Situar a Madrid como referente en temas de transparencia y participación ciudadana, hacer de la ciudad un foco como lo fue en el 15M. Así, incluida la referencia a su participación activa en la acampada de Sol de 2011, ha presentado el concejal Pablo Soto el plan del Área de Gobierno de Participación ciudadana, Transparencia y Gobierno abierto. La creación de una Dirección General de Transparencia es el primer paso de una voluntad de convertir en paredes de cristal los muros del Palacio de Cibeles, un paso que se presentará públicamente el lunes con la puesta en marcha del portal de Gobierno Abierto, desarrollado con software libre.

La buena noticia es que en transparencia y participación "está todo por hacer", ha dicho Soto, ya que "no ha habido participación política grande en esta ciudad".

"No hay coste adicional en las medidas que estamos tomando", ha asegurado Soto, que ha recordado que el Gobierno municipal trabaja con los presupuestos aprobados por el equipo de Ana Botella (PP).

Transparencia

Victoria Anderica, directora del proyecto de transparencia, ha avanzado el trabajo que la nueva Dirección General se centrará en los próximos meses en implementar la Ley de Transparencia 19/2012. Junto a los datos que el Ayuntamiento está obligado a publicar habrá un esfuerzo porque esos datos "se puedan encontrar y entender".

La Ley aprobada por el PP en 2012 al calor de los correos de Bárcenas es "poco ambiciosa", ha dicho Soto, quien se propone ir más allá de lo que dicta la norma en su proyecto para Madrid.

Entre los avances: considerar como un derecho fundamental el acceso a la información, evitar las "trabas burocráticas" como la identificación mediante DNI electrónico o no utilizar las excepciones que plantea la ley, como la no publicación de los llamados "informes internos".

Registro de lobbies

Anderica ha avanzado que se abrirá un registro de lobbies para conocer las reuniones con grupos de expertos, representantes de compañías y de organizaciones de la sociedad civil, que se pondrá en marcha antes de finales de año. Soto ha añadido además que su área llevará al pleno del Ayuntamiento una iniciativa para que se publiquen las "declaraciones de bienes e intereses de todos los concejales".

Los procesos de implementación de la publicación de agendas todavía están verdes. Hasta ahora sólo el grupo socialista ha dado acuse de recibo de la guía elaborada por el equipo de Anderica para hacer públicas las agendas de todos los concejales. El acuerdo de la Junta de Gobierno obliga a publicar las agendas, pero hay flexibilidad en la antelación con la que se publican los actos en los que participan.

Quedan otras incógnitas, como la de saber si se publicarán el grueso de los correos electrónicos de los concejales y otros cargos directivos del Ayuntamiento, un debate que incluye cuestiones de seguridad y privacidad pero que en otras legislaciones de Transparencia se considera imprescindible a la hora de entender todo el proceso que lleva a una toma de decisión.

Presupuestos participativos

El gobierno en minoría de Ahora Madrid tendrá que convencer al pleno de la necesidad de dotar a la población madrileña de un porcentaje del presupuesto para 2016 decidido por vecinos y vecinas. "Es necesario consensuar el porcentaje de inversiones municipales", ha reconocido Soto, quien ha expresado su deseo de que ese presupuesto sea lo más alto posible.

"En Reijkiavik empezaron con el 5%; van midiendo el éxito y ampliándolo, en Paris se dedican 480 millones", también en torno al 5%, ha ejemplificado Soto.

En el caso de Madrid, ese 5% supondría que la ciudadanía madrileña decidiría en qué invertir aproximadamente 220 millones del presupuesto para 2016. "Es una participación muy engarzada en los territorios, que son los que saben lo que se necesita", ha dicho Soto en referencia al peso de las Juntas de Distrito en este proyecto.

La participación es otro de los puntos presentados hoy por el equipo de Soto.

La apertura de mecanismos para que la ciudadanía proponga mejoras o cambios en la ciudad es otro proyecto que ha echado andar en esta legislatura, aunque aún no se sabe cuál será el porcentaje mínimo de apoyo de la ciudadanía a las propuestas necesario para que se implemente "cualquier cosa que pueda decidir la alcaldesa en pleno o en la Junta de Gobierno".

Esto, ha explicado el concejal, "no cambia el marco real: las competencias, el dinero que hay. Cambia quién toma la decisión, si la toman 57 concejales o millones de personas".