Será porque no nos tomamos en serio el futuro, pero la realidad es que el trabajador en activo mira con distancia y frialdad su futura pensión. Las movilizaciones en torno a esto son mucho más descafeinadas que las tensiones y el calor que produce una huelga general o una manifestación en caliente. Las pensiones, según el catedrático de la EHU Ignacio Zubiri y la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) se irán devaluando hasta un 35% debido a las reformas de 2011 y 2013. Eso significa que, de no cambiar, habrá ciudadanos que nunca tendrán un sueldo o una pensión digna para vivir.

Si la Seguridad Social pasa su peor crisis en los últimos 20 años, las pensiones han sido la punta de lanza que unos partidos y otros han utilizado como arma electoralista. Desde la entrada en dique seco con la crisis económica, viven de los Fondos Reservados, y no parece que esto vaya a cambiar, ya que en 2016 se volverán a ‘sacar’ otros 6.000 millones. Desde 2008, los pensionistas en España han aumentado en un 24%, un país en el que la media de ingresos de un jubilado es 1.020 euros.

La reforma de 2013 rearmó el sistema de revalorización y el factor de sostenibilidad ligando las pensiones a la esperanza de vida. Algo que ha incidido, según Fun­cas, en una pérdida del valor de las pensiones. Al igual que la reforma de 2011, elaborada por el Gobier­no de Zapatero con la aprobación de los sindicatos. La economista Elena Idoate nos cuenta que la reforma del PSOE –conocida como el Pen­sionazo– “fue una reforma brutal, cuyos efectos no eran inmediatos y ahora se están comenzando a notar”.

La última medida ha significado el incremento de las pensiones un 0,25% con respecto al año anterior. La pensión mínima se queda en 636 euros. En palabras de un portavoz de UGT, “mientras que en el año 2011 un trabajador al jubilarse venía a percibir el 81,2% de su salario, en el año 2013, según datos de la OCDE la proporción de la pensión ya representaba el 73,9%”. La tendencia, si no cambia, es ir a la baja, pudiendo llegar a un 43% en el 2060.

Ofertas electorales

Los dos partidos con aspiraciones a sustituir en el Gobierno al PP dedicaban un apartado concreto de sus programas a las pensiones, aunque con relativas diferencias. Podemos ya adelantó que abogaría por la derogación de ambas reformas. Ade­más, dentro de un programa de protección social, proponía dedicar 20.000 millones a las pensiones y dependencias.

El PSOE, con un lenguaje centrado en el continente y siendo ambiguo y parco en el contenido, proponía también reformar las pensiones, y encaminarse a la recuperación del consenso de los Pactos de Toledo, impulsados por Felipe González en 1995. Los socialistas proponen también acabar con todas las reformas del PP en esta legislatura y un aumento de la pensión mínima.

En cuanto al análisis de Funcas, hemos querido hablar con expertos para conocer su opinión. Todos suelen estar de acuerdo en las conclusiones, pero reinterpretan ciertos elementos. Elena Idoate asegura que no hay que olvidar que “Funcas es la patronal de lo que eran las cajas de ahorro, y éstas comercializan pensiones privadas, con lo cual Funcas no deja de ser un lobby de presión que, cuando le ha convenido, ha pedido que las pensiones públicas se recorten para estimular que la gente se haga pensiones privadas”. Es decir, que Funcas puede estar barriendo para casa, justificando sus intereses a través de su definición del plano actual.

Juan Torres, economista que participó en la redacción del programa económico de Podemos y es miembro de ATTAC, asegura que el informe es “preciso”, aunque considera “muy arriesgado confiar en que los ingresos necesarios para satisfacer este último objetivo social se puedan derivar sólo de fuentes complementarias, como los impuestos”.

En cuanto a acabar o no con las normas que el bipartidismo fue apuntalando en los últimos años, Idoate considera imprescindible “derogar las reformas, incluido el Pen­sionazo, en el sentido de exigir menos tiempo de cotización y avanzar la edad de jubilación, y penalizar menos”. Torres, por su parte, ve fundamental “forzar un gran pacto de rentas que frene la caída de los salarios para que no se deterioren cada vez más los ingresos del sistema”.

Como soluciones a largo plazo, la autora de Qué pensiones, qué futuro afirma que “habría que desligar el acceso a la pensión de la cotización laboral, y tender a sistemas de protección basados en la universalidad”. Torres asegura que “mientras no se mejore la participación de los salarios en la renta nacional y la capacidad de la economía en su conjunto para crear actividad y empleo, todo lo demás serán soluciones de compromiso o paliativas”.