Si algo ha demostrado el Partido Socialista en los últimos 30 años en lo que respecta a las políticas en la Frontera Sur, de asilo y refugio, las identificaciones policiales de extranjeros, los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), y las deportaciones, ha sido su absoluto desprecio por el respeto a los derechos humanos. Sólo el turnismo bipartidista ha permitido al PSOE, por mera oposición al PP, parecer la alternativa garantista. Sin embargo, fuera de este juego electoral, y una vez contrastadas las declaraciones, los hechos y las consecuencias de sus gobiernos, podemos ver cómo, para este partido, los derechos humanos tan sólo han sido una cuestión de cosmética electoral.

Ahora que el ciclo bipartidista muestra su agotamiento, con la emergencia de nuevos partidos y fuerzas, el PSOE trata de sacar su mejor cara con tal de amortiguar la caída de intención de voto. Sin embargo, hay algo que conviene no olvidar: cuanto más poder atesora el partido, mayor es su hipocresía y decidida su voluntad de no garantizar y respetar los derechos fundamentales. Un ejemplo claro lo tenemos en el comportamiento diferencial que han tenido los distintos grupos municipales del Partido Socialista respecto a la aprobación o no de mociones municipales por el cierre de los CIE. Esto nos permite intuir cuál será su comportamiento en estos ámbitos en caso de volver a gobernar a nivel estatal.

El PSOE introdujo los CIE en España en 1985 sin desarrollar su reglamento de funcionamiento

Durante las numerosas reuniones mantenidas en el proceso de presentación de una moción municipal en Madrid para instar al cierre del CIE de Aluche y el fin de las prácticas de racismo institucional (que finalmente no ha sido presentada por el bloqueo del PSOE), la principal preocupación del partido ha sido “no mencionar el pasado”, borrando fechas o cambiando términos. Sin embargo, es necesario, precisamente para poder entender el presente, tener muy en cuenta el pasado, más aún ante el contexto electoral en el que nos encontramos. Resulta un ejercicio de hipocresía desmedida comprobar cómo todos los aspectos que aparecen en su programa electoral han sido durante décadas los principales puntos de una respuesta represiva a las migraciones: crearon la situación de irregularidad y los CIE; reforzaron las fronteras de Ceuta y Melilla llenándolas de cuchillas (lo que ahora llaman concertinas); acabaron con una de las garantías del derecho de asilo (el asilo diplomático); y realizaron sistemáticamente devoluciones ilegales en la Frontera Sur al menos desde 2005; ahora bien, la enumeración podría no acabar aquí.

La hemeroteca frente a la amnesia electoral del PSOE

En 1985 el PSOE elaboró la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. (Vigente hasta el 1 de febrero de 2000). Una ley de extranjería especialmente dura, más aún teniendo en cuenta que la inmigración era un fenómeno minoritario. La legislación pretendía contentar a las fuerzas conservadoras centroeuropeas y, de la noche a la mañana, convertiría a miles de personas en “sin papeles”. La ley fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad que finalmente fue resuelto por la Sentencia del Tribunal Constitucional 115/1987, de 7 de julio, anulando varios preceptos de la norma. No obstante, finalmente se consolidará un modelo diseñado por el PSOE en el que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, los extranjeros. Ciudadanas y ciudadanos de segunda que pueden ser internados en un CIE por una falta administrativa, por ser, según esta propia ley, personas en situación administrativa irregular y, por tanto, expulsables. Se creaban así esta suerte de calabozos extendidos, constituidos en centros de opacidad, abuso e impunidad sin control, entrando a formar parte de la historia de la infamia.

En el año 2004 la inmigración había adquirido mucha más relevancia social, política y mediática. Y es en ese momento, cuándo vuelven vuelven al poder. El 30 de septiembre de 2005, la Guardia Civil disparó fuego real contra personas indefensas que trataban de atravesar la alambrada de Melilla. Murieron cinco personas y más de 160 resultaron heridas. Ni justicia ni reparación, la solución del PSOE fue movilizar 480 soldados en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla e instalar cuchillas, junto con otro tipo de costosa y denigrante tecnología, por ejemplo; una canalización de gases irritantes (gas pimienta). Meses antes se había tenido constancia de la primera expulsión ilegal de un joven camerunés, que tras ser detenido, embridado y maltratado, fue expulsado a territorio marroquí semiinconsciente. Ya en 2005 se pudo documentar una de esas operaciones a través de un vídeo de Prodein en el que se observaba cómo varios guardias entregaban a las Fuerzas Auxiliares marroquíes a varias personas, recibiendo golpes por parte de éstos últimos. Se demostraba así la intención del Gobierno del Partido Socialista por externalizar la gestión fronteriza, despreocupandose por completo del cumplimiento de la legislación internacional en materia de derechos humanos, malos tratos o torturas.

