La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional española ha condenado la empresa alimentaria Panrico a pagar 103.000 euros a la Federación Agroalimentaria de CC OO (Feagra) en concepto de indemnización por daños patrimoniales y lesión de la libertad sindical , con motivo de la ruptura unilateral del acuerdo suscrito entre la multinacional de la bollería y la dirección del sindicato en abril del año 2011.

El pacto recogía el compromiso de Panrico de realizar pagos anuales de 30.000 euros para "fundamentar las bases que den un apoyo sólido a las relaciones colectivas "y, específicamente," contribuir a la mejora del clima laboral ya configurar el marco laboral idóneo "para superar la situación de la empresa –recién adquirida en ese momento por el fondo de inversiones Oaktree–. El acuerdo también suponía la liberación de la realización de tareas laborales de "dos personas designadas por la Federación" con capacidad para ser interlocutores y representantes de todas las personas trabajadoras afiliadas a CC OO en Panrico.

Feagra denunció el incumplimiento del acuerdo en el mes de septiembre, tras la decisión de la empresa de retirar la condición de liberados a estos dos representantes, añadida a la interrupción de los pagos al sindicato desde junio de 2013. La importante cuantía del acuerdo contrasta con la delicada situación contable de la empresa que, a pesar de haber aplicado importantes recortes salariales, mantuvo el entendimiento vigente pocas semanas después de que CC OO de Santa Perpètua rechazara el primer plan de recortes salariales planteadas por el empresa bajo la dirección del fondo inversor.

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A pesar de que el plan fue aprobado mediante un referéndum en todos los centros, afectados o no por la reducción salarial, a ojos del departamento de Recursos Humanos el rechazo público de CC OO en Santa Perpètua demostraba un grado de cumplimiento "más que insuficiente" del acuerdo con Feagra y la empresa interpretó que la conducta del sindicato no se correspondía con el adecuado desarrollo "de la paz social" comprometida, por lo que Panrico dio por rota la relación y las contraprestaciones ofertadas. Sin embargo, Feagra continuó emitiendo facturas por sus servicios y requirió los pagos pendientes.

Divergencias entre Feagra y CCOO Panrico-Cataluña

Esta sentencia de la Audiencia Nacional abunda en la trayectoria de la empresa en cuanto a su relación con los sindicatos. Panrico ya fue condenada en abril de 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por vulneración del derecho a huelga de la plantilla de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), durante la huelga industrial más larga desde la transición.

Feagra ostenta la representación máxima de los afiliados de CC OO ante Panrico y es con quien suscribe el acuerdo, por lo que la sentencia no hace ninguna distinción entre las actuaciones de la Federación y las de las secciones sindicales señaladas por la empresa. La política sindical de la federación del sindicato no siempre ha respetado las decisiones de sus secciones sindicales en Panrico, especialmente la de la planta más importante de Cataluña.

Estas diferencias se hicieron evidentes cuando, el 10 de octubre de 2013, dos miembros de la Ejecutiva de Feagra firmaban –al margen de la decisión de la plantilla de la planta de Santa Perpètua (mayoritariamente afiliada a CCOO)– un acuerdo con la dirección de la empresa para "hacer las gestiones que, en su caso, correspondan" para garantizar un compromiso de que "no se desarrolle ninguna jornada de huelga que se inicie el 13 de octubre", en referencia la fecha de inicio de la huelga indefinida promovida por los trabajadores en la planta vallesana [véase el documento adjunto]. En este documento, desconocido durante meses por las huelguistas, constan las firmas de José Oliva Carvajal y Pedro A. Izquierdo, las dos personas liberadas en virtud del acuerdo de "mejora del clima laboral", así como Pedro A. Izquierdo y Ginés Salmerón, delegado sindical de CC OO en Santa Perpètua.

Un mes después, iniciado el proceso de consultas para el despido colectivo de 745 trabajadoras, Feagra anunciaba en su web que "CC OO se opone al ERE en Panrico", aunque el que, finalmente la mitad de los representantes de CC OO en la mesa de negociación firmaron la ejecución del proceso de despido colectivo. Entre los firmantes también constaba Oliva, no así Salmerón. El documento debía ser ratificado por las asambleas de trabajadoras, pero esto no se produjo, como recoge la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la legalidad del ERE. Sin embargo, la sección territorial a la que pertenecía Oliva antes de ser liberado (Panrico Andalucía) insistía: "nadie ha firmado en contra de los trabajadores".
 

No es una lectura unánime. Las huelguistas de Santa Perpètua han puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones la sensación de boicot a la huelga por parte de Feagra; una sospecha que –según explican– se extendió a medida que se conocía la existencia de estos acuerdos, así como el compromiso de desconvocatoria de la huelga en la planta sin conocimiento del Comité de Huelga, o la sensación de criminalización de la plantilla denunciada a raíz de una visita, el 19 de marzo de 2014 a las dependencias de CC OO en Barcelona, ​​en la que uno de los representantes del sindicato confirmó el aplazamiento del juicio contra el despido colectivo de 745 trabajadores, o en las presiones de Feagra pidiendo la paralización de las acciones legales contra el despido colectivo parcialmente legalizado por la Audiencia Nacional.

Las federaciones de CC OO y la independencia sindical

No es la primera ocasión que alguna federación sectorial de CC OO se ve rodeada de circunstancias que arrojan sombras sobre su independencia sindical en relación al caso de Panrico. En septiembre de 2014, el responsable de los servicios jurídicos de CC OO, Enrique Lillo, aireaba las presiones recibidas por Jesús Villar, Secretario General de la Feagra, por no recurrir la sentencia aprobatoria del ERE. Lillo hacía pública la correspondencia mantenida con Villar, donde en dos ocasiones refiere "que la empresa ha efectuado alguna donación o aportación, aunque ésta no está vinculada al desistimiento del pleito"; y añadía que "si esto fuera cierto, estas donaciones podrían interpretarse como donaciones remuneratorias, lo que implicaría que el asunto podría tener una dimensión penal, la trascendencia de la que no tengo que esconderte". Tan pronto como se desbloqueó la decisión y el recurso fue presentado, el abogado relativizó sus palabras aduciendo que se trató de una argucia para mantener firme su postura.

Pocos meses después, en febrero de 2015, el diario El País revelaba que la Federación de Servicios de CCOO (antigua Comfia) había recibido por parte de la patronal del sector pagos por valor de 3,7 millones de euros entre los años 2008 y 2012, que fueron repartidos como sobresueldos entre la dirección de la Federación. La Coordinadora Informática de CGT correlacionó los pagos de varios beneficiarios con acciones contrarias a las trabajadoras del sector, como la desconvocatoria de huelgas (en Hewlett Packard) y fuertes recortes salariales y procesos de despidos colectivos (T-Systems).