Venta de viviendas sociales a fondos buitre
Pablo Cavero elude hablar sobre el pelotazo del Ivima en la Comunidad de Madrid

La venta de pisos del Ivima a Goldman Sachs sigue rodeando al concejal madrileño Pablo Cavero, quien ha comparecido ante una comisión autonómica para explicar su responsabilidad en esa decisión, que ha costado cerca de cien millones a la ciudadanía madrileña.

20/11/15 · 18:34
Pancarta en una de las viviendas afectadas, / David Fernández

El concejal más rico del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Pablo Cavero, ha pasado hoy por su anterior lugar de trabajo, la Comunidad de Madrid, para comparecer en la comisión sobre corrupción abierta en la cámara autonómica. Cavero ha declinado responder a las preguntas del diputado de Podemos Marco Candela sobre la venta por parte del Ivima de 2.935 viviendas públicas a Azora, un fondo de Goldman Sachs.

Junto a Cavero ha estado el máximo responsable de esa operación, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, que ha negado que se tratase de un caso de corrupción, en respuesta a una pregunta directa del diputado de Podemos, Ramón Espinar. Espinar ha citado el informe de la Cámara de Cuentas autonómica, que da por cierto que aquella venta de viviendas ha supuesto un perjuicio para el Ivima y el erario público.

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El citado informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid estima que la operación supuso un quebranto de 98 millones de euros en el patrimonio público a raíz de la operación de venta. Una pérdida que ni Cavero, a quien Podemos ha pedido que dimita, ni González reconocen. Para Sonia Martínez, presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA, la comparecencia ha estado marcada por las mentiras y las evasivas de los excargos de la Comunidad.

Martínez critica que hayan dicho que los jueces han dado la razón al Ivima hasta ahora: "Se basan en una sentencia de un contencioso que no es que dé la razón, si no que no admite a trámite un escrito que no hemos presentado nosotros", dice Martínez, "pero nuestros recursos contencioso-administrativos siguen en curso".

Además, en la vía penal, prosigue la investigación que está llenado a cabo el juzgado de instrucción número 48 de Madrid. En esa querella está imputada Ana Gomendio, exdirectora general del Ivima, acusada de delitos de malversación de caudales y prevaricación.

Leer más: La directora general del Ivima comparece ante los tribunales

A finales de octubre, el Juzgado Número 48 solicitó a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude posibles conexiones societarias entre las empresas que participaron en la operación y Bussola 99, la SICAV de Pablo Cavero. El próximo episodio de este caso se producirá el 30 de noviembre, cuando están citadas a declarar tres personas de la consejería y la sociedad de tasación que marcó el precio de la operación.

Sin responsabilidades políticas

Hoy, en el día para establecer responsabilidades políticas, los excargos populares han basado su defensa en un ataque ideológico a una de las integrantes de la cámara de cuentas, Mónica Melle, en la cámara a propuesta del PSOE, a pesar de que el informe ha sido aprobado por unanimidad y que cinco de los siete miembros de la cámara fueron elegidos a propuesta del PP. "Nos indigna que pongan en cuestión el informe de la Cámara de Cuentas, que es el máximo organismo fiscalizador en la Comunidad de Madrid", explica Sonia Martínez a Diagonal.

La sospecha de corrupción apunta directamente a Cavero, que participa en dos SICAV, Adaglia y Bussola, la segunda de la cual está gestionada indirectamente por Goldman Sachs, el mismo banco que resultó agraciado con la venta de 3.000 viviendas a 56.000 euros la unidad, llevada a cabo por el Instituto de la Vivienda de Madrid cuando Cavero era consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda.

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