Derecho de libre circulación
Bélgica expulsa a ciudadanos comunitarios sin recursos

Marea Granate cifra en 4.000 las personas expulsadas del país entre 2013 y 2014, 400 de ellas de origen español. El colectivo reclamará mañana al Parlamento Europeo que revise la legislación belga.

11/11/15 · 13:35
Miembros de Marea Grante, durante la presentación de la queja, en 2014. / Marea Granate

Entre 2013 y 2014, Bélgica expulsó de su territorio a más de 4.000 ciudadanos comunitarios de la Unión Europea, según señala la asamblea 15M/Marea Granate Bruselas. De ellos, más de 400 eran de origen español, siendo la tercera nacionalidad en ciudadanos comunitarios expulsados tras Rumanía y Bulgaria. La razón de la expulsión: no contar con “recursos suficientes” en cuanto a seguro de salud o ingresos para no “ser una carga para la asistencia social”, explican desde la asamblea del 15M/Marea Granate Bruselas. Mañana, jueves 12 de noviembre, Sara Lafuente, portavoz de la asamblea, presentará en el Parlamento Europeo una queja oficial y pedirá que se evalúen las leyes belgas de extranjería que pudieran incumplir la directiva comunitaria 2004/38 sobre libre circulación en la Unión.
 

A la carta de expulsión recibida por los afectados se suma la eliminación de datos personales en el registro o la negativa de registro por parte de las autoridades

“Las órdenes de abandonar el territorio afectaban en 2013 incluso a ciudadanos con trabajo, contratados a través de diversos programas de fomento del empleo financiados con fondos públicos, por lo que la administración belga les consideraba una 'carga para el sistema de ayuda social'”, explica un comunicado de la asamblea. Aunque no se han practicado repatriaciones forzosas, a la carta de expulsión recibida por los afectados se suma la eliminación de datos personales en el registro o la negativa de registro por parte de la autoridad belga, lo que supone, apunta el colectivo, la “muerte administrativa” de las personas afectadas.

Desde 2011, el Estado belga controla de forma sistémica y centralizada la información sobre los extranjeros residentes, cruzando datos de los organismos municipales encargados de las ayudas sociales con los de la Oficina de Extranjería del Ministerio de Interior belga. Desde la asamblea señalan que la administración está expulsando automáticamente a aquellas personas que superan los tres meses de ayudas sociales, lo que, según el colectivo, violaría la directiva comunitaria, la Carta Europea de Derechos Fundamentales y la normativa europea en cuanto a protección de datos de carácter personal.

“Lamentablemente, el caso belga no es el único”, lamentan desde la asamblea, señalando que en el último año, las expulsiones y legislaciones extremadamente restrictivas de libre circulación y residencia se han extendido por países como Alemania, donde el el pasado verano se aprobó una ley que permite expulsar a los ciudadanos comunitarios que no encuentren trabajo en seis meses; Reino Unido, donde se estudia un cambio legislativo a imagen del alemán, o Francia. La asamblea denuncia que hay “un enfoque neoliberal de la política migratoria europea –tanto hacia dentro como hacia países no europeos–, que fomenta la selección económica y la exclusión de las personas, mientras ofrece una justificación legal de la xenofobia”.

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