Migración
El CIE de Zona Franca es declarado culpable y condenado a su cierre definitivo

Organizaciones de derechos humanos, expertos y cientos de personas han representado un juicio popular para pedir su clausura.

31/01/16 · 14:22

El juicio popular al CIE de Zona Franca, convocado por la plataforma Tancarem el CIE, reunió ayer, sábado 30 de enero, a cientos de asistentes que exigieron la clausura definitiva de este centro de internamiento de extranjeros, actualmente cerrado por obras y cuya reapertura se prevé para el mes que viene, en un juicio popular convocado por organizaciones e derechos humanos.

El jurado popular declaró por unanimidad culpable al CIE de Zona Franca, acusado de múltiples vulneraciones de derechos humanos; la defensa del acusado no se presentó, a pesar de que se le citó el día anterior. La máxima responsable institucional del CIE es María Llanos de Luna, delegada del Gobierno en Catalunya, ya que los CIE dependen de la gestión del Ministerio de Interior y directamente de la Policía, puesto que no hay una regulación interna. Entre los miembros el jurado estaban la periodista Gemma García, de La Directa, en representación de los medios; Josetxo Ordóñez en representación de la abogacía del ICAB; Pascale Coissard, de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR), Aida Guillen, del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya, y Aziz Faye, portavoz del Sindicato de Vendedores Ambulantes.

Existen más de 25 denuncias de casos de maltratos y torturas producidos dentro de CIE de Zona Franca, según señaló Andres García Berrio, como abogado de la acusación popular. También múltiples quejas por la vulneración de derechos humanos y las resoluciones de los jueces que han actuado como legisladores debido a que el Ministerio de Interior no quería instalar lavabos en las celdas. Entre 2010 y 2013, tres personas murieron mientras estaban recluidas en este centro de internamiento --Aramis Manukyan (2013), Idrissa Diallo (2012) y Mohamed Abagui (2010). Aunque, como recordó García Berrio durante el juicio popular, la vulneración de derechos en el CIE sólo es una parte de todo el engranaje de la política de persecución a los migrantes: “Hay situaciones de identificaciones por perfil étnico y racial y deportaciones, no acabaremos el problema con el cierre del CIE, pero es una parte del engranaje muy importante". Por último, el abogado aportó la existencia de la declaración institucional del Ayuntamiento de Barcelona por el cierre del CIE y la resolución del Parlament de Catalunya con una mayoría amplia de tercios que señala que no se debería volver a abrir.

El juicio contó con dos testimonios técnicos y otros tres testimonios de personas que han pasado por este tipo de centros en los que sufrieron todo tipo de vulneraciones. Lamine Sarr relató su estancia en el CIE y denunció: “El único delito que tienen las personas que están en el CIE es cruzar una frontera u otra, ser pobre o negro, esas personas son los nietos de los esclavos que cazaban y que cargaban en barco como animales para venderlos en los campos de plantaciones, a ellos no les pedían pasaporte o papeles”. Lamine también recordó la impunidad de este tipo de centros: “Si alguien muere no pasará nada, ni se sacará la verdad en público, porque está en la mano de tres poderes: del gobierno, jueces y policía”. Lamine Sarr explicó cómo en el CIE hay una celda de aislamiento donde pueden encerrar a los internos con total permisividad para castigarles. Lamine explicó que cuando las personas son expulsadas del CIE no son informadas: “Te tratan como a un objeto, no tienes ninguna información”.

Prosiguieron los testimonios con Raju Singh, internado en el CIE de Algeciras durante dos meses en 2011, quién denunció la falta de comunicación con el exterior. Después, Inder Jeet Singn, exinterno de hasta tres centros de internamiento diferentes, en el CETI de Ceuta, un mes en el Algeciras y otro mes en el CIE de Madrid. Ha pasado 10 años intentando llegar al Estado español, “He perdido mi juventud”, señaló. Inder Jeet Signg apuntó que en ningún momento, mientras estaba interno, se le informó sobre el derecho de asilo.

En cuanto a los testimonios técnicos, Marga García de la Fundación Migra Studium, una de las organizaciones que trabajan casi diariamente dentro del CIE de Zona Franca desde 2012, puso de manifiesto el conocimiento de testimonios de múltiples vulneraciones de derechos humanos, como el derecho de información por la inexistencia de un servicio de traducción y comunicación con otros servicios, o el derecho a la salud. “Muchas veces los internos se ven obligados a suspender sus tratamientos, sobre todo los internos que sufren enfermedades crónicas, ya que no se permite a sus familiares llevarles las medicaciones. Todas las medicaciones tienen que estar suministradas por el equipo médico, pero no hay un equipo médico 24 horas, el horario de atención es muy limitado”.

Por otro lado, Marga García resaltó la vulneración al derecho a la comunicación por el poco tiempo que los internos tienen para comunicarse con su exterior. Las ONs tienen unos horarios de atención de una hora por la mañana y otra por la tarde. El derecho a la atención social es otro de los derechos vulnerados, ya que en el momento en el que las personas provenientes de otros territorios son liberadas “sólo se les proporciona un billete de autobús metropolitano, sin ningún tipo de recurso para volver al lugar donde han sido detenidos”. “También nos hemos encontrado con personas que en ningún caso deberían haber sido prisioneras en un CIE, personas con enfermedades mentales o graves enfermedades crónicas”. Para finalizar, recalcó los casos de internamiento de menores en los que se les otorga el estatus de posibles menores, pero aunque se les hacen unas pruebas, en muchas ocasiones no se les acaba reconociendo como tal.

