La convocatoria de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona vuelve a ser en la calle Roure del Prat del Llobregat, en el polígono industrial donde se ubica la única oficina que el fondo de inversión norteamericano Blackstone tiene en Catalunya. El llamamiento, organizado con la alianza de organizaciones de Estados Unidos Right to the City Alliance, se produce de manera simultánea en otras ciudades del mundo, como Tokio, Nueva York, Londres o Seattle, donde este fondo también deja huella con su espesa red de sociedades. El pasado 17 de marzo, un grupo de afectados saltó la valla y forró la sede de uno de los principales grupos inversores del mundo para exigir que no se le vendieran los activos hipotecarios de Catalunya Caixa. Hoy, cuando Blackstone ya es el propietario de la mayoría de la deuda familiar de la entidad, lo hacen para conseguir soluciones dignas para las familias afectadas.
 

El chantaje del fondo buitre

“Si ustedes se van, les damos 2.000 euros”. Es la oferta que Blackstone, a través de la gestora Anticipa, hizo a Isaac Albarado y Juana Méndez para que abandonaran su casa y desistieran de conseguir un alquiler social. No son los únicos. El negocio de estos instrumentos de inversión reside en comprar a buen precio y vender más caro. Blackstone ya lo reconoció en un encuentro informal con la PAH: “El objetivo es hacer negocio con los pisos y, por lo tanto, sacar a los deudores rápidamente y sin contemplar alquileres sociales”. Por lo tanto, este objetivo pasa por conceder la dación en pago que, de momento, en Barcelona, se ha conseguido "a base de lucha" para tres o cuatro familias, según Santi Mas, de la PAH.

Las exigencias de la PAH al nuevo gran propietario son claras: facilitar una oficina donde las familias puedan recurrir y negociar sus casos, puesto que hasta ahora sólo lo pueden hacer telefónicamente; el cumplimiento de la Ley 24/2015, conocida como la ILP de vivienda –que obliga a grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a las familias que se encuentran en riesgo de pérdida de vivienda–, y hacerla extensible a todas las personas afectadas en todo el Estado, como reivindica la campaña Exigencias PAH y, por último, que el alquiler social se renueve automáticamente a los tres años si la situación familiar continúa siendo la misma.

Albarado y Méndez llevan meses y meses luchando por un alquiler social. Él recibe una pensión no contributiva, ella tiene una nómina de 500 euros y tienen a cargo un hijo de 25 años. La hipoteca la contrataron con Catalunya Caixa hace once años, entidad con la que empezaron a negociar una refinanciación de la deuda, que nunca se materializó. Después de que la entidad fuera rescatada con 12.000 millones de euros, cuando la interlocución pasó a manos de Anticipa, el proceso empezó desde cero. Reset: volver a presentar la documentación y poner en marcha el tira y afloja de una negociación con un monstruo internacional. Santi Mas asegura que, a pesar de que teóricamente tienes una persona de referencia que te lleva el caso, a muchas familias se las han cambiado hasta tres veces y han tenido que empezar la gestión de nuevo por la falta de un buen traspaso.

Blackstone no está ofreciendo un alquiler social de forma automática, como establece la ley, e incluso, denuncia Mas, te espetan que “no te corresponde” o un “¿qué te has pensado?”. La propuesta de contrato de Blackstone, en proceso de negociación, deja las puertas abiertas a un conjunto de costes variables que incrementan el precio del alquiler y, por lo tanto, “no protege al arrendatario”, aclara Mas.

Esta desprotección se ha hecho patente en el caso de los inquilinos de los pisos de protección oficial de Madrid, en manos de la Socimi de Blackstone Fidere, o en los Estados Unidos, donde Blackstone es el principal propietario corporativo y sus inquilinos sufren incrementos del alquiler inasumibles. Se aplica un patrón global a cada una de las realidades locales, en Cataluña, a través de tasas de basura, gastos de registro, mantenimiento y pequeñas reparaciones a cargo del arrendatario. En el caso de Albarado y Méndez, el Comité de Blackstone consideró que la propuesta que hizo la gestora de alquiler de 400 euros más IBI y gastos de finca no era asumible y como “alquiler social”, les ofrece un alquiler de 780 euros al mes, más 300 para ir pagando la deuda.

El rostro de Blackstone

Los tentáculos de Blackstone abarcan mucho más que los créditos, mayoritariamente hipotecarios, que adquirió en Cataluña Banco por 3.600 millones de euros, con un descuento superior al 40% y la aportación de 572 millones por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Ya posee la inmobiliaria de la antigua Catalunya Caixa, 1.860 viviendas públicas en Madrid, a través de su Socimi -las llamadas Sicav del ladrillo- Fidere, la cartera de préstamos Anteo y el paquete de viviendas Dorian de la Sareb.

En sus filas, como consejero, la filial Anticipa mantiene a Eduard Mendiulce, que era director de la división inmobiliaria de la entidad bancaria. Y Claudio Boada preside Blackstone en la Península Ibérica a la vez que es presidente de honor del Círculo de Empresarios, miembro de Prisa y del banco HSBC. El directivo trabajó en el banco Lehmans Brothers, que protagonizó el crack en 2008. Iñaki Echave es director general en el Estado español y Portugal, y trabajó en el fondo Magnum Capitalista.

Ante un propietario más inaccesible, la PAH está igualmente dispuesta a presionar "hasta que se cumplan las leyes". Para hacerlo, quiere consolidar una extensa red internacional que ya se está tejiendo, con organizaciones como Right to the City Alliance, Urban Habitat o Fifth Avenue Committee.