El Plan África I, de 2005, se configuró como un plan neocolonial con el que se cristalizaba la externalización de fronteras

Con esa filosofía pondrá en marcha el Plan África I, que en resumidas cuentas supedita la ayuda al desarrollo con los países del África Occidental a cambio de colaboración en el control migratorio y las políticas de repatriación (deportaciones). Lo que se vendió como un plan de desarrollo, se configuró como un plan neocolonial en plena crisis de los cayucos a través del cual el estado Español firmó hasta doce acuerdos con distintos estados, la mitad de ellos, de readmisión. Se cristalizaba así la externalización de fronteras y CIE en países como Mauritania, pagados con dinero español de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), gestionados por agentes de la Guardia Civil y por personal de Cruz Roja, como el Centro de detención de Nouadhibou .

Tampoco se preocuparon mucho por ocultar esta nueva política. En 2006, el Real Decreto de 7 de julio regulaba la concesión de una subvención de 10.544.771 euros al Reino de Marruecos para la “mejora del control de sus fronteras y lucha contra la emigración ilegal” tal y como aparecía publicada en el BOE.

En mayo de 2008, el por aquel entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, realizó una gira por Malí y Senegal a fin de firmar falsos acuerdos de cooperación que exigían a los países africanos reforzar su papel represivo y colaboración en la devolución de personas migrantes, sin que en ningún caso se contemplara en estos acuerdos mecanismo de control que garantizaran el respeto de los derechos humanos, por ejemplo, con medidas que asegurasen que en el transcurso de esas operaciones de control no se iba a golpear y abandonar en el desierto a las personas migrantes provocando su muerte, como después se constató.

El Plan África II firmado en 2009 repetiría el modelo. El Plan que se planteaba en torno a tres objetivos: derechos humanos, igualdad de género y sostenibilidad ambiental, escondía numerosos acuerdos comerciales, principalmente pesqueros y energéticos, y en materia migratoria. Blindadas las rutas migratorias con el primer plan este segundo permitía un desembarco de las empresas españolas para esquilmar las riquezas naturales de estos países.

La política migratoria del PSOE está acompañada de un reguero de muertes, desapariciones y vulneraciones constantes de los más elementales derechos. No podemos pasar por alto la fecha 9 de junio del año 2007, este día Osamuyi Aikpitany murió asfixiado en un vuelo de deportación, a consecuencia de la violencia y mordazas empleadas por los agentes de la policía. Esta muerte devino en un Protocolo de Deportación que permite el empleo de camisas de fuerza, sedaciones forzosas y la violencia necesaria, con el único límite de no comprometer las constantes vitales, y que se viene aplicando hasta el día de hoy. Un burdo intento del Gobierno de dar cobertura legal a estas prácticas y legalizar los malos tratos y las torturas. Por cierto, una fecha que el Partido Socialista de Madrid insistía en quitar de la infructuosa moción antes señalada. Por desgracia para ellos, hay historias que no pueden ser silenciadas por mucho que se hagan protocolos para amordazar impunemente.

Con la aprobación del Protocolo de Deportación se legalizó la práctica de malos tratos a las personas deportadas, con el empleo de camisas de fuerza o el empleo de la fuerza necesaria

Un año después, el PSOE se suma a la Directiva de la Vergüenza. El 17 de junio de 2008 se aprobó la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, conocida como Directiva de la Vergüenza, que permitía retener a personas en situación administrativa irregular hasta 18 meses a la espera de la deportación a su país de origen. En la legislación española esto se tradujo en la reforma de la Ley de Extranjería en 2009, que ampliaba el plazo de internamiento de 40 a 60 días. El Ministerio del Interior quería que ese plazo fuera superior pero la contestación en la calle y la acción de colectivos sociales y de profesionales del derecho impidió un plazo de internamiento aún mayor. Según esta reforma de la Ley de Extranjería, en los seis meses posteriores debería haberse desarrollado un reglamento de funcionamiento de los CIE. Esto nunca ocurrió. La premura en el blindaje legal a las medidas represivas nunca ha ido de la mano de una legislación que garantice que no se producen efectivamente vulneraciones de derechos.

