El pasado fin de semana se desarrolló, en las instalaciones de Can Batlló, en el barcelonés barrio de Sants, el primer Fòrum Veïnal sobre l‘Urbanisme organizado por la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB). El objetivo de sus organizadores era hacer partícipe a los vecinos y vecinas de la ciudad, tanto del análisis como de los procesos de toma de decisiones vinculados con el futuro urbanismo de la capital catalana.

Para ello se dieron cita en tan emblemático lugar representantes de asociaciones de vecinos y vecinas; miembros de colectivos vinculados a la cuestión urbana y el derecho a la ciudad; movimientos sociales de más amplio espectro; técnicos municipales y académicos especialistas en arquitectura y urbanismo; representantes políticos; barceloneses a título individual, etc.
 

La tan publicitada 
'participación vecinal' ha sido concebida durante mucho tiempo como un mero accesorio y no como eje estructural de los planes urbanísticos

Durante los dos días de duración del Fòrum se realizó un recorrido por las transformaciones urbanísticas más importantes de la Barcelona de las últimas décadas; se pusieron sobre la mesa de debate algunos de los proyectos de transformación urbana más candentes –como los que afectan a la zona norte, los barrios de montaña y el frente marítimo- y, por último, se intentó avanzar hacia un nuevo modelo –alejado del tan cacareado Modelo Barcelona, ahora Marca– que tuviera en cuenta los intereses de las clases populares de la ciudad.

Así, en un intento por avanzar en esta tarea se llevaron a cabo una serie de talleres en torno a distintos bloques temáticos: Barcelona, ciudad metropolitana; Espacio urbano y reindustrialización; Espacios públicos y equipamientos; Urbanismo y desarrollo comunitario de los barrios; Urbanismo, vivienda y política de suelo y, finalmente, Justicia espacial en la ciudad.

Justicia espacial

Precisamente este último fue dinamizado por el Observatori d’Antropologia del Conflicte Ubà (OACU), girando en torno a la posibilidad misma de la existencia de cierta justicia espacial en el marco de la Barcelona contemporánea y partiendo de que ésta sólo sería posible si los bienes y servicios que genera la ciudad no son ni extraídos ni apropiados por una minoría social de corte elitista, sino, al menos, repartidos bajo condiciones de cierta equidad. El objetivo, por tanto, fue reflexionar sobre qué tipo de instrumentos –normativos, organizativos, institucionales– deberían ponerse en marcha para alcanzar tal fin.

Entre las propuestas recogidas se encontraron algunas vinculadas a la necesidad de establecer medidas de discriminación positiva a la hora de planificar las inversiones públicas en los distintos barrios que conforman la ciudad; a la redefinición del concepto de seguridad, asignando un papel distinto al actual a la propia Guardia Urbana; a la elaboración de un modelo de transporte alternativo que no priorice el vehículo privado y, por último, a la máxima descentralización de la toma de decisiones políticas y al establecimiento de canales de participación populares estables y con capacidad de decisión real.
 

Entre las propuestas se encontraron algunas vinculadas a la necesidad de establecer medidas de discriminación positiva a la hora de planificar las inversiones públicas

A la hora de la puesta en común de las conclusiones de los distintos talleres se manifestaron, como no podía ser de otra manera, grandes coincidencias en la detección de problemas y en el planteamiento de soluciones. Una de estas coincidencias fue la necesidad de incrementar la participación ciudadana en los proyectos vinculados a las transformaciones urbanísticas, el turismo, la industria, el transporte, etc. Las conclusiones del taller OACU ya apuntaban algo similar, aunque con salvedades: la complejidad de avanzar cuotas decisivas de justicia espacial, en el marco la ciudad neoliberal, cuando precisamente el proceso de acumulación capitalista está basado, en gran medida, en la extracción de rentas de la misma. Desde el taller se señalaba que la participación en sí es positiva, pero que si no quiere caer en su reificación –esto es, en la participación por la participación– es necesario dotar a la misma de instrumentos que impidan la apropiación de estos nuevos canales por las mismas élites que ésta trata de diluir.

La idea de excluir en la toma de decisiones a aquellos grupos sociales que pudieran tener intereses de carácter especulativo sobre las decisiones a tomar, podría ser uno de estos instrumentos. Sin embargo, este tema es complicado pues se trataría de limitar, por tanto, la participación de determinados sectores de la población, algo alejado del concepto amplio y clásico de participación como una mayor capacidad de decisión por parte del común de la ciudadanía.

Participación ciudadana

Hasta ahora la 'participación ciudadana' ha tenido cierto éxito en aquellos casos en que las propuestas de transformación urbanística han estado orientadas a cuestiones sociales o de desarrollo local. En cambio, las políticas de regeneración centradas en aspectos más físicos y económicos son consecuencia, en muchas ocasiones, de una participación escasa, parcial o nula. Es más, todo parece indicar que la tan publicitada 'participación vecinal' ha sido concebida durante mucho tiempo, en ciudades como Barcelona, como un mero accesorio y no como eje estructural de los planes sociales o urbanísticos que se diseñaban para los barrios y desde los barrios.

En otras palabras, es posible que, en lo relativo a la participación, hayamos estado delante de una entelequia de justicia espacial, un concepto vago e impreciso que quedaría sistemáticamente sometido a los criterios formales e ideales de un urbanismo de corte clasista y articulado alrededor de conceptos elevados a verdades cardinales como “civismo” o “convivencia”. Se habría tratado, en definitiva, de una 'justicia' concebida únicamente como referente ético (léase moral) y teórico (léase urbanístico), idóneo para conceptualizar estratégicamente la idea de una 'ciudad justa', pero intrínsecamente incapaz de alcanzar su aplicación práctica.

Quizás, bajo el mantra de la 'participación ciudadana', garantizada por un supuesto urbanismo democrático, cívico y progresista, se escondía en realidad un mero simulacro de igualdad. En este sentido, es imprescindible analizar la manera en que las “redes ciudadanas participativas” han sido articuladas e, incluso instrumentalizadas, por parte de unas políticas de gobernanza dirigidas principalmente a apaciguar la supuesta "conflictividad" de los barrios. Efectivamente, en el caso específico de Barcelona, la utilización instrumental de dichas redes habría provocado una tensión cada vez mayor entre lo popular y lo institucional, hasta generar una historia urbana de participación sin conflicto.

Desde luego, nadie dijo que la justicia espacial fuera fácil, ni siquiera posible, pero si se desea avanzar hacia una ciudad más justa y equitativa, habría que comenzar por tomar decisiones difíciles. Solo así quizás será posible establecer ese otro modelo de urbanismo popular que se proponía como objetivo inicial.