La progresividad fiscal es el fundamento sobre el que se construye el Estado del bienestar. Los impuestos sólo pueden tener un efecto redistributivo si se configuran de manera progresiva, es decir, si el porcentaje de las ganancias que se debe entregar a Hacienda crece conforme estas ganancias aumentan.

La progresividad de los impuestos está consagrada en el artículo 31 de la Constitución española. Sin embargo, la realidad es que las personas con rentas bajas destinan un mayor porcentaje de sus ingresos al pago de impuestos que las personas con las rentas más altas.

De un tiempo a esta parte, el Estado ha perdido el control recaudatorio sobre las élites y, por tanto, la sociedad española ha perdido la posibilidad de alcanzar el bienestar colectivo. No es casualidad que la pérdida del control fiscal haya transcurrido de manera paralela al desarrollo de internet. La red permite defraudar sin salir de Pozuelo y que los engorrosos viajes a Suiza sean cosa del pasado. Me explico: si usted tiene una fortuna de, supongamos, cuatro millones de euros, puede acudir a una oficina de banca privada o a alguno de los grandes despachos de abogados, donde algún obrero cualificado le informará de la manera más inteligente de eludir el pago de sus impuestos. Lo cierto es que no es difícil. Escriba paraísos fiscales en su navegador y aparecerán varios portales donde le informarán sobre los entresijos de este sistema con tanta precisión como desfachatez. Lo que hasta los 80 estaba sólo al alcance de monarcas, de comerciantes de petróleo y de traficantes de armas (a veces todo al mismo tiempo), ahora está a un click, sin necesidad de soportar las molestas colas para renovar su pasaporte.

La evasión masiva de impuestos entre las élites ha hecho que el Estado haya ido perdiendo una importante fuente de ingresos, de manera que debe recaudar por otras vías para atender a sus necesidades más urgentes. Las subidas periódicas del IVA y del IRPF combinadas con la reducción del gasto social se producen en este contexto de fraude generalizado.

La peculiaridad mediterránea consiste en que, no contentas con ello, nuestras élites desvían buena parte de lo recaudado a sus propios bolsillos, por ejemplo mediante la reposición de un desfalco de cuarenta mil millones de euros con fondos públicos. Fondos que detraen de un gasto social que ni les va, ni les viene.

Bien, dejemos nuestra dieta y sigamos con la tecnología. El deterioro de las cuentas públicas es cada vez mayor a medida que se generalizan los sistemas de banca online. En la nube se difuminan las fronteras del fisco y, hoy, el proceso de deterioro del Estado del bienestar parece imparable, puesto que alcanzar el Estado de bienestar sin la contribución de las élites es una entelequia. Para las multinacionales también resulta muy sencillo eludir el pago de impuestos. Si se analiza la situación desde otro punto de vista, se puede decir que la multinacional no elude el sistema impositivo, sino que en realidad aprovecha el sistema que las élites han creado para incrementar sus beneficios y por tanto, su poder.

¿Recuerda la última vez que rompió un termómetro? Pues bien, acabar con un paraíso fiscal es como aplastar una gota de mercurio: cuando tratas de hacerlo, ésta se divide en muchas partes, de manera que es imposible que desaparezca. Por otro lado, enfrentarse al poder financiero puede resultar tan tóxico como aplastar gotas de mercurio, ya que los Estados necesitan préstamos bancarios para sufragar la pérdida de ingresos que le van dejando los agujeros impositivos. Este enfrentamiento resulta tan peligroso porque si un Estado toma acciones decididas contra el poder financiero, puede verse abocado al colapso. Recuerde el caso de Varoufakis, el referéndum y la Troika.

¿Estamos por tanto abocados a una sociedad cada vez más desigual? La realidad es que no: la lucha contra los paraísos fiscales no está perdida, porque las acciones que hoy en día no pueden tomar los Estados sí que pueden ser afrontadas por organismos públicos con menores responsabilidades.

Una de estas acciones tiene que ver con la contratación pública. La contratación de las administraciones públicas españolas alcanza unos ciento cincuenta mil millones de euros, por lo que se puede convertir en un arma muy poderosa. Todas las empresas del IBEX 35 tienen al menos una de sus sedes en un paraíso fiscal. Al mismo tiempo, la mayoría de ellas tienen como principal cliente al Estado, lo que últimamente se conoce como ‘capitalismo de amiguetes’. ¿Se imagina las consecuencias que tendría excluir de la contratación pública a las empresas con sede en paraíso fiscal?

Los Ayuntamientos son las entidades idóneas para dar ese primer golpe al sistema. No necesitan la financiación bancaria, ya que la Unión Europea exige que lo recaudado deba superar a lo gastado por el municipio. Por tanto, las élites financieras pueden presionar de manera indirecta al Ayuntamiento, pero no pueden amenazarle con el colapso social que genera un corralito. Así que no existe otro riesgo que el del acoso mediático para que demos el primer paso contra este sistema.

Y este paso tenemos que darlo: si no tomamos acciones decididas contra los paraísos fiscales, nuestra sociedad está abocada a una crisis perpetua.