Ciudades del cambio
La difícil tarea de deshacer la privatización

Los Gobiernos municipales se enfrentan a un modelo privatizado

10/09/15 · 8:00
Edición impresa

Hasta 2014, las experiencias de remu­nicipalización en España se habían limitado a pequeñas ciudades y pueblos. Pero la llegada de las candidaturas de ‘unidad popular’ al gobierno de muchas de las principales ciudades cambió el escenario. La propuesta ha estado sobre la mesa en los programas electorales y, desde el 24 de mayo de 2015, en el centro del debate político. Aunque rara vez se escuchará a un cargo municipal de estas ciudades hablar de ‘remunicipalización’. Sí reconocerán estar “estudiando todas las posibilidades” o de estar “evaluando alternativas” a los servicios privatizados mientras negocian mejoras y el cumplimiento de los contratos blindados por los gobiernos anteriores.

Algunos de estos ayuntamientos, además de declaraciones, han dado los primeros pasos hacia la recuperación de varios servicios públicos. Uno de los primeros en hacerlo fue el Ayuntamiento de Zaragoza, el 25 de junio, cuando decidió por decreto paralizar el concurso del servicio de atención al ciudadano para estudiar su rescate. La empresa adjudicataria sólo aportaba los auriculares y el material fungible. Tanto las dependencias que ocupan como el material informático corren por parte del Ayuntamiento. Un mal negocio. En esos días, el alcalde Pedro Santiesteve, de Zaragoza en Común, defendió en una reunión con trabajadores de contratas del Ayuntamiento que su modelo era la remunicipalización, pero que cualquier paso se debía estudiar con “calma y sosiego”.

Santiesteve, alcalde de Zaragoza, defendió la remunicipalización pero que ésta debía aplicarse con “calma y sosiego” 

También en la ciudad de Oviedo, gobernada por el PSOE, Somos e IU, se ha dado el primer impulso para recuperar servicios privatizados, empezando por contratos que vencen en los siguientes meses. Entre ellos, el del cobro de impuestos, gestionado por una empresa que recibe siete millones de euros al año por el servicio. En la primera reunión de la Junta de Gobierno, el 26 de junio pasado, se decidió por unanimidad “denunciar” la prórroga de este contrato, que finaliza el próximo 31 de diciembre.

La ciudad secuestrada

En Madrid, junto con el inicio de la auditoría ciudadana de la deuda, el pasado agosto dejó numerosas declaraciones de altos cargos del Ayuntamiento apoyando la remunicipalización de los servicios públicos. Pablo Soto, concejal de Participación, anunció que los servicios informáticos del Ayuntamiento, que llevaban 15 años sin contratar nuevo personal, volverían a asumir proyectos tecnológicos que habían sido externalizados por los gobiernos del PP.

Pero han sido la limpieza y la recogida de basuras los servicios privatizados que han generado más polémica. Unos servicios que, durante más de dos décadas de Gobiernos del PP, quedaron en manos de cinco constructoras: FCC, ACS, Ferrovial, Sacyr y OHL. Unas concesiones atadas y más atadas aún después de que el Gobierno de Ana Botella les entregara en 2013 por ocho años servicios que van desde la limpieza, la jardinería o las infraestructuras. La firma de estos contratos estuvo rodeada de irregularidades: el 25 de enero de este año la Comisión Nacional del Mercado de Valores imponía una multa conjunta de 98,2 millones de euros a cuatro de estas compañías por compartir información sensible y llegar a todo tipo de acuerdos y pactos para repartirse el pastel.

 


El resultado de estos contratos salta a la vista. Tras la disminución de la plantilla dedicada a la limpieza de las calles antes de la entrada en vigor del convenio y el ERTE que afectó a más de 700 trabajadores –decidido poco después de la firma–, la falta de higiene de las calles de Madrid se convirtió en uno de los temas centrales de la pasada campaña electoral. Sólo en el mes de julio el Ayuntamiento de Madrid recibió 7.000 quejas por suciedad en las calles.

“Es un problema que tiene que ver con el mal servicio que se está prestando –explica Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid–, un compromiso que se adquirió en unas condiciones que no eran beneficiosas para el Ayuntamiento ni para los ciudadanía y, según las empresas, tampoco para ellas. Un mal negocio desde cualquier punto de vista”.
 

Para Maestre, el principal problema reside en la letra firmada

No se trata sólo de que las empresas incumplan los términos del contrato. Para Maestre, el principal problema reside en la letra firmada. “En los contratos está establecido que hay calles que se limpian cada día y luego hay calles que se limpian cuando sea conveniente”, decía Maestre a Diagonal. Una arbitrariedad que ha llevado a que las calles del barrio de Orcasitas, de media, hayan sido limpiadas en 2015 cada 56 días y las de Guindalera cada dos días, según datos del Consistorio. “Son contratos que no garantizan que toda la ciudad de Madrid se limpie igual, de forma que institucionalizan una desigualdad entre unas calles de Madrid que merecen ser limpiadas y otras calles en las que viven otros ciudadanos de Madrid que, al parecer, son de segunda”, añade.