Cristina Fernández, del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos, entidad encargada de monitorizar los casos de vulneraciones de derechos humanos en las instituciones de privación de libertad, constató que en los CIE “se han llevado a cabo conductas criminales que vulneran los bienes jurídicos fundamentales: la integridad física y moral de la persona y su dignidad”. Cristina Fernández denunció la opacidad de estos centros y advirtió la deficiencia del sistema de quejas, ya que todas las quejas de los internos son peticiones que pasan por el director del CIE, un miembro del cuerpo de la Policía Nacional, la misma que custodia el centro.

Andrés García Berrio recogió todos los testimonios y dictaminó: “No sólo hay que cerrar los CIE , hay que trabajar para que se acaben las redadas de carácter étnico y las deportaciones”. También puso en el punto de mira las dinámicas racistas ejercidas en lo cotidiano y, sobre todo, en el sistema judicial. El abogado transmitió: “El día que consigamos cerrar los CIE enviaremos el mensaje a Europa de que la ciudadanía está totalmente posicionada en contra de la política migratoria de la Unión Europea, que es la responsable de miles de muertes en los últimos 30 años”.García Berrio comentó la necesidad de presionar a los gobiernos y administraciones “para cesar los crímenes en la frontera sur” y recordó la muerte de 15 personas en la playa del Tarajal en febrero de 2014. En cuanto a los vuelos de deportación, señaló la responsabilidad de las empresas que se lucran de estos viajes, recordó el boicot a Air Europa, empresa que se reembolsa alrededor de 11 millones de euros para realizar deportaciones en vuelos colectivos.

“Ya se está llevando a cabo la desobediencia civil contra la ley de extranjería con todas esas personas que se niegan a subir a esos vuelos, en silencio, pero esta desobediencia ha sido el camino durante todos estos años para evitar su deportación”. García Berrio animó a las personas a sumarse a las reivindicaciones para acabar con los CIE: “Ha llegado el momento de hacer lo que sea necesario, incluso desde la desobediencia civil, para que no vuelva a abrir el CIE, pongamos los cuerpos si hace falta. Si lo abren, tendrán que hacerlo quitándonos del medio”.

La acusación popular exigió el cierre del CIE y solicitó la asimilación de la sentencia por parte de los partidos políticos que se posicionaron en favor del cierre del CIE: “Tenemos que pasar de las palabras a los hechos, el Gobierno catalán tiene que defender la resolución”. Por último, García Berrio concluyó haciendo un llamamiento para que suspenda la actividad del CIE por parte del Gobierno en funciones y cuando se conforme el nuevo Gobierno, que uno de los puntos a tratar en el primer Consejo de Ministros sea el cierre del CIE de Barcelona”.

El jurado popular deliberó tras todo el proceso y declaró el CIE de Zona Franca culpable de vulnerar los derechos humanos y lo condenó a desaparecer por unanimidad. La sentencia fue transmitida por una representante de SOS Racisme. Para cerrar el acto hubo dos actuaciones musicales. Las personas asistentes estuvieron durante todo el juicio denunciando verbalmente las vulneraciones por parte de los CIE y las políticas migratorias; y antes de la sentencia final, lanzaron todas las acusaciones en forma de aviones de papel dentro del establecimiento. El juicio popular se dedicó a los tres internos que fallecieron en el CIE y a todas las personas están luchando por su clausura.

Primer caso de aplicación de la Ley Mordaza en Cataluña

Al concluir el acto, una persona sufrió una grave indisposición y tuvo que ser atendida por una ambulancia. Mientras tanto, el abogado Andrés García Berrio asistió a esta persona, pero los policías lo instaron a irse de allí. García Berrio actuó en función de mediador pero los agentes increparon al abogado para que se fueran y se identificara. Tras una breve conversación, un policía le amenazó: “Si no te identificas te voy a llevar engrilletado”. Finalmente, el agente denunció al abogado por desobediencia, una falta leve, y lo sancionó bajo La Ley Mordaza, convirtiéndose así, en el primer denunciado en Catalunya por esta nueva ley. Andrés García Berrio valoró este hecho como “muy grave” en el contexto en el que se produjo la aplicación. Desde Irídia, centro de derechos humanos del que es abogado, se anunció que pondrán una queja mañana en el Departamento de Interior por esta actuación policial.
 

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comentarios

1

  • |
    7814EBC
    |
    31/01/2016 - 8:38pm
    ¿Sólo el CIE de la Zona Franca de Barcelona es ilegal? No, lo son TODOS. Los CIEs son una barbaridad. ¿Desde cuándo los seres humanos son ilegales? Desde que el capitalismo defiende su "derecho" -la esclavitud de los demás- a poseer un "ejército de parados" para beneficiarse de ellos. Eso, a todas luces, salvo a las tinieblas del capitalismo, es la barbarie. Enrique