Federico Ramos de Armas, hasta ahora subsecretario de Presidencia y hombre cercano a Soraya Sáenz de Santamaría, ha dimitido hoy “para defender su honor”. Ramos es uno de los cerca de medio centenar de personas investigadas –nueva denominación de imputadas que trae la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– por el caso Acuamed. Según la investigación de la Guardia Civil, uno de los testigos lo sitúa en una de las numerosas reuniones en las que se pactaron las falsas certificaciones de obras de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas.

En concreto, Ramos habría participado en una reunión en la que se acordó que el organismo público pagaría 40 millones (un 40%) de los costes derivados de los daños sufridos en la desaladora del Bajo Almanzora, en Almería, por las inundaciones, a pesar de que éstas legalmente debían ser sufragadas al completo por Fomento Construcciones y Contratas (FCC) y Abengoa, como adjudicatarias de la infraestructura.

La dimisión de Ramos pone punto y aparte a una carrera política llena de sinsabores para los grupos ecologistas desde que llegó, en 2008, a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

El Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama fue el primero de ellos. Aunque, como señalan desde Ecologistas en Acción, el documento fue iniciado por su antecesor, Ramos fue su principal impulsor. Fue base para la declaración, en marzo de 2011, del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama, contemplando la unión de las estaciones de esquí de Navacerrada y Valdesquí, y también rebajando la protección de lugares emblemáticos como Peñalara y la Pedriza de Manzanares.

También fue impulsor de la ley madrileña con la que se desafectaron 14,2 kilómetros de la Cañada Real Galiana, en el tramo que une La Rioja con Ciudad Real, en marzo de 2011. “Esta ley no ha dado solución alguna al problema social y ambiental de los miles de asentamientos ilegales en esta zona”, apuntan desde Ecologistas en Acción.

Otro tema que despertó las críticas de los grupos ecologistas fue el Plan de Uso y Gestión del Parque Regional (PRUG) del Sureste. Con el texto, y a última hora, Ramos abrió la veda para la construcción de campos de golf en este parque de 31.550 hectáreas que discurre por 16 municipios. También permitió en el mismo parque la caza en zonas prohibidas expresamente por ley.

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La expansión de los campos de golf por los parques regionales continuó, de la mano de Ramos, en áreas de interés natural en las cuencas y encinares de los ríos Alberche y Cofio.

Tras su paso por la Consejería madrileña, Federico Ramos pasó a ocupar el cargo de secretario de Estado de Medio Ambiente, donde estaría a cargo, entre otros, de la empresa pública Acuamed que le ha llevado a su dimisión. “En cierto modo [fue] el principal artífice de la desregulación ambiental tan fuerte que ha sufrido España”, declaraba a los medios de comunicación el coordinador de Ecologistas en Acción, Paco Segura, cuando en junio de 2015, a pocos meses de las pasadas elecciones generales, Sáenz de Santamaría se lo llevó a presidencia tras haber ocupado, entre 2011 y 2015, la secretaría de Estado de Medio Ambiente.

La Ley de Costas, con la que se disminuye a la quinta parte la protección de las costas (de 100 a veinte metros) o se legalizan alrededor de 10.000 viviendas a pie de playa. La Ley de Parques Naturales, que convierte estos espacios en cotos de caza, o la última Ley de Montes, con la que se permite construir en terreno protegido, aprobada un mes después de su traslado profesional. Son algunas de las perlas en medio ambiente que dejó la legislatura de Rajoy, con Arias Cañete como ministro de Medio Ambiente y Ramos como secretario de Estado de Medio Ambiente.

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