Elvira Lorenzo y Pablo Flores tienen claras responsabilidades en el Ministerio de Educación. Ella, de 23 años, realiza todo lo relacionado con la imagen, el diseño gráfico, las actividades interactivas y la maquetación de los materiales del Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) y de la Agrupación de Lengua y Cultura Española (ALCE). Él, de 34, forma parte del equipo que crea y coteja todas las estadísticas del Ministerio. Para poder obtener su puesto pasaron por un proceso de selección en el que se les exigieron numerosos conocimientos. A ella le pidieron, además de competencias en imagen y otros requisitos, el manejo de programas para tareas como diseño gráfico, edición de vídeo, maquetación o creación en 3D. Ambos realizan un trabajo especializado. Incluso ella es la persona de la que depende que el trabajo salga adelante, ya que es, junto a su compañera de equipo, la más cualificada del área. Sin embargo, cuando terminen su labor en la institución estatal no tendrán derecho a paro. Y ésta acabará pronto. Son becarios, y no poseen un contrato de trabajo.
 

 Cuando Lorenzo y Flores terminen su labor en la institución estatal no tendrán derecho a paro

El número de trabajadores del sector público ha disminuido en más de 350.000 personas en los últimos cuatro años, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de julio de 2015 del Instituto Na­cional de Estadística (INE). “Hay un encogimiento de los servicios públicos, pero no al mismo nivel que la disminución de personal. Alguien está haciendo ese trabajo, y ese alguien es, por un lado, la figura del becario que las administraciones públicas están fomentando y, por otro, los trabajos de colaboración social”, explica Adoración Gua­mán, doctora en Derecho y profesora de Derecho del Trabajo en la Universitat de València.

Beca por plaza

Aunque es difícil encontrar datos globales del número de becarios y trabajadores en prácticas en el sector público, Guamán intuye que “cada vez salen más becas de investigación destinadas a cubrir plazas que en otro momento hubieran sido cubiertas por técnicos”. Esta situación se da también en la universidad y en otros organismos públicos como las empresas culturales, tal como confirma María Montero, portavoz de la Oficina Precaria. “Ante los recortes presupuestarios y la impunidad de las becas de formación que se hacen en fraude de ley, de facto esos huecos los están rellenando los becarios, como ocurre por ejemplo en el Instituto Cervantes”.

“Las becas siempre han servido como cobertura jurídica a la pretensión de ocultar una relación laboral”

Esta situación podría repetirse en otras empresas del sector público. La dirección de Renfe ya ha avisado a los trabajadores que va a entrar nuevo personal tras los últimos recortes de plantilla. Según apunta Fernando Bermejo, del secretariado permanente del Sector Federal Ferroviario de CGT, hacen falta unos 7.000 puestos de trabajo para suplir las carencias del servicio tras los últimos despidos. Parte se va a suplir, pero con trabajadores “en condiciones muy precarias, a tiempo parcial y becarios”, tal como les ha confirmado la empresa. Por ello, unido a otras reivindicaciones de la plantilla y tras conseguir que Renfe diese marcha atrás a un despido colectivo en agosto de 2.000 personas, tres sindicatos convocaron una huelga el pasado 4 de septiembre, protesta que tendrá réplicas en diferentes jornadas de los meses de septiembre y octubre.

Fraude de ley

En el fraude de ley está el quid de la cuestión. “Las becas siempre han servido como cobertura jurídica a la pretensión empresarial de ocultar una relación laboral y no aplicar un ordenamiento laboral a una determinada prestación de trabajo que, en realidad, debería estar bajo un contrato”, indica Guamán.

Independientemente de que se le llame beca o práctica laboral, ésta tiene que tener un objetivo primordial: formar a la persona. El Tribunal Supremo tiene claro este concepto y se ha creado una firme jurisprudencia al respecto. Tampoco se le puede exigir al becario, “en principio, ninguna actividad o trabajo en favor de quien la concede o de terceros”, explica el abogado laboralista Diego de las Barreras, algo que el Supremo recoge. Por tanto, establecer si una beca es ilegal es simple y fácil.

