Texto de Marta Curull, Cristina Martín y Aina Valldura, de La Directa

Cuando depositamos un voto en la urna, el partido elegido recibe 61 céntimos y, por cada escaño en el Parlamento, 16.100 euros, sólo si se obtiene representación parlamentaria. Este es un año lleno de comicios; el mes de mayo se celebraron elecciones municipales; el 27 de septiembre hay elecciones autonómicas en Cataluña, y se prevé que en diciembre habrá las generales. En un calendario marcado por citas electorales, ¿cuánto nos cuestan las elecciones a la ciudadanía?
 

Uno de los puntos en los que se centra la modificación de la ley electoral es que prohíbe las condonaciones de los créditos: las entidades bancarias ya no pueden perdonar la deuda

En el año 2012, se destinaron casi trece millones de euros en subvenciones a las elecciones al Parlament de Catalunya del 25 de noviembre. Más allá de este dinero público, las campañas electorales también se financian con aportaciones privadas y endeudamiento, elementos que se regulan en la nueva Ley Electoral aprobada en el mes de marzo. Además, para luchar contra la corrupción de los partidos políticos, la reforma del Código Penal, que entró en vigor este mes de julio, tipifica con penas de prisión, y no con sanciones, la financiación ilegal de las formaciones políticas.

Así pues, las campañas electorales suponen una inversión pública y privada que genera un ciclo económico con un retorno, no sólo en poder político, sino también monetario. "Los partidos se han convertido en lobbies en sí mismos, fruto de la sobrefinanciación pública; y, al final, acaban siendo empresas (...) Esto ocurre durante toda la legislatura y, en todo caso, durante la campaña electoral no deja de ser lo mismo, aumentado en dos semanas ", explica el exresponsable de gestión económica, laboral y fiscal de la CUP, Jordi Escoda y Cusidó.

La financiación pública

Las subvenciones en campaña electoral son de tres tipos: la retribución por votos y escaños conseguidos, el mailing (es decir, los sobres y las papeletas electorales que se envían a las casas) y los gastos ordinarios que se destinan a carteles y publicidad, entre otros.

Alrededor del 50% del dinero que se gastan durante la campaña electoral se recuperan a través de los presupuestos públicos, después de las elecciones, en función de los resultados obtenidos. La mitad restante proviene, por lo general, de aportaciones propias de los partidos o coaliciones, teniendo en cuenta que gran parte de su financiación también es pública. "En financiación privada, tienes las cuotas de los militantes y poco más (...) El sistema norteamericano es más radical y lo permite básicamente todo porque es transparente y abierto. Aquí, tal vez deberíamos pasar a un sistema no tan opaco", afirma Ángeles Oró, funcionaria en excedencia voluntaria de la Sindicatura de Cuentas, órgano que se ocupa del control de las cuentas del sector público de Catalunya. Oró añade que, en el tema de la financiación privada, "los partidos deberían reinventar, por ejemplo con el micromecenazgo".

Marco Guinjoan, politólogo del bloque El Pati Descobert, se suma a esta conclusión: "Hay que generar un debate sobre el modelo de financiación de partidos. Sea como sea, el modelo tiene consecuencias. Si hay financiación privada, se debe controlar qué hace el partido cuando gobierna. Yo entiendo que haya dudas sobre la financiación pública, pero tenemos que vigilar a la hora de abrir el mercado a la financiación privada ".

La nueva ley electoral

Este mes de marzo, se puso en marcha la nueva ley que regula la financiación de los partidos. Ya se había actualizado en 2012, sin embargo, en febrero de 2013, en un contexto de casos de corrupción, el Congreso propuso iniciar una nueva regulación.
 

Cuando depositamos un voto en la urna, el partido elegido recibe 61 céntimos y, por cada escaño en el Parlamento, 16.100 euros

Antes, los partidos podían recibir donaciones de personas físicas y personas jurídicas, conceptos jurídicos que se refieren a cualquier ser humano y a corporaciones, asociaciones y fundaciones, respectivamente. Actualmente se ha prohibido que las entidades jurídicas hagan donaciones. Guinjoan embargo, comenta que "el jefe de la empresa sí puede dar dinero y todavía se pueden hacer donaciones a las fundaciones de partidos". La nueva ley también restringe las aportaciones de personas a 50.000 euros; hasta ahora, el límite era de 100.000. "Esta legislación llega tarde. En este país, ha sido muy permisivo con la financiación privada ", opina Oró.

Otro de los puntos en los que se centra la modificación de la ley electoral es en el endeudamiento de los partidos. Prohíbe las condonaciones de los créditos, es decir, las entidades bancarias ya no pueden perdonar la deuda. Además, aplicarán el mismo tipo de interés bancario que a cualquier otra persona. De esta manera, los partidos políticos deben tener las condiciones estándares por sus créditos. Juan Carlos Gavara, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​valora: "Ahora, la ley es más clara a la hora de determinar qué es legal y qué no lo es. Ha reducido el agujero legal. La ley no puede acabar con la corrupción, pero sí reducir las tentaciones ".

Las elecciones del 27-S

En el caso de las próximas elecciones, no se puede saber el gasto total que dedicarán los partidos en la campaña electoral para que gran parte de las subvenciones se da en función de los resultados. Lo que sí se conoce es el adelanto de la subvención que los partidos pueden solicitar antes de las elecciones, que, como máximo, es el 30% de la cantidad que recibieron en la última legislatura.

También se sabe el presupuesto previsto de cada formación, ya que la han de presentar a la Sindicatura de Cuentas. En línea general, el gasto se ha reducido en los últimos años. Durante los quince días de la campaña antes del 27 de septiembre, Juntos por Sí gastará 3,7 millones, seguido por el PP (2,4 millones) y el PSC (1,6 millones). Los partidos que destinan menos dinero son Ciutadans (900.000), Unió (800.000), Catalunya Sí Que Es Pot (450.000) y la CUP (400.000).