La concejala Montserrat Galcerán explica por qué se opuso a la aprobación del Plan Parcial de los talleres de Raimundo Fernández Villaverde.
Como sabéis soy concejala-presidenta de la Junta del distrito de Tetuán y vicepresidenta de la de Chamberí. En calidad de tal y como miembro de Ahora Madrid soy sensible a las peticiones de los y las vecinas del barrio, cuyas razones comparto en tanto que, además, soy vecina del limítrofe Tetuán.
Los y las vecinas de ese barrio no se equivocan cuando ponen de relieve la falta de espacios verdes y la escasez de equipamientos urbanos. Es un distrito con una densidad de población muy alta, en el que ya no quedan parcelas libres. Una de las pocas que quedaban era justamente esa de la calle Raimundo Fernández Villaverde. Por el contario no hay necesidad de nuevos pisos en el distrito. En consecuencia el derecho de los vecinos y vecinas a espacio público no debe supeditarse a aumentar la construcción de nuevas viviendas.
La parcela alberga además unos talleres que deberían haber sido objeto de protección como parte del patrimonio histórico de la ciudad. Como sabemos, esta parte del norte de Madrid creció desde finales del s. XIX, en torno a estos talleres que, como las cocheras de Cuatro Caminos, atrajeron a una parte de la nueva población madrileña compuesta por trabajadores metalúrgicos y del transporte con cierta cualificación. Forman parte, por tanto, de la historia de un Madrid al que queremos y respetamos.
Por otra parte la propia operación tiene un indudable carácter especulativo. En la página web de la promotora Cooperativa Maravillas-Domo en el momento de la adjudicación se decía que “es una de las oportunidades más interesantes que ha ofrecido el mercado inmobiliario madrileño en mucho tiempo La cooperativa ha resultado definitivamente adjudicataria de la más valorada y mejor ubicada parcela de las puestas en venta por las Administraciones públicas (Mº de Defensa)”. El que ahora se diga que responde al derecho de las personas a tener vivienda no es más que un giro novedoso del lenguaje tendente a generar confusión.
Se añade a eso que, en tanto que equipo gobernante, no tenemos ninguna obligación de ajustar nuestros actos y decisiones a los términos fijados en una operación comercial. Sin duda los intereses de los “cooperativistas” deben ser respetados pero no hechos prevalecer sobre los intereses comunes, y no privados, de los vecinos y vecinas del barrio ni pueden condicionar las medidas de la administración pública que, por serlo, debe velar más por lo común que por lo privado.
Por todo ello voté en contra de la propuesta con otros concejales y concejalas que comparten esa posición. Siento que no la compartiera el conjunto del grupo municipal.
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