El fantasma de la remunicipalización ha estado presente durante las conversaciones entre las empresas y el Ayuntamiento de Madrid. El 24 de agosto, la alcaldesa Manuela Carmena advertía a las empresas que cumpliría con el programa electoral de Ahora Madrid si las empresas no “cambiaban de actitud”. Y el 7 de septiembre, la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, declaraba que los contratos de limpieza y basuras serían analizados en la auditoría de la deuda y que “no se descarta ninguna alternativa” para cumplir el objetivo del contrato, es decir, que Madrid esté limpio. “Las empresas tienen que garantizar un servicio en condiciones y esto tendrá que ser por acuerdo o tendrá que ser por de­sacuerdo, pero en todo caso tenemos que garantizar que la ciudad esté limpia y no dudéis que lo vamos a hacer”, afirmó Sabanés. Entre las exigencias, la concejala adelantó que las empresas deberán anular el ERTE y contratar al personal despedido.

Otro bloque de contratos, los de recogida de basuras, es un tema aparte. El 11 de agosto, cuando se cumplía el plazo de renovación del convenio, el Ayuntamiento anunció que prorrogaba por un año más la concesión ya que, ante la falta de tiempo para estudiar otras opciones, “no había más solución que prorrogar”. En 2016, el Ayuntamiento tiene otra oportunidad para tomar una decisión: si avanza en la hoja de ruta marcada en el programa electoral de Ahora Madrid o intenta renegociar mejores condiciones contractuales dentro del modelo heredado del PP.

“Nos hemos reunido con Carmena y nos planteó su compromiso con las promesas electorales. El no hacerlo sería un engaño"

Absurdos

Loreto Nebreda trabaja como jardinera para el Ayuntamiento de Madrid. Ha visto, desde que consiguió el puesto a finales de los 90, cómo el Ayuntamiento cancelaba todas las ofertas de empleo –la última fue en 2001– y cómo el mismo Gobierno municipal “saboteaba” los servicios públicos de jardinería con vistas a su privatización. Ahora, con un plantilla reducida a unos 200 trabajadores, denuncia que se ha privatizado el mantenimiento de parques donde continúa habiendo personal público, de forma que “se paga doblemente por un servicio, cuando había personal para hacerlo y lo único que hacía falta era dotarlo de medios y de presupuesto, y saldría más barato”.

Su experiencia directa le llevó a integrarse en la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos, donde participan empleados públicos, trabajadores de las contratas y asociaciones vecinales. “Nosotros apostamos por la gestión directa porque creemos que es la mejor opción para la ciudadanía, quitando los intermediarios. También para los trabajadores, con mejores condiciones laborales, y además para el Ayuntamiento ya que resulta mucho más barato”, dice Nebreda.

Perspectivas

El sindicato CGT, con una importante implantación en las contratas del Ayuntamiento, comparte esta visión. “Nos hemos reunido con Carmena y nos planteó su compromiso con las promesas electorales. El no hacerlo sería un engaño –dice a Diagonal Esteban Guijarro, secretario general de CGT Madrid–. Nos hemos ofrecido a participar en la remunicipalización, porque además estamos viendo que van a tener muchas pegas, desde la oposición política del Ayuntamiento, desde los propios empresarios hasta algunos sindicatos, que están diciendo que una remunicipalización no sería buena para los trabajadores”.

Los problemas no se quedan ahí, comenta a este periódico Luis Babiano, presidente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. “Muchos ayuntamientos, a pesar de tener un deseo de poder volver a lo público, se encuentran con escasas posibilidades para hacerlo”, dice. Entre los obstáculos, Babiano menciona la escasez de personal cualificado para auditar a estas empresas, el primer paso en la hoja de ruta de la remunicipalización. “El intento de incrementar una plantilla municipal dedicada al control de esta serie de servicios también se imposibilita por el marco restrictivo impulsado por el Gobierno central, que te impide contratar personal dentro del Ayuntamiento”. Pero Babiano cree que muchos de estas trabas podrán superarse: “Creemos que en un corto tiempo encontraremos varias ciudades remunicipalizadas, porque es la tendencia que se está dando en todo el mundo”.

Imprimir Imprimir
Versión PDF PDF
Enviar por e-mail Enviar
Corregir
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

1

  • |
    Ali
    |
    02/09/2016 - 8:54am
    Muy interesante el articulo. Un tema que es necesario conocer y reflexionar sobre él puede ayudar a mejorar mucho la calidad de vida de las personas. Hecho en falta que aparezcan los servicios sociales aquí, que han sufrido los mismos procesos de privatización, y que afectan a la ciudadanía de la misma manera. Parece que siempre son los grandes olvidados!