Cinco años después de la caída de Mubarak, el nuevo régimen continúa con las mismas prácticas represivas.

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4 de febrero. Un cuerpo en una cuneta. Medio desnudo. Señales de quemaduras de colilla de cigarrillo, algún corte en la oreja, hematomas. Un amigo le identifica en el depósito de cadáveres. Es Giulio Regeni, estudiante en búsqueda desde hacía una semana, cuando desapareció sin dejar rastro. Macabras ironías de la vida, desaparecía el 25 de enero, quinto aniversario de la revolución egipcia que vino para cambiarlo todo y que, un lustro después, se encuentra tan cambiada que ya sólo se parece a todo aquello contra lo que se levantó.
Regeni, un estudiante que investigaba el siempre incómodo movimiento obrero y sindical egipcio, publicaba artículos sobre Egipto bajo seudónimo en el diario comunista italiano Il Manifesto.
A pesar de que las evidencias parecen claras, el Ministerio de Interior egipcio se indignaba ante lo que consideraba “inaceptables rumores”, aseguraba que toda conclusión era precipitada y que no se podía afirmar que Regeni hubiera sido asesinado. De hecho apuntaban a la hipótesis de que hubiera sido atropellado por un coche en plena carretera, un recurso habitual de los cuerpos policiales egipcios. Todos recordaron el caso del joven Mohamed Gendy, fallecido hace tres años bajo circunstancias y excusas policiales similares. Ambos parecían incomodar. La gran diferencia, sin embargo, es que Giulio Regeni era ciudadano italiano y su muerte puede enfriar las hasta ahora muy cordiales relaciones entre la Italia de Renzi y el Egipto de Al-Sisi. Relaciones marcadas por el reciente descubrimiento por parte de la italiana ENI de un jugoso e importante yacimiento de gas natural en la costa mediterránea egipcia.
Sea como sea, la muerte de Regeni no se aísla de la situación general en que se encuentra el país cinco años después de la insurrección popular que forzó la caída del dictador Mubarak. Si entonces los egipcios se levantaron precisamente en contra de su cuerpo policial por sus excesos y por la indefensión de la ley de emergencia, cinco años después la represión es el pan de cada día.
Las desapariciones forzosas, como la de Regeni, son la nota cotidiana. El país y las redes sociales se llenan de retratos de jóvenes a quienes amigos o familiares hace días que no encuentran. En las comisarías niegan tenerlos bajo su custodia y sólo en algunos casos se les acaba localizando a través de la información que facilitan otros reclusos. En otros casos se les encuentra cuando aparecen desorientados en medio de la nada. En el peor de los casos, como en el de Regeni, aparecen muertos. De hecho, el 30 de enero se denunciaba la desaparición de otro estudiante de 14 años.
Desapariciones forzosas
El Centro Nadim denuncia que a lo largo de 2015 se produjeron 464 casos de desapariciones forzosas. Sólo en el pasado mes de enero se producían 66. La respuesta del ministro de Interior: “Muchos de éstos se han unido al Estado Islámico”. En cuanto a casos de tortura, el Centro Nadim registró 700 en 2015, incluyendo 137 casos de muerte bajo arresto policial. Fuera de los centros de detención se calculan 328 muertes a manos de las fuerzas de seguridad, la mayoría en acciones antiterroristas, aunque los límites de este concepto ya hace tiempo que son difusos en el Egipto de Al-Sisi. Algunas condenas parecen kafkianas. Dos días después de la muerte de Regeni, una mujer era condenada en El Cairo a 15 años de prisión por haber participado en una manifestación sin permiso. Una semana antes, un joven fue condenado a un año de cárcel por declarar su ateísmo en Facebook, otro a tres años por haber criticado la fiesta del cordero en las redes.
El nerviosismo con que las fuerzas policiales recibieron la proximidad del aniversario de la revolución provocó un recrudecimiento de la ya extrema ola represiva. “No permitiremos ninguna otra revolución”, afirmaba el jefe de las unidades antidisturbios los días previos. Más allá de los constantes controles a pie de calle, los interrogatorios aleatorios y las detenciones injustificadas, durante horas, siempre de población joven, 217 ciudadanos eran arrestados en el mes previo al 25 de enero acusados de “intención de manifestación”. La mayoría lo eran por simples comentarios en las redes sociales. El administrador de la página de los Socialistas Revolucionarios, Mohamed Essam, o el miembro del Sindicato de Médicos Taher Mokhtar eran algunos de estos detenidos.
El Ministerio de Interior aprovechó la proximidad de la efeméride para trasladar sus oficinas del centro de la ciudad a un barrio acomodado de las afueras de El Cairo, mientras las fuerzas policiales registraban cientos de domicilios de extranjeros en todo el país.
Trece organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, denunciaban esta semana el caso de Mahmoud Mohamed, que lleva más de dos años en detención preventiva, lo que vulnera la legislación egipcia. El caso de Mohamed es famoso en el país porque fue detenido cuando aún era menor de edad por el simple hecho de llevar una camiseta con el lema “país sin tortura”, un lema que se consideró como una posible falta de respeto a las fuerzas del orden. Se calcula que más de 700 personas están en las cárceles egipcias a pesar de haber cumplido ya los plazos de sus detenciones preventivas. Más 40.000 presos lo son hoy por delitos políticos en el Egipto de un Al-Sisi que se parece cada vez más al negro Saturno pictórico de Goya, enloquecido devorando a sus hijos por miedo a una leyenda negra con forma de revolución.
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