Solo ante el sistema

¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué las becas no se convierten en contratos laborales? Porque el becario tiene que denunciar. “Tienes el derecho a acudir a los tribunales para que te protejan, pero para hacer efectivo ese derecho tienes que ser libre, y no lo eres en el sentido de que necesitas esa mínima beca para sobrevivir”, afirma Guamán. Éste es el problema que se encontró la Oficina Precaria en 2013 cuando lanzó la campaña ‘No más becas por trabajo’, hoy vigente. El objetivo era denunciar las convocatorias en fraude de ley y convertirlas en empleos por vía judicial, pero en un primer momento la iniciativa no tuvo éxito. “El becario tenía que ir solo y autoseñalarse, y en un mercado laboral con tanta competencia, éste piensa que es una vía al mundo laboral y no quiere hacerlo”, relata Montero. El colectivo pasó entonces a un segundo nivel: llevar las reivindicaciones ante la Inspección de Trabajo sin la participación del interesado, y con la mediación de la propia Oficina Precaria. “Así quedaban protegidos. Esta vía ha tenido mucho éxito y hemos conseguido regularizar muchas situaciones, aunque no que se cree una tendencia en las empresas por la que sean conscientes de que es muy fácil pillar el fraude y paren de hacerlo”. Así, la última fase de la campaña se basa en pedir a las universidades, uno de los principales actores de esta historia de ilegalidades, que no permita que se firmen contratos de prácticas con estas características. “Y en ello estamos ahora”, afirman.

Uso ilegal masivo

A pesar de la facilidad para desenmascarar una beca fraudulenta, el mercado laboral hace un uso masivo de este tipo de figura para ocultar relaciones laborales. Casos como el de Elvira Lorenzo, a pesar de que son claros, proliferan por las instituciones públicas: “A mí no me forma nadie, y tampoco hago investigación. Investigación es, en todo caso, la que hago para resolver los problemas que me surjan”, expresa con sorna, ya que no hay una figura superior que le ayude en su tarea. Flores sí tiene una figura que puede formarle, “pero de investigación no tiene nada, eso es irrebatible”, destaca, a pesar de que obtuvo, al igual que Lorenzo, una beca titulada ‘para la formación e investigación en el Ministerio de Educa­ción, Cultura y Deporte’, de las que este año se han ofertado 71, treinta más que en la pasada convocatoria.

“No se le puede exigir al becario, en principio, ninguna actividad en favor de quien la concede o de terceros”

Los beneficiarios de becas como las que han obtenido Flores y Lorenzo disfrutan de vacaciones pagadas, pero este ‘privilegio’ no es habitual, como suele pasar en las becas de colaboración en las universidades. “Tampoco vacaciones retribuidas, porque en principio la ayuda económica no debe estar vinculada a su asistencia a un puesto de trabajo, salvo especialidades”, remarca De las Barreras. Así, no existe ninguna normativa general que regule las convocatorias de beca. “Es cada administración la que convoca al amparo de la Ley General de Subvenciones, hay flexibilidad”, indica Guamán. Sí se reguló, en 2011 con la conocida como Ley de Ciencia, la actividad del personal investigador. “La Ley 14/2011 establece la contratación del personal predoctoral que haya sido admitido en un programa de doctorado con plenitud de derechos”, apunta la doctora. Era, teóricamente, el fin del llamado 2+2 (dos años de beca más dos de contratación laboral) que lanzó Zapatero en 2006. “Conseguimos abolir la figura del becario en investigación, y ahora desde el primer año de la tesis tenemos contratos laborales”, explica por su parte José María Fernández, de la Federación de Jóvenes Investiga­dores/Precarios. “Ahora mismo el Estado tiene que hacer contratos según la Ley de Ciencia, y parece que las convocatorias están saliendo así. Hay muchísima gente con contratos muy precarios, temporales… pero becas como tal, en el sector, no”.

