Colombia, ¿paz o tregua?

El proceso de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas abre caminos a las demandas sociales postergadas por el conflicto.

, La Habana / Santander.
22/11/15 · 7:20
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El conflicto armado de Colombia es una de las causas de la hemorragia crónica que sufre el país desde hace casi 60 años.

Las negociaciones que avanzan en La Habana hacia la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC no van a alterar las raíces estructurales de la crisis colombiana –concentración del poder, de la tierra y de la riqueza, la influencia de la religión, la acumulación por desposesión–, pero, al menos, pueden suponer una tregua que permita volver a situar los conflictos en la arena política.

Martha Nubia Bello tiene un encargo difícil: poner en pie el Museo Nacional de la Memoria en un país en el que se hace historia al mismo tiempo que se guerrea. Está cansada –"una sí se agota de este país"– pero tiene claro que éste es un momento histórico. "El proceso [de negociación] abre muchas ventanas. Uno de cada tres muertos lo ha puesto el conflicto armado. Quitar esa fuente de violencia ya es algo".

El conflicto en Colombia ha provocado 150.000 muertes, 25.000 desapariciones forzosas y casi seis millones de personas desplazadas

El Centro de Memoria Histórica en el que trabaja Bello documentó en el informe Basta Ya la muerte de 150.000 personas como consecuencia de la guerra sólo entre 1985 y 2012 –el 81%, civiles– y la desaparición forzada de 25.000 personas en ese periodo. Al inventario sangriento hay que sumar los 5.712.506 personas desplazadas en esos 27 años.

Las fechas podrían hacernos pensar que el conflicto acabó. Las cifras podrían hacernos pensar que es éste el único problema de Colombia. Nada es así. Sin embargo, Bello tiene esperanzas en la anunciada firma del acuerdo de La Habana en marzo de 2016: "La apuesta sería quitar ciertos distractores que hagan posible tramitar las luchas y los derechos por vías democráticas…eso es lo más valioso del proceso de paz".

Las memorias

Las negociaciones de La Habana no son inéditas. Colombia lo lleva intentando desde 1982, cuando se produjeron las primeras conversaciones con las FARC.

Desde entonces se siguió negociando y fracasando, excepto en los acuerdos parciales con el M-19 y el Manuel Quintín Lame en 1990 o con el Ejercito Popular de Liberación (EPL), el Partido Re­volucio­nario de los Trabajadores (PRT) o la Corriente de Renovación Socialista (CRS) en 1991. Cuesta enmarcar dentro de estos esfuerzos el denominado Proceso de Justicia y Paz con el que el expresidente Álvaro Uribe quiso convertir en actores políticos a los grupos paramilitares y que produjo una reconversión de los mismos en lo que ahora se denomina oficialmente como 'bacrim' (bandas criminales emergentes) y que, según la Defensoría del Pueblo de Colombia, actúan hoy en 20 de los 27 departamentos del país.

Los actores que ahora se sientan en la mesa –Gobierno y FARC– son viejos conocidos y han llegado a La Habana después de constatar que ninguna de las dos partes tiene fácil acabar con la otra. La desconfianza, en todo caso, también tiene memoria. Es difícil olvidar el exterminio físico de miles de cargos públicos y militantes de la Unión Pa­triótica, partido de izquierdas que surgió tras el acuerdo entre el Gobierno de Belisario Betancour y las FARC a principio de los 80.

"Hay muchos riesgos en relación a los que viven de la guerra y que sabotean los acuerdos. Eso en los postacuerdos va a ser muy fuerte si vuelven a atentar contra la gente que le apueste a la vía política… la verdad es que aquí hay mucha gente que sigue apostándole a que no termine el conflicto", concluye Bello.

Para deshacer los nudos

Medios de comunicación y políticos hablan de acuerdos de paz y los más optimistas –o superficiales– se atreven a teorizar sobre un postconflicto. Quizá podríamos hablar de una tregua real y de unos postacuerdos complejos que dependen de muchos factores para ser exitosos.

Uno de ellos es la incorporación o no de la segunda guerrilla –en términos de fuerza– de Colombia a las negociaciones. El Ejército de Libe­ración Nacional (ELN) lleva meses de diálogos preliminares con el Estado y todo apunta a que en breve se deberá abrir una negociación pública similar a la de las FARC.

¿Similar? Quizá no. El ELN insiste en que la negociación de aspectos estructurales debe ser con la sociedad civil y eso cambia las fichas y el tablero. Tampoco está claro si el ELN aceptará la condición innegociable del Gobierno y que las FARC sí respetaron: de la estructura del modelo económico y de las Fuerzas Armadas no se habla.

Preci­samente, un nudo que sigue de­masiado amarrado es el de la par­ti­cipación de la sociedad civil en los postacuerdos. En La Habana su presencia ha sido anecdótica y su incidencia, colateral.

Otro factor clave es el modelo de desmovilización y de transición que se diseñe para los miles de guerrilleros de las FARC. En principio, los acuerdos contemplan la potenciación de una figura que ya existe en la legislación colombiana, las Zonas de Reserva Campesina, y sería allí donde podrían concentrase buena parte de esas fuerzas.

El veterano periodista Alfredo Molano –aquejado ahora de un "pesimismo realista"– considera ésta una de las mejores opciones para evitar un "exterminio" y para conducir los postacuerdos con los ritmos adecuados: "Yo creo que lo más seguro para los guerrilleros son las zonas campesinas, en áreas donde tienen presencia histórica, donde tengan base social".

Algunos sectores opuestos a los acuerdos, e incluso ministros del actual Gobierno, insinúan que esto supondría la creación de "una constelación de republiquetas indepen­dientes", pero para los expertos es una de las pocas opciones para una desmovilización gradual, controlada y segura. No es un tema menor, ya que en el territorio hay demasiados actores armados en juego: fuerza pública, paramilitares, otras guerrillas, crimen organizado…

Nadie –ni las FARC ni nadie– va a cesar la guerra si no hay garantías de sobrevivir a la paz.

Y para que esas garantías sean razonables habrá que solventar uno de los nudos más complejos, el del papel de las Fuerzas Armadas y de los grupos armados paramilitares. El presupuesto del Ministerio de Defensa en 2015 supuso un 13,1% del general y sostener la desproporcionada fuerza pública (algo más de un millón de hombres y mujeres entre fuerzas armadas y policía) cuesta un 3,8% del PIB del país.

Jorge Molano, uno de los abogados defensores de derechos humanos más influyente en Colombia, defiende que "si no hay voluntad del Gobierno de cambiar la Doctrina de Seguridad Nacional aún vigente lo que habrá es una paz militarizada, una 'democratización' bajo tutela militar".

Alfredo Molano cree que sólo "EE UU tiene el poder real –no ideológico– sobre el Ejército y, por lo tanto, sobre el paramilitarismo. Igual que ellos han aflojado el registro en ese tema [permitiendo la connivencia entre ambos], pueden cerrarlo".

La paz no se construye en La Habana, pero al menos de allí puede nacer una tregua de sangre para que en Colombia sea posible hacer oposición política y construir alternativas reales a un modelo que ha mantenido en guerra al país, casi sin paréntesis, desde que en agosto de 1819, Simón Bolívar entrara a Santa Fé –ahora Bogotá– y diera por concluida la guerra de independencia.

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