora de manera positiva que con la nueva ley se hayan de­sarrollado nuevas herramientas para negociar con los bancos. Una de ellas es la Unidad Contra la Exclu­sión Residencial, que ha creado el Consistorio barcelonés y que pretende monitorizar los casos de familias en peligro de desahucio. A pesar de ello, Tallada advierte de que este trabajo es muy difícil, ya que “en Barce­lona, entre el 30% y el 40% de los de­sahucios son silenciosos y no llegan a los servicios sociales”. Además, “tampoco se sabe cuántas veces una misma familia ha tenido diligencias de desahucios, ya que los datos se cuentan por caso”, agrega.

Desde la PAH, Macías arguye que hasta que la ley no esté aplicada en su totalidad no se podrán ver todos los fallos y hacer las mejoras necesarias. Aun así, Campuzano cree que la Ley 24/2015 ya ha sido un gran paso para los movimientos sociales, pues ha significado un cambio de paradigma. “La ley implica que se entienda que si una persona no paga no es porque no quiera, sino porque no puede. Sólo de esta manera se puede reconocer el acceso a los suministros como un derecho básico, del que no deberíamos quedar excluidos por razones económicas”.

Un largo camino para la aplicación

Desde la PAH y la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE) reconocen que aún queda mucho camino por recorrer para que se aplique la ley en su totalidad. María Campuzano, de la APE, considera que en lo que concierne a la pobreza energética hay que ir mucho más allá: “Nos tenemos que replantear el modelo de gestión de estos servicios básicos, que están en manos privadas y que la realidad nos demuestra que dejan fuera a una parte importante de la población”.

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