En 2011 también se dictó una normativa –el RD 1493/2011– que determinaba la inclusión en la Seguridad Social de las personas que participaban en programas de formación. “Lo que hizo ahí el PSOE fue intentar que los becarios tuvieran cobertura cuando estuvieran en un programa así, asimilándolos a un trabajador por cuenta ajena y, por tanto, metiéndolos en el régimen general, pero con una cotización muy baja y sin desempleo”, explica Guamán. Es el caso de Lorenzo y Flores, que cotizan un 2% pero no tienen derecho a paro. “Con esto se les considera cubiertos en todo lo que es contingencias y discapacidad temporal, incapacidad permanente, etcétera”. Sin embargo, algo más tarde, en el mismo año –mediante el RD 1707/2011–, se excluyó de estos supuestos a los estudiantes universitarios que estuviesen realizando prácticas externas, “prácticas que insertan mano de obra gratuita en empresas y administraciones”, matiza la docente. “Se les excluyó de la Seguridad Social, pero una sentencia del Supremo en 2013 anuló esto, con lo cual ahora mismo todos, incluso los que están en prácticas universitarias están dentro del régimen por cuenta ajena de la Seguridad Social. Pero más allá de esto no hay una regulación genérica”.

Un modelo precarizador

Las consecuencias de la proliferación de prácticas y becas precarias repercuten en el modelo económico. España es el segundo país de la UE con más becarios titulados, sólo por detrás de Eslovenia, según el último informe Juventud, empleabilidad y habilidades 2015 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), realizado en junio. Uno de los datos más graves es que España es el país que peor paga a sus becarios: un 70% de los encuestados afirma no ser capaz de cubrir sus necesidades básicas con lo que obtiene de la beca. Otros datos para enmarcar del mismo informe: sólo el 42% de los becarios recibe una compensación por su labor, el 21% no tuvo un mentor o responsable a quien dirigirse y un 66% finalizó las prácticas sin una oferta de la empresa.
 

Independientemente de que se le llame beca o práctica laboral, ésta tiene que tener un objetivo primordial: formar a la persona.

“Todo esto se enmarca en un proceso de precarización generalizada”, aporta Guamán, “y en un cambio de modelo de relaciones laborales en el cual lo que se hace es, por un lado, tener un menor número de trabajadores en condiciones estables al reducirse los derechos laborales y, por otro, se expulsa a gente incluso de ese derecho al trabajo inestable para colocar una frontera donde no se aplica ningún tipo de derecho”.

Es la vieja historia de la maximización del beneficio empresarial. Montero va más allá y habla, tal como lo llama la Oficina Precaria, de “becarización del mercado laboral, ya que los nuevos puestos se crean con condiciones muy a la baja porque hay una fuerza de trabajadores que lo va a hacer gratis”. Así, la activista apunta que “las becas son la precariedad futura, en la que tu primera experiencia laboral implica no tener derechos, no tener formación laboral y renunciar a muchas cosas que se han conseguido”.

El colectivo tiene claras las consecuencias de este modelo: prolongación de la dependencia económica de los jóvenes, fuga de cerebros, expulsión de la mano de obra cualificada, presión a la baja sobre los salarios del resto de trabajadores, etc. Guamán apunta en la misma línea: “Una persona a la que no se integra de forma estable en el mercado de trabajo durante los años posteriores a su formación va a ver mermada su formación profesional y su capacidad profesional toda su vida”.

¿Soluciones? “Primero, facilitar la denuncia y detección de este fenómeno y evitarlo mediante sanciones. No hay otra”, sentencia la doctora en Derecho. “Y luego, evidentemente, un cambio de modelo productivo. Con propuestas como el trabajo garantizado o la renta básica, que evitarían este tipo de fenómenos en tanto que si aplicas una renta básica la gente deja de necesitar ser explotada para vivir. Hay que pensar en soluciones de cambio real de sistema, los parches ya no sirven”.