El Gobierno francés controla las fronteras e impulsa un despliegue policial sin precedentes, tras adoptar las medidas de seguridad reivindicadas por la derecha.
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Vuelven los atascos en el Puente de Europa. Faltan poco más de veinte minutos para las nueve de la mañana y decenas de vehículos se acumulan en la frontera entre la ciudad francesa de Estrasburgo y la localidad alemana de Kehl. Tras los atentados del 13 de noviembre, el Gobierno francés ha reforzado los controles fronterizos en todo el país hasta la conclusión de la Cumbre Climática de París (el 13 de diciembre). En las dos orillas del Rhin, un amplio dispositivo policial formado por veinte agentes de policía visiblemente armados se encarga de identificar a los conductores y pasajeros. La gran mayoría de los transeúntes que deben mostrar su documentación son aquellos que tienen una apariencia física árabe o magrebí. Los agentes de policía defienden, sin embargo, que “no existe ningún tipo de selección”.
Francia se ha convertido en el tercer país de la Unión Europea, después de Austria y Alemania, que decide este año suspender temporalmente los acuerdos de Schengen y restablecer los controles en las fronteras. Esta decisión tiene una especial relevancia en una región fronteriza como Alsacia. Manchada de sangre por la histórica rivalidad franco-alemana, ésta suele presentarse hoy como un símbolo de la fraternidad europea. Su capital, Estrasburgo, no sólo alberga la sede del Parlamento Europeo, sino que está conectada con el territorio alemán a través de varios puentes y una pasarela peatonal, y el tranvía de la ciudad debería llegar a Kehl en 2017. Más de 60.000 alsacianos atraviesan cada día la frontera para ir a trabajar a Alemania o Suiza. Una realidad cotidiana que se ha visto alterada por las extraordinarias medidas de seguridad adoptadas después de los atentados del 13-N.
“Ahora tengo que ir al trabajo a pie. Tardo veinte minutos más. Pero si cogiera el coche aún sería peor a causa de los atascos”, explica Julie, que trabaja como profesora en Estrasburgo, pero vive en Alemania. Ella apoya la decisión de restablecer de forma temporal los controles en la frontera. Según una encuesta publicada el martes en el diario Le Figaro, un 84% de los franceses están dispuestos a renunciar a parte de sus libertades a cambio de una mayor seguridad.
Sin embargo, la mayoría de los viandantes que atraviesan el Puente de Europa se muestran inquietos frente a la posibilidad de que estas medidas excepcionales puedan convertirse en permanentes. “Me gustaría saber cuándo se terminarán los controles. ¿Sólo durarán un mes? ¿Tres? ¿Seis?”, se pregunta Severine, que vive en Kehl, aunque ejerce como investigadora científica en la Universidad de Estrasburgo.
Tres meses de estado de emergencia
El presidente François Hollande anunció el lunes en el Palacio de Versalles frente a los diputados y senadores franceses su voluntad de reformar la Constitución para adaptar el estado de emergencia, declarado el viernes pasado, a las necesidades actuales de la “guerra contra el terrorismo”. Esto le permitirá alargarlo de los doce días previstos por la ley actual hasta los tres meses. Aunque los controles en las fronteras no dependan del estado de emergencia, no cabe descartar que éstos se extiendan más allá del 13 de diciembre.
Otro de los anuncios destacados del lunes fue la creación durante los dos próximos años de 6.000 nuevos empleos en el cuerpo de policía y gendarmería. Resulta significativo el hecho de que 1.000 de estos puestos formen parte del cuerpo de aduanas. Además, el presidente de la República anunció que se retirará la nacionalidad francesa a las personas condenadas por terrorismo. Ésta ha sido una de las medidas fetiche que la derecha y la extrema derecha francesas han reivindicado para combatir el terrorismo después de los atentados del 7 de enero en la redacción de Charlie Hebdo.
“Schengen se ha terminado”
Pese a haber adoptado buena parte del programa de la derecha y la extrema derecha, la gestión de Hollande no genera consenso. Lejos de la unión republicana del pasado mes de enero, el expresidente Nicolas Sarkozy pidió al Gobierno en una entrevista en Le Monde, publicada el miércoles, que sea más ambicioso en el despliegue de las medidas de seguridad. El secretario general del partido Los Republicanos exigió que “los controles fronterizos se mantengan hasta que los jefes de Estado de la UE acuerden un Schengen 2.0”.
Esta petición también parece haber sido escuchada por el Gobierno de Manuel Valls. El ministro de Interior francés, Bernard Cazeneuve, presentará este viernes en Bruselas un proyecto de reforma del espacio Schengen, con el que los europeos tendrían que identificarse cada vez que viajen o lleguen de un país tercero, según informa el diario El País.
No obstante, esta medida difícilmente satisfará al Frente Nacional de Marine Le Pen. “Debemos recuperar las fronteras nacionales, si no el conjunto de las decisiones adoptadas serán insuficientes”, declaró la líder de la extrema derecha francesa el martes por la noche en una entrevista en prime time en la televisión pública francesa. Le Pen parte, de hecho, como clara favorita en las elecciones regionales del Nort-Pas de Calais, que se celebrarán entre el 6 y el 13 de diciembre.
Militarizar la seguridad
Además, el refuerzo extremo de la seguridad interior en Francia quizá no resulte eficaz para combatir la amenaza terrorista. A finales de septiembre, poco tiempo después de haber abandonado su cargo, Marc Trévidici, el juez responsable del servicio antiterrorista francés durante los últimos quince años, advirtió en una entrevista en el semanario Paris Match sobre la ineficacia del amplio despliegue policial y militar realizado en Francia después de los atentados de enero: “Este sirve para proteger determinados espacios, para tranquilizar la población. Pero no evitará que hombres determinados puedan pasar a la acción. Si atentar en un lugar les parece demasiado complicado, lo harán en otro”.
Trévidici, en cambio, reivindicó la necesidad de incrementar de forma significativa los recursos destinados a los servicios judiciales encargados de combatir el terrorismo: “Rozamos la indecencia en un momento en el que la amenaza es más fuerte que nunca. En estos últimos años hemos constatado que a menudo no disponíamos de los medios suficientes para realizar las investigaciones que necesitábamos”. El lunes el presidente Hollande anunció la creación entre 2015 y 2017 de 2.500 nuevos puestos en la Administración judicial, destinados principalmente a los servicios penitenciarios. Una medida que ha sido calificada como “útil, pero insuficiente” por el presidente del Sindicato de Abogados de Francia, Florian Borg, en declaraciones en el diario l’Humanité.
Tras los atentados sangrientos del viernes, la sociedad francesa no sólo hace frente a una amenaza terrorista sin precedentes, sino al retroceso de las libertades individuales conquistadas durante las últimas décadas, como el derecho a la libre circulación. Un estado policial y militarizado, exaltado por la derecha francesa, parece ser la única solución del presidente Hollande frente al horror de Daesh.
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