El jefe del Departamento Jurídico de Disciplina Urbanística ha sido citado a declarar el próximo jueves por el derribo de una vivienda, sin orden judicial, en la que vivía una familia con menores de edad.
Un funcionario del Ayuntamiento de Madrid está siendo investigado por los derribos de viviendas realizados en la Cañada Real en septiembre de 2012 a raíz de la denuncia interpuesta por una de las familias afectadas.
El Juzgado de lo Penal 8 de Madrid ha llamado a declarar como investigado –imputado hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– a Julio César Santos, jefe del Departamento Jurídico de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid. Santos declarará ante el juez el próximo jueves, 25 de febrero [actualización: la declaración ha sido aplazada al 18 de marzo], acusado de allanamiento de morada, falso testimonio, daños, coacciones y prevaricación a raíz de la demolición, en septiembre de 2012, de la vivienda de una familia, con menores a su cargo, en la Cañada Real.
La demolición de la vivienda se realizó sin orden judicial, según explica a Diagonal Alejandra Jacinto, miembro del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y abogada de la familia afectada. "Sin orden judicial para la demolición, ni para entrar en el domicilio, este funcionario se presentó el 26 de septiembre de 2012 alegando que no había nadie en la vivienda, que estaba abandonada, cuando no era cierto", explica Jacinto. "En esa vivienda vivía una familia con menores”, continúa.
El jefe del Departamento Jurídico se habría amparado, añade Jacinto, en un decreto de 2009 que permite que si una edificación se encuentra abandonada en suelo de dominio público, se pueda demoler sin orden judicial. También en que, unos días antes del derribo, hubo una gran operación policial en la Cañada Real. El investigado alegaba que, fruto de esas investigaciones policiales, la familia abandonó la vivienda.
Sin embargo, según explica la abogada, hay pruebas que demuestran que la vivienda no estaba abandonada: los miembros de la familia estaban empadronados en esa vivienda, hay informes de escolarización de los menores de edad que señalaban que vivían allí e incluso, las imágenes tomadas durante el día de los derribos por un fotógrafo de El País mostraba como dentro de la casa había enseres, como colchones o juguetes, por los que era fácil deducir que dentro de la vivienda vivía una familia.
Tras el derribo de la vivienda, la familia, que no tenía ninguna alternativa habitacional, fue a vivir a casa de unos familiares. El Samur social se presentó, pero no se fueron con ellos. "Seguramente les habrían ofrecido plazas en un albergue", explica la abogada, quien resalta que la familia sigue en tratamiento psicológico por aquellos hechos.
En diciembre de 2013, el Ayuntamiento de Madrid también procedió a derribar hasta doce viviendas el poblado El Gallinero, cerca de la Cañada Real, dejando sin vivienda a medio centenar de personas, casi la mitad de ellas menores de edad. De nuevo, los derribos se produjeron sin orden judicial y sin previo aviso.
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En febrero de ese mismo año 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya había obligado a España a paralizar el derribo de una vivienda en la Cañada Real Galiana al no dar una alternativa habitacional a la familia que vivía en ella. Desde 2007 hasta esa fecha, las administraciones ya habían demolido más de 250 viviendas familiares en esta zona.
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