Seis meses después del cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, el caso de la vivienda de la calle Ofelia Nieto 29 sigue más vivo que nunca. La familia Gracia González, cuyo edificio de tres viviendas, en las que residían tres generaciones, fue derribado en febrero por el anterior Consistorio del PP después de diez años de lucha en contra de su expropiación y de meses de movilizaciones populares para evitar el derribo, mantuvo ayer 14 de noviembre una reunión con la alcaldesa, Manuela Carmena; el delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo; la delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, y la presidenta del distrito de Tetuán, Montserrat Galcerán.

En la reunión, la familia ha pedido la devolución del solar y la reconstrucción de la vivienda en términos similares a los que existían, ya que siempre han denunciado que la expropiación fue ilegal y se realizó con fines especulativos, y no para ampliar una acera, uno de los argumentos esgrimidos por el Consistorio de Ana Botella. La propia Carmena ha reconocido “el daño y la injusticia sufrida por esta familia”, además del “valor de la lucha que han llevado a cabo, y la dignidad con la que han ejercido su derecho a una vivienda", según una nota difundida por el Ayuntamiento.

Sin embargo, el Consistorio no ha ofrecido a la familia ni la devolución del solar ni la reconstrucción de la vivienda. “Dicen que no encuentran la fórmula jurídica viable para devolver el solar. Carmena ha dicho literalmente que si encontramos una fórmula jurídica por la cual ellos puedan devolver a la familia el solar, lo harían porque reconocen que es injusta la expropiación, pero que han estado seis personas trabajando durante meses en el expediente y que no han encontrado ningún resquicio para poder ceder esa parcela a la familia”, explica Álvaro López, del grupo de Stop Desahucios de Tetuán, que añade que “nos extraña que el Ayuntamiento, reconociendo la injusticia de la expropiación, no pueda revertirla, liberar la parcela del plan urbanístico”.

Como solución, el Consistorio ha ofrecido a la familia cambiar el uso de la parcela, que estaba destinada a vivienda privada, para construir un bloque de viviendas sociales, y en ese bloque, en el plazo de dos años y medio, realojar a la familia en tres viviendas en propiedad con características similares a las que ya tenían.

Sin embargo, “la familia no quiere un realojo. Quieren que se haga justicia, que se reconozca la injusticia que se ha hecho contra ellos al robarles su solar y su vivienda, e insisten en que quieren el solar como símbolo de reconocimiento de la injusticia que se ha cometido en la expropiación, y que un realojo es lo que les ofrecía el PP, ya que es el procedimiento normal después de una expropiación”, añade López, que recuerda que los 400.000 euros que el Ayuntamiento anterior ofreció por la expropiación todavía se hallan consignados en un juzgado, ya que la familia se niega a aceptarlos. “La familia no quiere el dinero ni un realojo. Es una postura más moral y de justicia que una material”, explica.

En cualquier caso, la puerta ha quedado abierta para futuras reuniones y negociaciones.

Por otro lado, en lo que se refiere a las once personas detenidas durante el desalojo de la vivienda el 27 de febrero, cuatro de las cuales siguen encausadas, el Ayuntamiento ha comunicado a la familia y activistas presentes en la reunión que, en caso de encontrarse personado en la causa, se retirará de ella para tratar de que no haya consecuencias legales para las personas imputadas. “Pero llevamos seis meses con este tema y ni siquiera saben si están personados como Ayuntamiento y no han accedido al auto, que nos han pedido a nosotros”, explica López con incredulidad.