Sin casas no hay solución

No habría habido ningún cataclismo si las viviendas vacías de las entidades rescatadas pasaran a ser gestionadas como vivienda social. Solo algunos dejarían de ganar dinero.

, miembros del Instituto DM.
22/02/16 · 11:43
Desahucio de un edificio de la obra social de la PAH en Madrid. / Juan Zarza / Diso Press

Resulta cada vez más evidente que las buenas intenciones respecto a los desahucios y la vivienda se quedarán en eso, en meras intenciones, al menos si no se toman medidas sobre las casas vacías. Las candidaturas ciudadanas se han comprometido a asegurar un realojo por su cuenta pero los números siguen sin salir. Hasta ahora no se han dispuesto casas suficientes para todas las personas que no pueden acceder a una vivienda a precios de mercado; probablemente nunca las hubo. Véase el bajísimo porcentaje de vivienda social en este país: un 2% frente al 9% de la UE, el 17 % de Francia o el 32 % de Holanda. A lo que habría que restar las ventas de vivienda pública a fondos buitres. La verdad es que las viviendas disponibles no alcanzan a cubrir siquiera las emergencias más acuciantes.

De otra parte, las cesiones/compras de viviendas de entidades bancarias han sido ridículas, al menos hasta la fecha. Caso de tomarse en serio los atributos “digna y adecuada”, que establece el derecho constitucional a la vivienda, los destinatarios de estas viviendas no sólo deberían ser las miles de personas directamente expulsadas de sus hogares por empobrecimiento sobrevenido, sino aquellos que pagan más de la mitad de su sueldo para tener un techo y también aquellos que viven en condiciones de hacinamiento o peligrosas para la salud.

En contraste y como consecuencia de la burbuja y la crisis, existen miles de viviendas vacías (se calculan 3,4 millones en el país) construidas en su mayoría para el negocio inmobiliario-financiero, pero que ahora podrían cumplir con su función social. Otro elemento que debería ser positivo es que muchas de ellas están en manos de entidades públicas: las cajas rescatadas y el banco malo concentran gran número de ellas. Si se consideran estos avales públicos, es difícil entender por qué dichas viviendas no pasan a formar parte de un parque público de vivienda estatal, regional o local que dé cumplimiento a la ley y los derechos ciudadanos.

La respuesta es obviamente la connivencia público-privada que sigue dominando nuestras instituciones y la escasa valentía de nuestros representantes, viejos y nuevos. Por ejemplo, en su propuesta programática, Podemos vuelve a comprometerse a impedir “el desalojo o desahucio de personas [...] sin que la administración competente garantice un realojo adecuado” (p. 46). Sin embargo, su propuesta no incluye la reconversión de viviendas vacías en vivienda social, tampoco hay mención a Bankia, el Frob o la Sareb para cubrir estos fines.

A pesar de las buenas intenciones ¿No perpetúa esto el modelo inmobiliario español, un modelo que sigue sacrificando la vivienda como derecho para entenderla únicamente como valor de cambio, como producto especulativo en manos de la banca? ¿Cómo va existir alternativa habitacional sin un parque público de viviendas? ¿Y cómo materializarlo sin comprometer a los grandes tenedores de bienes inmobiliarios? Por su parte, Ahora Madrid ha criticado las acciones pacíficas de la PAH para conseguir alquileres sociales de Bankia en la persona de la misma concejala de vivienda Marta Higueras. Y lo que es peor, su política social se ha limitado a alquilar 300 viviendas de la Sareb, al tiempo que parece estar en vías comprar otras tantas a Bankia. En total ni siquiera se alcanza el millar de unidades, frente a los cerca de 23.276 desahucios ejecutados en Madrid en el periodo 2007/2013 y las 153.100 viviendas vacías que existen en la ciudad.

Conviene recordar que Bankia fue rescatada con 23.000 millones de euros y está avalada por otros miles de millones más. Su rescate causó, entre otras intervenciones, la subida de la prima de riesgo y con ella de nuestra deuda soberana hasta el 100 % del PIB. Esta deuda ha sido la excusa para reducir derechos sociales y privatizar servicios públicos. Hoy por hoy, el plan económico sobre la entidad se limita a “limpiarla” y privatizarla de nuevo. Como de costumbre: socialización de pérdidas y, ya saneada, devolución a manos privadas para volver a comenzar el ciclo. Pero si Bankia ha sido de hecho “nacionalizada”, ¿no sería lo lógico que dispusiéramos de sus viviendas como viviendas sociales?

El descenso en los costes de vivienda aumentaría el consumo en otros sectores, quizá más productivos y seguro más sostenibles

De la Sareb se dice que es semipública porque el 55 % está en manos privadas, pero es sabido que esto sólo fue un amaño para que no computara como deuda. Cuando se consideran los avales necesarios, la Sareb es pública con todas las letras. Aun así, malvende activos a fondos internacionales en vez de ofrecerlos, incluso a ese mismo precio, a ciudadanos del país. No recibe a sus pequeños deudores en su sede de la Castellana, se les olvidó ahorrar en eso (y en los escandalosos sueldos de sus directivos). Se calcula que la Sareb dispone de 106.000 viviendas gestionadas por los mismos bancos que se libraron de ellas en sus cuentas; de hecho, siguen ejerciendo de titulares recibiendo, por ejemplo, los alquileres sociales de sus inquilinos. ¿Por qué no vender sus propiedades a precios sociales? ¿Por qué no poner en alquiler sus activos a través de una gestión municipal o regional?

A pesar del “susto” de 2008, nada ha cambiado bajo el sol para los bancos e instituciones financieras. Sus intereses siguen siendo lo primero para las autoridades públicas de nuestro país y de Europa. No habría habido ningún cataclismo si las viviendas vacías de las entidades rescatadas pasaran a ser gestionadas como vivienda social. Solo algunos dejarían de ganar dinero. Los fondos que compran a precios irrisorios; los bancos que mantienen precios de la vivienda inflados siete años después del crash; los inversores que comprarán Bankia una vez saneada; las entidades de la SAREB que siguen gestionando sus activos sin que cuente en sus balances. Y, a medio plazo, una vez constituido un parque público extenso, la vivienda ya nunca más sería un negocio como lo ha sido: los precios públicos tirarían hacia abajo los precios de alquiler y compra; la gente no estaría pagando los intereses de la hipoteca toda su vida.

¿Es un cataclismo que los bancos y los propietarios ganen menos? No lo parece. El descenso en los costes de vivienda aumentaría el consumo en otros sectores, quizá más productivos y seguro más sostenibles. Quizá los mismos bancos y los mismos propietarios invertirían en cosas más útiles. Lo que sin duda es una vergüenza es que los poderes públicos así lo crean y actúen en consecuencia. Al mirar hacia otro lado como si no hubiera alternativa; alimentando directamente el modelo de vivienda de especulación; dejando que la gente sea desahuciada cuando esas casas son ya públicas.

Menos mal que está la gente, y en especial los afectados de la PAH, para evitar que la película acabe como suele.

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