Entre 2008 y 2010 salía a la luz todo un régimen ilegal de identificaciones raciales negado hipócritamente una y otra vez por Rubalcaba. En noviembre de 2008 salía a la luz una circular interna de la policía en la que se establecían cupos de personas detenidas sin papeles. Más tarde, otra circular, la 1/2010 de 2 de enero, instaba a los agentes a trasladar a comisaría a todas aquellas personas en situación irregular que se identificasen con pasaporte (a pesar de un ser un documento identificativo válido), instando de esta manera a una práctica que vulneraba la Ley de Extranjería vigente en ese momento y permitía detenciones discriminatorias e indiscriminadas. Tras el gran revuelo mediático que generaron la filtración de estas circulares, el por aquel entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tuvo que reconocer la existencia de cupos. Según reconocía Sánchez Fornet, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), el 2009 fue el año en el que la Policía realizó más presión en las calles contra los inmigrantes. 

En relación a la protección internacional no se puede decir que la situación fuera más garantista. La Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria introdujo modificaciones que supusieron una merma en los derechos de las personas susceptibles de solicitar protección internacional como la eliminación de la posibilidad de solicitar asilo diplomático en consulados y embajadas en terceros países y el reglamento de esta ley nunca llegó a desarrollarse hasta el día de hoy. Al ya bajo número de solicitudes concedidas en el Estado español, el mandato de Rubalcaba se caracterizó por un descenso considerable y con la cifra más baja de los últimos diez años: 250 solicitudes concedidas, un 41% menos que el año anterior.

La despedida del gobierno del PSOE en 2011 estuvo marcada por la falta de garantías y respeto a los derechos. Pese a la obligación de aprobar un reglamento de régimen interno para los CIE, el 19 de diciembre de ese año morirá Samba Martine en el CIE de Aluche debido a una deficiente asistencia sanitaria. El Estado, garante de la vida de las personas que interna en los Centros de Internamiento, faltó a su deber con fatales consecuencias. Pero la muerte de Samba Martine no fue la única ni la última fallecida en estos centros.

Las promesas de hoy son las pesadilla del mañana

Traslademonos ahora al presente, diciembre de 2015. Apenas faltan unsa decenas de horas para las elecciones generales. Supongamos que, en un ejercicio de algo parecido a cierta responsabilidad democrática, decidimos leer detenidamente el programa del PSOE, centrándonos en las propuestas realizadas en materia de migración.

“El PSOE se compromete a restablecer una política justa en las fronteras, a flexibilizar las vías de inmigración legal, reforzar la política de integración y a proteger a las personas que huyen de la persecución, a las que ampara el derecho internacional.”

“Los y las socialistas haremos una apuesta seria por la cooperación migratoria con los países de origen, tránsito y destino”

“Garantizaremos el respeto absoluto de los Derechos Humanos, reconociendo efectivamente el derecho de asilo y refugio, asegurando la efectiva protección internacional de aquellas personas que lo necesiten, retirando las concertinas de nuestras fronteras y rechazando las devoluciones en caliente”

Podemos leer atónitas cómo hablan de inmigración en términos absolutamente utilitarios (como “oportunidad” y “enriquecimiento cultural”). Pero, sin embargo, resulta difícil no pensar en aquellos momentos en los que el PSOE ha gobernado con políticas represivas hacia la población migrante, que no distan mucho de lo que pudieran hacer otros partidos que el propio PSOE considera “de derechas” y que tampoco han cesado, más bien al contrario, como demuestran las redadas racistas o las deportaciones. Seguimos leyendo y vemos como proponen “trabajar conjuntamente con África: crear un plan de acción con África subsahariana para apoyar su enorme potencial de desarrollo y aliviar la tensión migratoria que existe en sus países”. Pareciera que estuvieran planteando un nuevo Plan África III, pero tampoco se muestran preocupados porque en esta ocasión se vigile especialmente el respeto de derechos en el marco de estos convenios.

Lo que nos encontraremos es un PSOE que se declara comprometido con los derechos humanos, con la eliminación de las concertinas en la Frontera Sur, el fin de las devoluciones en caliente y la garantía del derecho de asilo. Un PSOE que aboga por un cambio de modelo en los CIE para garantizar los derechos de las personas internadas.

Un PSOE que quiere matizar todo aquello que él mismo ha inventado y puesto en práctica para que quizás, como en estos 30 años, nada cambie. Resulta más que preocupante que en aquellos lugares donde el PSOE tiene una fuerza electoral mermada (como en Barcelona y en Valencia) se alinea con las posiciones más progresistas por el cierre, reafirmando la evidencia de que es imposible que un CIE no viole los derechos humanos con su mera existencia. Sin embargo, en Madrid, como antesala de su posición en el futuro gobierno nacional, se opone a enmendar su errática política migratoria en lo que respecta a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Recordemos que frente a las declaraciones de intenciones, el PSOE tiene un pasado de hechos consumados que no podemos olvidar.