Así se viola la ley en los CIE: sin médico, abogado ni visitas

El Ministerio del Interior reconoce que en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se incumple la ley y que esta situación podría conllevar su cierre.

20/10/15 · 15:29
Una protesta en el CIE de Aluche (Madrid). / Andrea García

El incumplimiento de la ley en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ya es reconocido hasta por el Ministerio del Interior, que ha solicitado un dictamen a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre el auto dictado por la juez Victoria Rosell el 31 de julio en el que ponía de manifiesto las irregularidades del CIE de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, en el que ejerce de juez de control.

La respuesta oficial, a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, afirma que se incumple el reglamento de funcionamiento de estos centros, aprobado por el Real Decreto 162/2014 de 24 de marzo, y achaca esa violación "a las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige".

Asimismo, subraya que el auto judicial "podría conllevar una decisión del cierre del CIE de Barranco Seco" y, lo que es más relevante, "dado que la situación denunciada es extrapolable al resto de Centros, cabría imaginar resoluciones similares".         

El auto dictado por Rosell, al que Diagonal ha tenido acceso, concluye que el CIE de Las Palmas "no cumple la normativa vigente, ya que únicamente se han adoptado sus previsiones en lo que respecta al personal policial". La juez pide que las normas de régimen interior del centro se adecúen a la legalidad "a la mayor brevedad".

Sin médico, abogado ni visitas

Rosell destaca en su escrito que "el mayor incumplimiento de las previsiones legales y reglamentarias lo constituye la falta de dotación de personal médico de la Administración General del Estado y de trabajadores y trabajadoras sociales, así como de convenio para el servicio de orientación jurídica".

Así, en el CIE de Barranco Seco no se ha cumplido con la previsión de dotar a los centros de un médico, según obliga el artículo 14 del Real Decreto, ni tampoco con la de disponer de los correspondientes servicios de asistencia social y cultural para los extranjeros internados, conforme al artículo 15 del citado reglamento. En Barranco Seco no hay asistentes sociales que cumplan estas funciones desde al menos 2007, señala Rosell.   

Tampoco existe un servicio de orientación jurídica en el centro ni se han suscrito los acuerdos de colaboración con los colegios de abogados para establecer ese servicio, con lo que eso supone de daño al derecho de defensa de personas recluidas que en muchos casos no han cometido delito alguno, sólo una falta administrativa.

El CIE de Las Palmas no dispone ni de locutorios para entrevistas reservadas con abogados ni de sala de visitas. Tampoco dispone de alternativa alguna para que las familias puedan visitar a los internos ya que en las dependencias habilitadas para tal efecto no resulta viable desarrollar las comunicaciones "con un mínimo de dignidad y con respeto al derecho a la intimidad".

El auto de Rosell también señala que sería exigible una "inmediata adecuación al cumplimiento del Reglamento con personal civil –al menos el médico y el de trabajo social", ya que ahora sólo hay personal policial.

Asimismo, la juez considera imprescindible una adecuada formación del personal en enfoque de género y violencia contra las mujeres así como presencia de personal femenino en el CIE, ya que en la actualidad no consta ninguna mujer en la plantilla.

Desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE han afirmado que ante la declaración por parte de Interior del incumplimiento del Reglamento, "sólo queda una salida: el cierre de estas instalaciones".

La Campaña considera que el Reglamento no era más que "una maniobra de lavado de imagen e intento de legitimación, sin establecer en ningún caso mecanismos de garantía de derechos.

Así, valoran que "la aprobación del Reglamento respondió más a un intento de cubrir el vacío legal de los CIE ante el descontento generalizado, que a una voluntad real de garantizar los derechos de las personas internas. Hoy, un año y medio después de su aprobación, constatamos como ni siquiera se está aplicando un Reglamento ya de por sí pírrico en términos de garantías formales de los derechos".

Por eso, concluyen, "tras este auto y la respuesta del Ministerio de Interior se deduce que no sólo los CIE son ilegítimos sino que cada vez más se desarrollan en la más absoluta ilegalidad".

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