La PAH recorrió un largo camino para llegar a la aprobación, en julio del año pasado, de la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional y la pobreza energética. Carlos Ma­cías, portavoz de la PAH, una de las organizaciones impulsoras de la iniciativa legislativa, demanda que el Govern adopte un compromiso firme para llevar a cabo todas las medidas necesarias para terminar con los desahucios y la pobreza energética.

Medio año después, ¿se están aplicando las medidas que reclamabais?

Se ha empezado a aplicar con cuentagotas. No­sotros partíamos de una visión no naíf, es decir, la aplicación de una ley no transforma la realidad al día siguiente. Por nuestra parte, desde su entrada en vigor, en agosto, hemos generado documentos útiles para los juzgados. Además, hemos elaborado guías de aplicación para los ayuntamientos, usuarios y entidades financieras suministradoras. A día de hoy, esta primera fase de explicación se ha acabado. Ahora ya no hay ninguna excusa para que no se aplique de manera íntegra en todo el territorio catalán.

IU y Podemos incorporan en sus programas las ‘cinco de la PAH’, pero esto no es un cheque en blanco

¿Cuál es la respuesta de Junts pel Sí a vuestras reivindicaciones?

Nos hemos reunido con la Consellera de Governació. La relación fue muy cordial y nos comentaron que era una prioridad de este Govern, pero lo cierto es que no concretó nada de lo que exigimos. De momento mucha predisposición, pero nada más. La predisposición no cambia la vida de la gente. Tenemos que saber si para el nuevo Govern están en la agenda política o no. En caso negativo llevaremos a cabo las acciones necesarias para incorporarlo en la agenda.

El plan de choque pactado por Junts pel Sí y las CUP ¿responde a las exigencias de la PAH y de la ILP?

El plan de choque lo hemos estado haciendo nosotros durante los últimos siete años, garantizando el realojo de familias y las cancelaciones de deuda. Entendemos que un plan de choque no puede ser un compendio de leyes vigentes en ningún sentido. Es una declaración en un papel y lo que queremos es que se transforme en hechos reales, en tener el reglamento vigente, en que la Generalitat haga cesiones obligatorias y en tener convenios con las suministradoras. Para que haya desahucios cero –como dice el plan de choque– simplemente hay que aplicar la ley vigente, que es la más garantista en toda Europa para proteger el derecho a la vivienda.

¿Cómo actúan los ayuntamientos desde la aplicación de la ILP?

Los Ayuntamientos son la administración local más golpeada por los desahucios. Así pues, nos encontramos con una primera muestra de predisposición que valoramos positivamente. Aunque lo cierto es que la mayoría de ayuntamientos pequeños carece de recur­sos, y ahí debe actuar la Gene­ralitat. De los ayuntamientos grandes y de las llamadas ‘fuerzas del cambio’, el único que ha dado pasos importantes ha sido el de Barcelona, que ha adaptado la mesa de emergencia a las exigencias de la ley. También ha adaptado protocolos de servicios sociales y ha iniciado 1.400 cesiones de pisos obligatorias.

¿Es posible aplicar la ILP a nivel estatal?

La lógica de la ILP era el efecto dominó. Si se aprobaba en Cata­lunya, la idea era que fuera la primera pieza que tumbara el resto. En noviembre, las PAH de todo el estado cogieron la Ley 24/2015 y la presentaron en sus Parlamentos demandando una aplicación de la misma. Estamos en una fase muy incipiente, pero los partidos ahora no tienen excusa, más aún los que propugnan un discurso de la igualdad. Por el momento, IU y Podemos incorporan en sus programas las ‘cinco de la PAH’, pero esto no es un cheque en blanco, nuestro objetivo es que lo conviertan en hechos, y que no se quede en declaraciones. El PP ni siquiera quiso escucharnos, y Ciudadanos está del lado de la banca, igual que los populares. El PSOE, mientras está en la oposición dice que sí a la dación en pago retroactiva, pero ahora que está con opciones de gobernar dice que no. Entendemos que no puede haber un pacto de gobierno que no incluya nuestras cinco demandas. Queremos ponerlos entre la espada y la pared: si dicen que no, tendrán que explicar por qué hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.